Con goteras como cataratas, canoas en mal estado, pisos agrietados, vidrios rotos, sin rampas, con techos caídos y paredes de madera podrida. Así reciben clases los estudiantes del Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe, pese a que el colegio dispone de ¢3.672 millones en la Caja Única del Estado para invertir en su infraestructura.
El Napoleón Quesada encabeza la tristísima lista de centros educativos que, en conjunto, poseen un total de ¢150 mil millones (unos $256 millones al cambio actual) para ejecutar obras de construcción y mejorar sus instalaciones.
A este colegio, ya el Ministerio de Salud le giró una orden sanitaria el 14 agosto de este año, pues considera que no es un lugar apto para que los menores de edad aprendan; sin embargo, las aulas nuevas que tiene (primera etapa de la obra ya ejecutada) no alcanzan para atender a toda la población estudiantil por lo que aún deben recibir clases en aulas casi derruídas.
El dinero está inmóvil en las arcas del Ministerio de Hacienda porque la Dirección de Insfraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) tiene demoradas desde hace años la ejecución de las obras, a pesar de la urgencia que viven algunos centros educativos.
La coordinadora académica del Napoleón Quesada, Noemy Urtecho, explicó que el principal problema con el que viven diariamente es el hacinamiento.
“Ahorita tenemos habilitadas 22 aulas nuevas y 12 aulas de este lado que no tienen orden sanitaria. Lo que nos urge es que la gente decida construir, pues no podemos seguir en esto. Necesitamos que den luz verde, que saquen ese montón de dinero que se encuentra por ahí y lo pongan a trabajar porque la necesidad es urgente”, explicó Urtecho.
Además, este colegio comparte terreno e instalaciones con el Liceo Nocturno José Joaquín Jiménez Núñez y el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. La convivencia ha provocado disputas por el espacio entre las unidades educativas.
“Cuando vino la orden sanitaria ellos (el Liceo Nocturno) solo desalojaron y se fueron a meter allá en las 22 aulas nuevas. Pidieron aula para comedor, otra para bodega de junta, otra para comedor de profesores, otra para dirección y una para secretaria. De las 22 aulas tuvimos que darles cinco y ninguna es para dar clases. Amanecimos incluso con escritorios afuera, pupitres afuera, cosas personales de docentes afuera”, externó Urtecho.
Por otra parte, las fuertes lluvias afectan a este centro educativo. Los funcionarios consultados describen las goteras como “cataratas”.
“Aquí (en Guadalupe) suceden inundaciones, pues los sistemas de alcantarillado ya colapsaron, no dan más abasto. Cuando llueve, andamos con sombrilla por los pasillos. Necesitamos realmente que construyan esas nuevas etapas para que empiece a funcionar como un colegio nuevo y darle atención de calidad al estudiantado, aquí sobre todo la preocupación no somos nosotros, son nuestros estudiantes, esa es la calidad que se merecen ellos”, mencionó la profesora.
Maestros y alumnos han sufrido accidentes a causa de las fuertes lluvias. Actualmente hay dos profesoras reubicadas –en las aulas donde no se deberían brindar lecciones– pues se cayeron de las gradas que se ubican por el comedor estudiantil.
Urtecho explicó también que la solicitud de construcción se realizó hace una década –en el año 2008–; sin embargo, fue hasta el 2014 que se depositó el dinero. La primera etapa de la obra se empezó a ejecutar en el 2015 y fue inaugurada en febrero 2017.
Inicialmente, el proyecto era de tres etapas pero los retrasos provocaron que se unifiquen la segunda y la tercera etapa. Estas últimas dos no contaron con tanta suerte y aún no ha sido concretada por “tecnicismos”.
“Desde entonces estamos luchando porque ese dinero está ahí para hacer la segunda y la tercera etapa, pero no se ha podido; mientras tanto tampoco nos dejan invertir en reparaciones porque es dinero que se desperdicia. Las canoas rotas no se cambian porque se va a construir”, explicó la coordinadora.
Esta funcionaria aseguró también que la DIEE del Ministerio de Educación Pública es una de las principales culpables de esta situación, pues sus funcionarios han puesto muchas trabas en el camino.
“Han puesto muchos peros. Luego dijeron que quedaba en blanco el período de recepción de documentos que solicitaban pues nadie concursaba. Además, siempre había algo más que hacía falta, algo más que tenía que entregar el colegio. Hubo como una resistencia, no sé por qué, no puedo decirlo porque sería especular, pero siento que sí hubo una resistencia”, externó Urtecho.
La institución fue fundada en 1955 y cuenta con una población estudiantil de 1.010 alumnos.
Manifestación activó proceso
Cansados de ver la infraestructura del colegio cayéndose a pedazos y ante la poca diligencia de la DIEE, los estudiantes de la institución decidieron manifestarse y no permitir el acceso a estudiantes y profesores en abril pasado.
El presidente del Gobierno Estudiantil, Allan Fernández, contó que este cierre se dio para que la DIEE del MEP volviera a activar el proyecto.
“Varios estudiantes empezamos a hablar sobre esto, al ver esa falta de comunicación entre estudiantes y el proceso que se estaba dando. De ahí surge la iniciativa de cerrar el colegio para que nos escuchara la DIEE. Luego de eso un ingeniero aprobó el proyecto para que se diera”, explicó el joven.
En la manifestación participaron alrededor de 900 estudiantes, quienes abrieron la institución hasta que llegó un ingeniero de la Dirección de Infraestructura del MEP.
La medida de presión hizo que el proyecto de infraestructura del Liceo Napoleón Quesada se activara. Ahora los estudiantes creen en la promesa de la DIEE, quien les aseguró que en enero del 2019 se iniciaría a construir la segunda etapa.
Pavas: espera desde 2014
Una infraestructura deplorable afecta también la Escuela Carlos Sanabria en Pavas, donde las aulas se encuentan en pésimo estado, son frecuentes las inundaciones y los baños se obstruyen y tienen las puertas oxidadas. Ese es el pan de cada día que experimentan los estudiantes, aunque esa escuela cuenta con ¢2.798 millones en Caja Única del Estado para hacer sus mejoras.
La Carlos Sanabria está en la segunda posición de las escuelas y colegios del MEP con grandes necesidades y dinero pendiente de invertir en su infraestructura.
De acuerdo con el presidente de la Junta Educativa, Alberto Campos, las instalaciones actuales de la escuela serán demolidas; sin embargo, aún no han encontrado un lugar para trasladar a los estudiantes.
“Estamos viendo varias opciones porque hay que buscar una escuela temporal mientras se construye el edificio nuevo. Este proceso de buscar edificio puede llevar más o menos 2 meses de negociaciones. El problema es que aquí en Pavas es difícil encontrar algún edificio temporal, lo que hay son bodegas, además de que es una zona muy cara”, expresó Campos.
La solicitud para construir este centro educativo se realizó en el 2014; sin embargo, la DIEE depositó el dinero recién en el 2016.
Campos explicó que el retraso se ha dado por problemas de propiedad del terreno y que además la Junta Educativa ha estado paralizada durante varios meses.
“El terreno tenía algunas trabas, esta propiedad no era del MEP, era de la Municipalidad. Entonces se tuvo que hacer un traslado, eso nos atrasó como 5 meses y luego otro periodo de 5 o 6 meses donde no había ninguna Junta”, expresó el presidente de la Junta.
Durante la visita que realizó UNIVERSIDAD se pudo constatar el mal estado de las instalaciones eléctricas, de los baños y los techos. Además esta institución no cumple con la Ley 7.600 de accesibilidad para personas con discapacidad.
“Los baños son algo catastrófico. Aquí los iban a hacer nuevos, pero ahí está horrible porque al final no hicieron nada, parece una bodega. Aquí todo es viejo.
Lo eléctrico también está pésimo, hay muchos cables colgando”, señaló la asistente administrativa, Maricia Vega.
Según el presidente de la Junta Educativa, la nueva escuela contará con instalaciones amigables con el ambiente.
“Esta escuela va a ser la mejor de Centroamérica, no en tamaño pero sí en tecnología. Vamos a producir nuestra propia electricidad y tendremos un tanque de agua que da capacidad para 1 o 2 semanas para limpiar baños. La electricidad se va a producir con paneles solares”, mencionó Campos.
Además tendrá 20 aulas académicas, seis aulas para lecciones de idiomas e informática y 7 baterías de baños que se distribuirán en dos plantas.
Actualmente, por esta institución transitan a diario alrededor de 1.500 personas, entre estudiantes y administrativos.
En cuanto a la diligencia de la DIEE, Campos explicó que –en general– construir obra pública es un proceso bastante lento.
Los dirigentes escolares tienen la esperanza de iniciar la construcción a principios del 2019.
A mitad de camino
La tercera institución en la lista de las que disponen de más recusos para infraestructura sin utilizar es el Instituto de Alajuela, que posee en Caja Única ¢2.698 millones. Este colegio inició la remodelación de sus instalaciones en noviembre del 2017; sin embargo, la petición de remodelación se efectuó desde el 2010.
De acuerdo con el director del centro educativo, Ricardo Barrantes, este colegio tenía instalaciones muy viejas e incluso contaba con muy pocos baños.
“Es un esfuerzo de varios años para que el Gobierno nos prestara oídos. Esta sede está desde 1962, se le dio mantenimiento por mucho tiempo pero llegó un momento en el que ya no se podía hacer más. Ahí fue donde se le pidió al Gobierno que ayudara en la remodelación y construcción. Había que remodelar un edificio viejo que se estaba cayendo por partes. Cielorraso, instalaciones eléctricas y otros estaban obsoletos”, informó Barrantes.
En la primera etapa se remodeló el pabellón oeste, el aula de Hogar, la cancha techada y camerinos, piscinas, gradería e infraestructura general; mientras que en la segunda se hicieron arreglos en el gimnasio, pabellón norte, administración nocturna, aula 36 y pabellón sur.
Se prevé que la entrega de estas instalaciones se lleve a cabo en octubre de este año; no obstante, esto dependerá de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realice la instalación eléctrica pues actualmente se encuentra en huelga.
Por otra parte, la tercera etapa de la remodelación donde se ubica el pabellón este, comedor, laboratorios, anfiteatro, administración diurno, soda y anfiteatro, iniciará en noviembre de este año y tiene fecha de entrega para diciembre del 2019.
Con la idea de innovar, este colegio planea distribuir en las baterías sanitarias agua recolectada de las lluvias.
El director del colegio explicó también que ese retraso de siete años se debe a que los procesos de construcción gubernamentales son “complicados”.
“Las políticas de construcción del Gobierno son bastante complicadas. En nuestro caso papeles iban y venían. Por eso se arrancó en noviembre del año pasado”, externó Barrantes.
Actualmente, el Instituto de Alajuela ofrece educación a 1.600 estudiantes.
Al Liceo Napoleón Quesada, la Escuela Carlos Sanabria y el Instituto de Alajuela se suman otros 1.468 centros educativos que en total disponen de más de ¢150 mil millones para mejorar la infraestructura.
Sin proyecto
La viceministra administrativa del MEP, Rosa Adolio, explicó a UNIVERSIDAD que según análisis de la DIEE, del 2007 al 2012 se encontraron Juntas Educativas a las que se les depositó dinero para infraestructura; no obstante, no cuentan con un proyecto asociado.
“Desde el 2014 hasta ahora, todos tienen un proyecto asociado. Antes del 2014, hay una base de datos (2007-2012) en la que existen juntas donde no se puede identificar el proyecto asociado. No muestran para qué se asignaron recursos”, aseguró Adolio.
Por esta razón, el MEP inició un proceso para recuperar los recursos que fueron depositados a esas Juntas Educativas sin asignación de proyecto.
“Ya empezamos a trabajar en esto. Le pasamos datos a Hacienda para iniciar el proceso de recuperación de recursos para así poder invertirlos en otras obras que son necesarias. Se hace a través de un mecanismo de Hacienda para que las instituciones pueden volver a presupuestarlo mediante presupuesto extraordinario”, indicó la viceministra.
Adolio explicó que dentro de la Caja Única del Estado también existen remanentes de proyectos que ya se ejecutaron y que eso engrosa la partida. “Ahí también vamos a hacer el trámite de devolución de recursos para poderlos presupuestar para otras necesidades”.
En cuanto a los extensos tiempos de ejecución de proyectos por parte de la DIEE, la ministra aseveró que se deben a la magnitud de las construcciones.
“Esas son obras muy grandes. Tenemos tiempos que estamos analizando, para ver cuáles podemos rebajar. Son tiempos internos. Pero hay otros tiempos que no dependen del MEP. Hay permisos municipales, Setena, Bomberos, otros”, aseguró la funcionaria.
Actualmente la DIEE se encuentra revisando los procesos que realiza con el objetivo de rebajar los tiempos de ejecución. Se espera que el análisis esté listo a final de año.
En meses pasados, el ministro de Educación Pública, Édgar Mora, aseguró a UNIVERSIDAD que la Dirección de Infraestructura del MEP era ineficiente.
A raíz de esta inoperancia, esta unidad ahora se encarga solamente del planeamiento y supervisión de las obras. “La ejecución se trasladara a fideicomiso y figuras más cercanas al modelo de alianza público-privada que a la idea de que el Ministerio sea constructor”.
“Estamos cerrando etapa en la que el Ministerio dijo que podía construir. Eso no lo puede hacer. Hay 600 órdenes sanitarias, ¢150 mil millones en reservas e imposibilidad de dar datos sobre el valor real del metro cuadrado”, finalizó Mora.
