Costa Rica tiene la perspectiva de alcanzar un déficit fiscal que ronde el 7,1% y 7,9% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018 y el 2019, respectivamente, lo cual no es una buena señal y, en definitiva, exige que el Gobierno y la Asamblea Legislativa asuman, en los próximos meses, acciones concretas para solventar la situación. Entre esas opciones deberá valorarse el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En el Congreso existen una serie de propuestas para buscar soluciones al déficit fiscal que no han sido aprobadas en todos estos años; pero, de alguna manera, será indispensable aprobar alguna de las alternativas, pues el endeudamiento ya se encuentra en el 60%.
Adicionalmente, el país se encuentra expuesto al aumento de tasas de interés, tal y como se ha venido gestando en los mercados financieros internacionales, y se espera una mayor presión en los próximos meses.
Frente a este panorama, el Proyecto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional (UNA) hizo un análisis de las alternativas más viables para reducir el déficit y de los escenarios que se presentarían con cada una.
La carga tributaria del Impuesto General de Ventas ha estado entre el 13% y el 14%, por lo que no ha cambiado mucho por el lado de los ingresos; en contraste con los gastos, que sí se han incrementado, cada vez más aceleradamente.
De acuerdo con David Cardoza, coordinador del Proyecto de Estudios Fiscales, una opción es no hacer nada y seguir por el sendero del endeudamiento y deterioro de la posición de Costa Rica como deudor. Otra, quizás menos agradable para el ciudadano y los agentes económicos, es pagar impuestos, modernizar el sistema tributario, mejorar la calidad del gasto y organizar la economía para que los sectores más dinámicos contribuyan a mejorar las condiciones fiscales pagando tributos.
“Se debe buscar un consenso en el país para tomar las medidas, pasar al IVA significa poner a pagar a actores de la economía que actualmente no lo hacen, no porque no quieran, sino porque están exentos. La economía costarricense ha cambiado y ahora el sector servicios representa un 40%, según datos del Banco Central, lo que presenta una oportunidad para pasar del impuesto de ventas al de valor agregado”, comentó Cardoza.
Cuando se habla de este sector, se incluye a abogados, dentistas y otros profesionales que brindan servicios, quienes actualmente no pagan impuesto de ventas, aunque sí la renta. Sin embargo, instaurar este impuesto es una medida regresiva, pues al final ese costo será trasladado al consumidor.
Al aumentar la base gravable, donde los servicios deben pagar, es normal que se produzca alguna regresividad; eso afectaría en mayor medida a quienes tienen menos ingresos cuando se compara con los que tienen más.
Frente a esta realidad, corresponde analizar e implementar algún sistema que solvente la afectación de estos sectores, que, según los expertos, deberían ubicarse en los primeros cuatro deciles de la población costarricense, es decir, los ciudadanos con menos recursos.
¿Devolución o programas?
Según Francisco Sancho, investigador del Proyecto de Estudios Fiscales, en la corriente legislativa hay diversas propuestas sobre los mecanismos para reducir el impacto del aumento de la base contributiva en los sectores menos favorecidos.
Hay un proyecto –que fue presentado por el Ejecutivo y que no es el que se está discutiendo actualmente– que establece un sistema de devolución de impuestos para los cuatro deciles (de diez grupos poblacionales) de menores recursos del país.
Esto consistiría en que estos ciudadanos paguen los impuestos y, una vez que lo hayan hecho, el Estado a través de algún sistema interinstitucional llevaría el control de quiénes se ubican en estos cuatro segmentos de la población y les devolvería anualmente o semestralmente (no está definido) un porcentaje en efectivo.
Para mejorar la distribución, después de incorporar nuevos impuestos, el mecanismo de devolución hacia los hogares con menos recursos puede mejorar el bienestar y reducir la presión tributaria de estas familias, pero implicarían un costo administrativo y operativo.
“Esto requiere que las personas deberían estar registradas, llevar un control de los gastos realizados por el período, ya sea mediante una tarjeta o la entrega de facturas. Otro mecanismo, que no incluiría la devolución personalizada, pasaría por el fortalecimiento de programas sociales que beneficien a dicha población”, indicó Sancho.
Ya sea con devolución o con fortalecimiento de programas sociales, lo que sí queda claro es la necesidad de modernizar el sistema tributario con la aplicación del IVA, aumentar paulatinamente el porcentaje que se paga actualmente y buscar mecanismos para que los de menos ingresos reciban alguna compensación por las nuevas condiciones del gravamen al consumo.
Cardoza por su parte, enfatizó en que la política fiscal debe poner atención en la eficiencia de la recaudación y en la distribución mediante un gasto público, no solamente en su cantidad, sino en la calidad y cobertura que se brinda, de manera que contribuya a la reducción de la pobreza, procure más oportunidades a los ciudadanos y contribuya a una responsabilidad fiscal de todos los actores del país.
El establecimiento del IVA presenta una serie de ventajas, según explicaron los expertos, ya que reduce la pobreza medida por ingresos, cierra portillos para la evasión, contribuye a la bancarización y formalización de transacciones y permite potenciar la recaudación de otros impuestos, como el de la renta, mediante controles cruzados.
Además, crear medidas en un corto plazo permitirá mandar un mensaje claro a la comunidad local, a la economía internacional y a las calificadoras, sobre que hay una voluntad expresa para arreglar el problema fiscal, y desde luego se requerirá una hoja de ruta consensuada entre todos los sectores.
