Cientos de personas indiciadas o condenadas se mantendrán vigiladas con el monitoreo electrónico que brinda la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) con un nuevo contrato temporal mientras de desarrolla un concurso internacional, decidió el Gobierno al apegarse al artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
De esta manera el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) asegura mantener la continuidad del servicio a pesar de que el cuestionado contrato actual con la ESPH se vence este sábado 27 de febrero.
La ESPH, de esta manera, brindará el monitoreo por una semana sin contrato mientras se formaliza esta salida transitoria, para prolongarlo de manera excepcional, para lo cual no se requiere aprobación de la Contraloría General de la República (CGR).
En conferencia de prensa, la ministra Fiorella Salazar, dijo que está previsto que en diciembre se pueda firmar un nuevo contrato con proveedor nuevo para el suministros de casi 2.000 tobilleras con su respectivo equipo.
“Los señalamientos que con anterioridad hizo la Contraloría ya fueron atendidos: el contenido económico se logró con la aprobación del presupuesto extraordinario el pasado 18 de febrero; la documentación de respaldo sobre la fecha de vigencia del contrato actual fue remitida; la certidumbre sobre el precio, que en este caso se negoció a la baja y con un esquema adicional de disminuciones conforme aumenta la cantidad de personas monitoreadas; así como la publicación de la licitación pública internacional, el 2 de febrero pasado”, informó Salazar mediante comunicado de prensa.
Agregó que se proyecta un ahorro de ₵1.340 millones en este 2021, pues el costo diario por será $10,3 y no $13,3 y porque se negoció con la ESPH reducir el precio por cada 100 nuevos ingresos al modelo de vigilancia electrónica.
La CGR, mediante un comunicado propio, recordó que no necesita avalar este nuevo contrato, aunque sí se deben cumplir requisitos adicionalmente al contenido presupuestario, el cual los diputados aprobaron la semana pasada por un monto de casi ₵4.500 millones.
Entre los requisitos que Justicia asegura estar cumpliendo están: necesidad de un servicio igual al concluido, no aumentar los precios, que el contrato no supere el 50% del monto del anterior y que el contratista no haya cometido incumplimientos graves.
