Esta larga pesadilla de los agroquímicos en Costa Rica

Mientras en el parlamento se encarna polémica por secretismo con que se manejaron estudios, Defensoría plantea inconstitucionalidad de decreto de mayor laxitud a la importación.

“Realmente es doloroso, de inicio la impresión es grande en primer lugar porque se trata de afectación a una naciente muy buena, producía bastante agua”.

Las palabras de Edwin Cháves, presidente de la Asada de La Tabla y Pinar de Río Cuarto de Grecia, no dejan lugar a duda sobre la relevancia e implicaciones de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) le ordenara el pasado 20 de julio sacar de funcionamiento la naciente Brenes. Esto luego de que el Laboratorio Nacional de Aguas confirmara datos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre la presencia del peligroso y ya prohibido agroquímico bromacil.

Con franqueza, Cháves reconoció que “esto es totalmente predecible”, a la luz de la experiencia de otras nacientes en el Caribe que salieron de circulación hace más o menos una década y siguen contaminadas. “Se prevé que esta naciente va a aquedar fuera de servicio prácticamente por siempre, nos puede ayudar para uso en agricultura, para ‘atomizos’ y fumigaciones”.

Sin embargo, puntualizó que la salida de funcionamiento de la naciente Brenes representa un golpe sensible para la comunidad no solo por la pérdida del recurso para el consumo humano, sino porque “hay lecherías, porquerizas y piñeras pequeñas y el agua es el motor que mueve todo”.

Si bien se refirió a que esto obliga a la Asada a apurar inversiones ya programadas en mejoramiento de infraestructura, también relató que hace tres años se invirtió en cambiar tres kilómetros de tubería, a un costo de ¢10 millones. “Esto afloja las ganas de trabajar, pero la idea es seguir adelante. Sería muy serio que la otra naciente también presentara problemas”, puntualizó.

“No queremos repetir historias”

El drama de los agroquímicos no es reciente. Desde los años 60 se utilizó en Costa Rica el tristemente célebre agroquímico nemagón, un poderoso veneno comercializado por las empresas Shell y Dow Chemical.

Su uso en el país dejó el saldo de unos 25.000 obreros agrícolas afectados con enfermedades de la piel, cáncer, esterilidad, abortos o malformaciones genéticas.

De acuerdo con el último Informe del Estado de la Nación, la proporción de fincas que emplea fertilizantes pasó de 12,5% en 1973 a 82,1% en el 2014. Además, cita datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), según los cuales en el 2016 se importaron 6.706.442 kilogramos de ingrediente activo y en el país se formularon 5.600.524 kilogramos. Por ello, ese Informe estimó que se usaron 8.897.084 kilogramos de plaguicidas.

En la década pasada fue notorio el caso de comunidades como El Cairo o Milano de Siquirres, donde la contaminación de fuentes de agua por los agroquímicos de la voraz industria de la piña provocó que el Estado debiera gastar cientos de millones de colones para llevarles el recurso hídrico.

La contaminación de fuentes de agua puede ser vista como una triste continuación de la historia de pifias y desaciertos gubernamentales sobre el tema de agroquímicos en Costa Rica.

La pasada administración Solís Rivera promulgó una serie de decretos en aras de facilitar el registro tanto del ingrediente activo grado técnico (IAGT) de los agroquímicos, como de los productos formulados, comercializados al público en general.

El IAGT es el elemento fundamental que aporta los componentes químicos y el producto formulado es el agroquímico tal como se vende en el mercado y se utiliza en el campo. Su registro ante la autoridad competente del SFE –adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) – es un requisito necesario para su comercialización y aplicación.

La Defensoría de los Habitantes presentó en junio una acción de inconstitucionalidad contra uno de esos decretos, el No. 40059-MAG-MINAE-MS, que establece el reglamento RTCR 484:2016.

Juan Manuel Cordero, Defensor de los Habitantes en funciones, observó en primer lugar que el país “necesariamente debe dar una discusión seria, científica, técnica y sobre todo apegada a los principios de protección a la salud, vida y al medio ambiente en el tema de los agroquímicos”.

Tras recordar que la justificación del gobierno anterior para emitir este decreto se fundamentó en la presa en el registro de productos que tenía el Estado y la necesidad de que accedieran al país nuevas tecnologías, Cordero detalló que la acción de inconstitucionalidad llama la atención de que ese decreto “viene a flexibilizar los controles sobre estos elementos para la agricultura que se van a introducir al país”, pues permite que la información que los importadores presentan ante las autoridades competentes es “parcial”.

“Es decir –detalló–, se asimila como bueno para el país lo aprobado por otros entes comunitarios (Unión Europea) o por la FDA de Estados Unidos y se omite cualquier validación en el país por las entidades gubernamentales. Consideramos que eso es peligroso y coinciden con nosotros muchos criterios de orden científico”.

Ante la pregunta de si la norma impugnada hace al país más vulnerable, Cordero repicó que ello es “definitivo”, y recordó que el país ha vivido “experiencias muy negativas” con el uso de los agroquímicos y que “no queremos repetir historias”.

El funcionario además no ocultó su asombro ante el hecho de que si bien la Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad para su estudio, no suspendió los efectos del decreto. “Somos respetuosos de los criterios judiciales, pero resulta sorpresivo la medida, habida cuenta de los alegatos que hicimos ante las señoras y señores magistrados en relación con el tema precisamente de la posible vulneración al derecho a la salud”.

“¿Entonces?”

Los datos que en última instancia originaron la salida de funcionamiento de la mencionada naciente Brenes fueron dados a conocer por el CICA en conferencia de prensa el pasado 14 de junio. Se trató de un estudio realizado en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en diez sitos de aguas subterráneas (pozos y nacientes) desde el año 2015, 2016 y 2017.

Funcionarios del CICA fueron citados a la sesión de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa del 19 de julio, donde explicaron con detalle sus resultados y se les cuestionó por no haber difundido hallazgos de bromacil y otros productos nocivos a las comunidades y Asadas pertinentes.

El investigador Greivin Pérez manifestó que los datos del 2016 son “confirmación” y los del 2017 servían ya para “toma de decisiones”. Sin embargo, la representación del CICA –también integrada por el director Carlos García y la investigadora Laura Brenes, acompañados por el vicerrector de Investigación Fernando García– informó que ese Centro se limitó a informar por escrito al SFE en abril del 2017, ya que la investigación se realizó por contratación de esa instancia del Ministerio de Agricultura (MAG).

Añadieron que el año pasado, el SFE decidió que no se hicieran más muestreos en aguas subterráneas, aunque el proyecto debería extenderse hasta diciembre de este año, y Brenes informó que “existe un acuerdo verbal sobre la confidencialidad y toda la información se maneja desde el SFE”.

Por su parte, en la sesión de ese ente legislativo del 23 de julio, ante preguntas del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, Fernando Araya –director del SFE– intentó desmarcarse de ese acuerdo de confidencialidad. Cuando Villalta lo presionó con que “ustedes sí le dijeron a la UCR, que la información era confidencial”, Araya replicó que “aún así no vale el término porque en la carta de entendimiento no hay ninguna confidencialidad, ni que ninguna de las partes es dueña de la información, sino que ambas partes”.

El SFE buscó eludir su responsabilidad en cuanto a la no divulgación de los datos, aduciendo que en setiembre del año pasado el entonces jerarca del MAG Luis Felipe Arauz comunicó los hallazgos a la ministra de Salud, Karen Mayorga.

En la Comisión y en redes sociales, Villata criticó fuertemente al SFE e incluso anunció que los llevará al Ministerio Público, pues “realmente la audiencia fue vergonzosa, llegaron los funcionarios del SFE a decir que no habían denunciado nada porque consideran que los valores de bromacil son muy bajos. Pero cuando les preguntamos si ellos eran la autoridad competente para determinar eso, dijeron que no, que eso le toca al Ministerio de Salud, ¿entonces?”.


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