En la noche de ese martes, las fuerzas conservadoras de la Asamblea Legislativa casi evitan que Montserrat Solano fuera elegida como nueva defensora de los Habitantes.
Solo un voto hizo la diferencia entre esta experta en Derechos Humanos y el exletrado de la Sala Constitucional Román Navarro, impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y por el llamado “bloque cristiano”, ese inédito grupo de diputados de tres partidos distintos que actúan como la cuadrilla de Cristo en la política nacional.
“Casi lo logramos; nos faltó un voto”, recuerda el legislador Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional (PREN), sobre aquel 9 de setiembre de 2014. En el ambiente estaba la decisión de obedecer o no el fallo internacional sobre Fertilización in Vitro (FIV), uno de los puntos de la “agenda de la muerte”, como le llaman algunos de los cristianos a los temas que chirrían sobre la moral religiosa y que han puesto en guardia a sus líderes.
Los han puesto en guardia y en curules, pues el PREN comparte esfuerzos con dos legisladores del Partido Renovación Costarricense (PRC), presidido todavía el polémico exdiputado Justo Orozco: el limonense Abelino Esquivel y el josefino-herediano Gonzalo Ramírez, actual secretario del Directorio de la Asamblea Legislativa después de la jornada del 1° de mayo en la cual el “bloque cristiano” volvió a ser actor inevitable. Así los llamaban otos diputados: “los del bloque”.
A ellos se suma su congresista cartaginés Mario Redondo (de Alianza Demócrata Cristiana, que fue provincial en 2014 y será nacional en 2018).
Este es un avezado político que presidió la Asamblea Legislativa antes del 2006, cuando no había adoptado aún las líneas cristianas que ahora rigen su desempeño legislativo. Dicen que podría ser candidato presidencial de una eventual coalición cristiana nacional, pero eso es solo lo posible. Antes está la realidad presente: fuerzas políticas que son mucho más que un cuarterto de soldados de la religión lo cual de por sí no es poca cosa.
Las fuerzas políticas cristianas tienen ahora su mejor momento. Además de conjuntar a un bloque de diputados beligerantes e ineludibles para cualquier negociación en la fragmentada Asamblea Legislativa, ha hecho buenas migas con la iglesia Católica que goza del rango constitucional en el único país confesional de todo el continente.
Son amigos de causa ahora que, un día sí y otro también, surgen sobre el tapete los llamados “nuevos derechos humanos” a los cuales las fuerzas intentan neutralizar con su “agenda pro vida y pro familia”.
Ese cuarteto es la parte más mediatizada de las fuerzas políticas que también lograron colocar regidores en 14 cantones en las elecciones municipales de febrero, además de al menos tres alcaldías a las que llegaron junto a otra bandera, como en San José.
En el cantón capitalino las iglesias cristianas representaron un bastión importante para el retorno del exliberacionista Johnny Araya, cuya vicealcaldesa, Paula Vargas, es pastora evangélica en la misma iglesia que su marido, el diputado Gonzalo Ramírez. En Grecia el alcalde Mainor Molina es pastor de la iglesia Oasis y en Cañas el pastor Claudio Guevara (excandidato legislativo de Restauración) acompaña ahora al alcalde Luis Fernando Mendoza (PLN).
Los dirigentes políticos evangélicos no están solos. El combate a proyectos o discusiones sobre derechos humanos llamados “de última generación” los han juntado con sectores católicos tradicionales.
Las palabras “aborto” (aunque sea terapéutico), eutanasia, matrimonio igualitario, fertilización in vitro (FIV) –infaltables en las recientes campañas electorales- también activan la alerta en diputados de otros partidos, como Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN). Incluso ha habido casos en el Partido Acción Ciudadana (PAC), como el del exdiputado sancarleño Manrique Oviedo.
El “bloque cristiano” es más grande de lo que se ve. Con su línea conservadora simpatizan a menudo el diputado Óscar López y legisladores socialcristianos como William Alvarado, Gerardo Vargas y Luis Vásquez, uno de los que ha puesto su cara también en la “defensa de la vida” en medios de comunicación, como en el debate en Noticias RTN con la activista Larissa Arroyo.
Ahí discutían sobre la polémica carta que 20 diputados firmaron para pedir al papa Francisco convencer al presidente Luis Guillermo Solís de evitar cualquier paso adelante en el aborto o en una reglamentación amplia de la ley actual sobre aborto terapéutico. “Simplemente fue una firma de una llamada de atención al Presidente de la República”, dijo Vásquez en el debate.
Esa carta, redactada por asesores del “bloque cristiano” la entregó en el Vaticano la diputada liberacionista por Cartago Paulina Ramírez, feligresa evangélica invitada para el reciente viaje oficial por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. De algo sirvió, porque en efecto el mandatario acabó contando allá, en la sede del catolicismo mundial, que su gobierno no pretende legalizar el aborto ni ir más allá de lo establecido en el aborto terapéutico, aunque esta casi no se aplica y el debate está abierto en torno a la reglamentación.
Por si acaso, activistas católicos fueron la semana pasada a manifestarse ante el Ministerio de Salud, temerosos de que se amplíen los márgenes del aborto bajo la modalidad terapéutica durante este gobierno de Luis Guillermo Solís, dos años después de haberse juramentado presidente en un acto sin los rezos de siempre, pero sí con la Biblia en la mano.
Las luchas unen a las causas evangélicas y católicas hasta el punto de organizar marchas “por la vida” en conjunto y de presentarse mezclados en las opciones electorales.
Un ejemplo fue la papeleta del Partido Restauración Nacional para diputados por San José en 2014, en la primera línea con Fabricio Alvarado y en la segunda con Alexandra Loría Beeche, abogada asesora de la Conferencia Episcopal y miembro de su comité de boética.
Ella no salió elegida por falta de votos, pero la señal es clara. “Esto demuestra que podemos unirnos; la línea conservadora es más grande de lo que se piensa”, repasa Fabricio Alvarado, evangelizador y cantante de las iglesias.
“Aquí somos nosotros los que defendemos los temas católicos”, exclama el diputado Abelino Esquivel, consciente de la fuerza que la iglesia Católica tiene aún en la población tica, a pesar de la reducción de feligreses en los últimos 20 años.
Tal vez por eso a los dirigentes evangélicos no les incomoda el artículo 75 de la Constitución Política, ese que dice que Costa Rica es un estado católico. “Nosotros ponemos el pecho a las balas y sé que en redes sociales nos arrean duro, pero nosotros nos debemos al sector que representamos y eso me tranquiliza”, añade.
Los evangélicos ponen la cara y el rebaño. Las iglesias tienen un público cautivo que no vota de manera absoluta por sus candidatos, pero sí en mayoría.
“Hablamos de los hermanos sujetos y disciplinados, de que cada oveja tiene un pastor”, explica Abelino Esquivel, pastor rural que lideró al Renovación Costarricense (PRC) en Limón y lo colocó en tercer lugar en votación legislativa, con 17.854 votos, por delante del PUSC y del PAC.
Tienen además medios de comunicación, cinco canales de televisión, diez emisoras de radio y un semanario impreso, con posibilidades de sumarse por las causas a los medios de comunicación de la iglesia Católica. Recursos no faltan, aunque no necesariamente se traduce todo en votos.
Estas fuerzas tienen el 20% del electorado, dice Mario Redondo. Sería más de medio millón de votos más otros de católicos que se verían representados por este discurso.
Son tiempos de poca filiación partidaria y de segundas rondas electorales. La posibilidad está ahí para una coalición como la que ya fraguan en conversaciones en el seno de la Alianza Evangélica, reconocen los diputados del “bloque”. “No es una idea sencilla, pero tampoco descartable. Hay identidad ideológica y somos partidos valientes”, comenta Redondo, quien no se cansa de subrayar que su agenda va mucho más allá de los temas ‘pro vida’ y que su partido no es evangélico, sino que “se basa en principios del humanismo cristiano” y tiene entre su dirigencia a católicos cartagineses.
Talvez tenga razón. Redondo ha hecho valer su experiencia legislativa y su voz es escuchada en muchos otros temas, con especial atención en asuntos hacendarios.
Asegura estar en favor de las sociedades de convivencia y es crítico con el legado de Justo Orozco para el sector. Es el baquiano del grupo en el manejo político, aunque cuentan con asesores experimentados, como Daniel Gallardo, el exdiputado liberacionista ahora a cargo del despacho de Abelino Esquivel.
“Hemos ganado mucho peso y estamos mejor preparados”, dice Esquivel sin modestia ni falsedad. Lo reconocen otros diputados avezados que estuvieron en el Congreso 20 años atrás, cuando la influencia religiosa en la política era casi monopolio de la iglesia Católica, cuando los temas “pro vida” y de minorías sexuales no existían en la agenda nacional como factor de divisiones y cohesiones, y cuando todavía entre católicos no había mancuernas políticas con los “de otra religión”.
Lo augura Justo Orozco: “Si seguimos trabajando así juntos, seremos un ejemplo para el mundo. Yo lo veo posible para ayudar a que Costa Rica se convierta en esa segunda Jerusalén”.
La carta “ecuménica” para Francisco
Una diputada cristiana evangélica, cartaginesa y del Partido Liberación Nacional (PLN) fue invitada por el presidente Luis Guillermo Solís para acompañarlo en su visita oficial al papa Francisco en el Vaticano, y ella acabó entregando al máximo jerarca de la iglesia Católica una carta firmada por 20 diputados en la le pedían exhortar al mandatario tico para que cierre cualquier resquicio al aborto.
La legisladora Paulina Ramírez, tesorera en el Directorio del PLN, así lo hizo, dentro de lo que cabe en los protocolos de la Santa Sede. En la víspera dejó la carta junto a los regalos que llevaba la delegación y se supone que llegaría después a manos de Francisco.
Decía así: “solicitarle la interposición de sus oficios para que atienda un atento exhorto al señor Presidente de la República, quien se ha manifestado públicamente como católico profesante, para tener su compromiso público y probado en cuanto a que se abstendrá de cualquier política de gobierno tendiente a legalizar el aborto en nuestro país”.
Antes los diputados firmantes hacían un guiño de empatía al Papa: “tenemos plena certeza de que nuestra posición es coincidente con la de la iglesia Católica, Apostólica y Romana, y con su pontificado de manera particular”.
¿Tenemos? ¿Quiénes dicen ‘tenemos’? Lo dicen 20 diputados de siete partidos diferentes, entre quienes está incluso el legislador oficialista Víctor Hugo Morales Zapata, muy cercano al presidente Solís, y la misma Ramírez, quien cree haber sido invitada por la relación de años que tuvo con Mercedes Peñas, actual primera dama y anterior directora de la Fundación Demuca, de asuntos de gobiernos locales.
El documento para el Papa lo redactaron asesores de los despachos del diputado Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional (PRN) y del cartaginés Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana. Ambos son miembros del llamado “bloque cristiano”, con el que simpatizan también otros legisladores, incluso católicos.
Paulina Ramírez los apoya en sus posturas en contra de lo que llaman “agenda de la muerte”, relacionada con derechos sexuales y reproductivos. En esto unen causa evangélicos y católicos, tanto que el obispo cartaginés Francisco Ulloa suele llamar a esta legisladora evangélica para coordinar, contó ella.
“Es importante que haya una influencia del sector y por eso aprovechamos la oportunidad. Él (Francisco) es el hombre de más influencia en el mundo y más en Costa Rica, que es un país muy creyente; lo que pasa es que en estos temas se defienden más los cristianos evangélicos, que van teniendo fuerza”, comentó Ramírez.
‘La unión hace la fuerza’ es su lema actual. Saben moverse y coordinar, convocar apoyos y tocar las puertas del que los católicos consideran sucesor de San Pedro. No importa si la carta la redactaron diputados protestantes o si la emisaria es feligresa de la Comunidad Pas, en Paso Ancho”. Aquí es un asunto de tener fe, no de ser de una religión”, comenta la diputada. Por eso acuden al máximo líder del catolicismo, religión oficial del Estado de Costa Rica, como dice el artículo 75 de la Constitución Política.
Y lo lograron, en cierta manera. No fue Francisco pero sí el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. “Don Luis Guillermo nos contó que él sí le preguntó sobre el aborto y que contestó que no está en sus planes una nueva ley ni ir más allá de lo que dice la actual”, añadió la diputada.
El impulso evangélico se cruza con la crisis de los partidos
Álvaro Murillo
Nada ocurre en solitario. El crecimiento de la influencia política del sector cristiano evangélico tiene mucho sustento en la subida de iglesias y de feligreses en los últimos 30 años, sí, pero también en el deterioro de los partidos políticos como instituciones.
Los politólogos han explicado que, ante la pérdida de confianza en los partidos, puntos de confluencia ideológica, han surgido las agrupaciones sectoriales. Entre ellas, pocas tan robustas, organizadas y bien dotadas como las congregaciones cristianas protestantes, sobre todo las llamadas “pentecostales” o “evangélicas”.
Las congregaciones que hasta mitad de los 80 permanecían intramuros, casi condenando cualquier participación en la mundana política, salieron a la vida política en primera instancia con el partido Alianza Nacional Cristiana, que careció de frutos hasta que se extinguió en 2005 al darle la adhesión al Movimiento Libertario de Otto Guevara.
Mejores resultados tuvo Renovación Costarricense, el partido liderado por el controvertido Justo Orozco, que como diputado hizo alarde de sus posturas conservadoras y homofóbicas.
Orozco fue legislador por San José entre 1998 y 2002 y después volvió en el cuatrienio 2010-2014, cuando ya estaban mucho más vigentes los temas del “combo de la muerte”, como los llama él.
En el intermedio llegó el diputado Carlos Avendaño, aquel conocido por haberse subido al Monumento Nacional como medida de protesta por los cierres sanitarios de templos evangélicos, supuestamente en condiciones injustas y discriminatorias.
Este era parte del PRC pero por un conflicto se separó y fundó Restauración Nacional, que durante el 2006-2010 tuvo como diputado al pastor Guyón Masey.
Masey jugó un papel más bien discreto en un contexto muy dominado por el debate en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC). Él fue parte de la alianza parlamentaria por el “sí”, a pesar de que buena parte de las iglesias se inclinaron por el “no”, como ocurrió también en la iglesia Católica.
¿Entonces votó la feligresía cristiana por el “no”? No se sabe, pero es conocida la influencia que muchos pastores, más que los sacerdotes católicos, tienen sobre sus “ovejas”.
“La gente busca efectos mágicos y se reúnen alrededor de alguien que los alimenta. Las organizaciones evangélicas no tienen la organización celular que tienen los católicos, son más ocasionales y dependen de la capacidad de seducción que tenga el pastor, pero esos pastores encontraron en esa corriente religiosa una clientela sumisa que los apoya en los proyectos políticos, como ha ocurrido en otros países ya. En Brasil eso es absolutamente evidente”, opina el exsacerdote y diplomático Javier Solís, exprofesor de Filosofía en la UCR.
Es una tendencia internacional con matices criollos, señala Laura Fuentes Belgrave, doctora en Sociología de la Religión e investigadora de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional (UNA).
Fuentes recuerda que Efraín Ríos Montt era miembro de la Iglesia del Verbo (pentecostal) en Guatemala, donde ahora gobierno también Jimmy Morales, cristiano evangélico en todos sus extremos. De igual manera en Nicaragua el gobierno sandinista de Daniel Ortega ha cristianizado su discurso.
En Costa Rica hay matices. Aún queda un importante sector de feligreses ligados a partidos tradicionales a pesar de que en la iglesia digan ser disciplinados, dijo el pastor de una congregación importante de Guadalupe. Puede tener razón, pues se calcula que hay medio millón de protestantes en el país y en los comicios pasados la votación por sus diputados rondó los 100.000 ciudadanos.
“Es claro que en esta coyuntura cierran filas en lo relacionado a derechos sexuales y reproductivos, mediante una instrumentalización de las creencias, pero es impredecible lo que pueda pasar con otros temas”, añadió Fuentes Belgrave.
En el paisaje político parece probable la permanencia del debate en torno a estos derechos, lo que podría beneficiar a las agrupaciones cristianas para cohesionar sus fuerzas y empoderarse junto a la jerarquía católica y frente a las agrupaciones políticas sin credo religioso formal.