Especialistas critican proceso de elección de magistrados y magistradas

Panel Independiente señaló inconsistencias en proceso de elección para puesto en Sala Constitucional.

El pasado 30 de noviembre, el II Panel Independiente para la Elección de Magistrados y Magistradas divulgó un pronunciamiento en el que manifestó una serie de graves preocupaciones ante el proceso de selección de un puesto en la Sala Constitucional.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa debe escoger a quien sustituya en ese tribunal a Ernesto Jinesta, quien en mayo, a los 52 años de edad, se acogió a su jubilación.

Inconsistencias en la contabilización de puntos de las personas postulantes, límites al acceso a la información por parte del público y arbitrariedad con la que los diputados califican las entrevistas que hacen a esos postulantes son algunas de las falencias observadas por el Panel, que surge como una iniciativa del Foro de Justicia y está conformado por Giselle Boza, María de los Ángeles Londoño, Olga Marta Mena, Claudio Montiel y Fernando Zeledón.

Ese equipo también analiza los procesos de selección para las sustituciones de Carlos Chinchilla -quien se jubiló también en mayo tras recibir una sanción por falta grave, a sus 55 años-, de la Sala III, al igual que Doris Arias -quien también se acogió a su jubilación en medio de polémicas, y el tristemente célebre Celso Gamboa.

Inconsistencias

“Quedan dudas sobre el nivel de discrecionalidad de los diputados y diputadas para, al final, definir ternas con personas que no necesariamente ocupan las mejores puntuaciones”. Con esa contundencia inician las críticas en el pronunciamiento del Panel.

Ese documento apunta que después de analizar los expedientes de las personas postulantes y acudir a todas las audiencias de entrevistas, “expresamos nuestras dudas y preocupación” por la conformación de la terna que será remitida al plenario, en primer lugar, porque esa terna “no es conformada por las tres personas mejor calificadas”.

Uno de los errores en procedimiento observados es que se atribuye un “doble puntaje” a la experiencia profesional cuando la persona no cuenta con postgrados académicos. Señala que ello “sería una violación al principio de igualdad de oportunidades y no discriminación”.

Por ejemplo, el caso de la postulante María del Rocío Carro Hernández, quien no cuenta con maestría o doctorado, pero en el rubro de “Grados, títulos y estudios académicos” recibe 30 puntos, “igual que si tuviera un doctorado”, porque la ausencia de ese postgrado se le sustituye con el hecho de tener más de 20 años de carrera. Luego, en el rubro de experiencia profesional, se le sumaron otros 35 puntos. Con esos 65 puntos logró superar la etapa de preselección para ser incluida en las entrevistas.

Lo mismo sucedió con Hubert Fernández, pero a Anamari Garro, quien cuenta con doctorado, se omitió calificación en el apartado de experiencia profesional.

El Panel también expresó preocupación por los “límites al acceso a la información pública” en el proceso de selección y nombramiento, que se materializan entre otras formas en limitaciones de acceso del público a las audiencias debido a los controles de seguridad.

Entre lo más preocupante, figura “la ausencia de un instrumento, que permita medir con cierta objetividad el desempeño de las personas postulantes, así como la ausencia de preguntas debidamente estructuradas por parte de diputados y diputadas”, cuando se realizan las entrevistas por parte de la Comisión.

De hecho, el tema de las entrevistas presenta severas inconsistencias. El Panel señaló que a una persona postulante se le hicieron 25 preguntas, mientras que a otras sólo seis. También destacó que “no es posible que a una misma persona postulante se le califica con un 100 por parte de un diputado y un 40 por parte de otro diputado. ¿Qué influyó en la calificación?”.

En ese sentido, el Panel subrayó que el hecho de que “se desconocen los criterios de la Comisión para valorar los diferentes aspectos de una entrevista”, cobra mayor trascendencia a la luz de que esas entrevistas “con esos niveles de discrecionalidad”, modifican “sustancialmente la calificación final”, ya que tienen un valor del 40%.

Cabe recordar, además, que el plenario legislativo tiene la potestad de ignorar las recomendaciones del a Comisión de Nombramientos. “Han ocurrido procesos de selección en los cuales la persona favorecida nunca fue presentada ante el Plenario Legislativo por la comisión que hizo el primer trabajo de filtrado, porque no pasó por ella”, como lo señala el sociólogo Manuel Antonio Solís en su libro “Costa Rica: La Democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)”.


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