País Economista Pablo Sauma

“Es necesario rediseñar y extender por tres meses más el Bono Proteger”

Esta vez, la desigualdad aumentará por la caída en los ingresos de las personas que trabajan informalmente, por cuenta propia y quienes laboran formalmente, pero que han sido despedidas o han visto reducidas sus jornadas.

Faltan varios meses para que pueda darse por terminada la crisis del COVID-19, el desempleo va en aumento y los recursos públicos escasean.

Para el economista Pablo Sauma, especializado en estudiar la pobreza y la desigualdad en nuestro país, no solo es urgente obtener recursos para otorgar el Bono Proteger a 700.000 personas, sino que debe rediseñarse parcialmente su selección, con el fin de identificar el número de quienes perciben ingresos en los hogares y dar prioridad a aquellos en los que no hay quien lleve “el pan” a casa.

Además, deben centralizarse en el mismo sistema a todas las personas beneficiarias, sin trasladar parte de la responsabilidad al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

La preocupación por el gran aumento en la pobreza y en la desigualdad que quedará en América Latina como resultado de los efectos económicos de la crisis sanitaria también causa la alerta de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Kristalina Georgieva, directora Gerenta de este último, llamó recientemente la atención sobre la necesidad de que los gobiernos se unan para ayudar a las economías más pobres y vulnerables, a las que caracterizó como aquellas fuertemente endeudadas o dependientes de sectores que han sido gravemente afectados –como el turismo-.

Además, advirtió que los efectos de la pandemia amenazan con hacer retroceder los avances logrados en los últimos 30 años por las mujeres, quienes son las más afectadas por la crisis.

Esto, porque ellas trabajan más que los hombres en el sector de servicios, incluidos los hoteles y restaurantes, el comercio al detalle, el turismo y todas aquellas actividades que requieren interacción personal –llamadas “sociales” por el FMI–  ahora afectadas por las medidas tomadas para prevenir el contagio de COVID-19.

Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer trimestre del presente año, un total de 544.838 mujeres con hijos en el hogar o fuera del hogar laboraba en el sector servicios.

Según datos del FMI, en los Estados Unidos cerca del 54% de las mujeres laboran en estos sectores en los que no es posible hacer teletrabajo; en Brasil, el 67%. En los países de bajos ingresos solo un 12% de la población puede trabajar remotamente (ver el gráfico).

Las mujeres también predominan en el sector informal, debido a que culturalmente se hacen cargo de la infancia al mismo tiempo que deben trabajar, lo cual redunda en salarios más bajos, ausencia de protección laboral y sin acceso a una jubilación.

Según la misma ECE, 349.506 mujeres costarricenses laboraban en el sector informal.

Para cuando termine la crisis sanitaria, el sistema de Naciones Unidas estima que el número de personas en condición de pobreza aumentará en unos 15,9 millones, en América Latina y el Caribe, hasta alcanzar la cifra histórica de 214 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas que se ven forzadas a abandonar el sistema escolar.

Un estudio sobre el caso de los Estados Unidos, divulgado la semana pasada por el FMI, encontró algunos elementos que hacen inusual el impacto de la presente recesión en el incremento de la desigualdad social en ese país debido a la pandemia.

Economista Pablo Sauma: “La experiencia histórica no aplica en este caso, pues se trata de una crisis totalmente novedosa, de origen sanitario y no financiero o económico”. (Foto: Katya Alvarado).

Conversamos con Sauma acerca de estos resultados y de sus diferencias con la realidad costarricense. A continuación, la entrevista.

Un estudio del FMI encontró que las personas trabajadoras jóvenes y con menor escolaridad suelen ser relativamente más afectadas por el desempleo en las recesiones (estrictamente se refiere a la crisis financiera de 2009), en EE.UU. Sin embargo, en la presente recesión, causada por la crisis sanitaria de COVID-19, se ven más afectadas las mujeres -hallazgo común a Costa Rica- y las personas hispanas. Salvando las diferencias culturales y demográficas, ¿los datos de Costa Rica, según el INEC, siguen patrones similares?

—En Costa Rica la crisis financiera del 2009 no fue tan fuerte como en EE.UU., por lo que voy a hacer referencia específica a la crisis actual.

La ECE del I trimestre (enero-marzo) de 2020 arrojó una tasa de desempleo abierto de 12,5%, cifra mayor que el 11,3% del I trimestre de 2019, incremento que refleja principalmente el proceso de desaceleración económica del país en los últimos años y muy poco el problema del COVID-19, pues el mismo apenas comenzaba a tener repercusiones al final de ese trimestre del 2020.

Hay que destacar que, en ese mismo trimestre, al igual que en los previos, las tasas de desempleo abierto eran mayores para las mujeres, para el grupo de edad de 15-24 años y para la población con educación secundaria incompleta, secundaria completa y universitaria sin título.

Para los meses posteriores a los de ese I trimestre, el INEC ha publicado información de la ECE para los denominados “trimestres móviles” de febrero-abril y marzo-mayo. El resultado es que la tasa de desempleo abierto de enero-marzo, 12,5%, aumentó a 15,7% para febrero-abril y a 20,1% para marzo-mayo, incrementos que, ahora sí, corresponden al impacto del COVID-19.

Por sexo, entre el primero y el último de esos trimestres, la tasa de desempleo para las mujeres pasó de 18,0% a 26,0%, mientras que para los hombres pasó de 8,6% a 16,3%. Es claro que la crisis está teniendo un fuerte impacto en el desempleo de ambos sexos y que la situación para las mujeres sigue siendo tan desfavorable como lo era desde antes del inicio de la pandemia.

Lamentablemente, para los trimestres móviles el INEC no presenta información desagregada por grupos de edad o nivel educativo, pero no se debe esperar que suceda algo diferente que con las mujeres: los grupos que inicialmente estaban más afectados por el desempleo, lo seguirán estando.

El FMI considera un hallazgo sorpresivo que los empleos teletrabajables, los “sociales” (donde las personas interactúan al consumir bienes) y los “esenciales” (que no fueron cerrados por mandato gubernamental), en EE.UU, han fluctuado menos durante las recesiones y que esto se debe a que tienen una mayor proporción de personas trabajadoras calificadas o con alta escolaridad; pero que en la presente crisis sanitaria por la pandemia, los empleos cayeron relativamente más en las actividades “sociales” que en las otras dos. ¿Este sería uno de los factores que explica el muy alto desempleo alcanzado esta vez en Costa Rica?

—Me parece que en el contexto nacional esas categorías no son totalmente excluyentes, por lo que corresponde hacer el análisis con algunos elementos adicionales.

Así, para Costa Rica, los empleos teletrabajables, que efectivamente son ocupados principalmente por personas calificadas o con alta escolaridad, no han sido tan afectados en la actual crisis por dos motivos. En primer lugar, porque, de un momento a otro, gran cantidad de puestos de trabajo del sector público se convirtieron en teletrabajables, independientemente del cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos que generalmente se establecen para ellos, sin que se hayan dado despidos, con el consecuente impacto en el desempleo.

En el sector privado, si bien han cerrado algunas empresas de servicios en las que predomina el teletrabajo o ha habido despidos de personal sin cierre, lo cierto es que, por otra parte, se han establecido nuevas empresas o ha aumentado la contratación de personal, con un saldo positivo a favor del empleo.

En el caso de las actividades “esenciales”, en Costa Rica mayoritariamente son realizadas por el sector público (educación, salud, policía, agua, electricidad, recolección de basura, etc.) y si bien no todas las personas que trabajan en ellas son calificadas o con alta escolaridad, lo cierto es que, al no darse despidos en la parte pública, el saldo siempre va a ser favorable al empleo.

Por su parte, los trabajadores en labores que el FMI denomina “sociales” –que requieren una interacción humana cercana, como, por ejemplo, trabajadores en restaurantes– y que efectivamente requieren una menor calificación, en el caso costarricense corresponden principalmente a actividades del sector privado y se han visto seriamente afectadas.

La estimación del impacto de la crisis en el PIB realizada por el Banco Central da una clara luz de lo que se debe esperar con el desempleo: una fortísima caída en hoteles y restaurantes, y fuertes caídas en construcción, comercio y transporte. Estos son los sectores que más están aportando al desempleo, aunque todos los demás sectores también.

¿Cuánto de estos efectos ya se venían dando y han sido acentuados por la crisis sanitaria y qué es lo “novedoso” o propio del efecto de esta crisis sanitaria en el empleo en Costa Rica?

—Desde varios trimestres antes de la declaratoria de emergencia, la tasa de crecimiento del PIB era baja y la tasa de desempleo abierto mostraba incrementos, por lo que hay una parte que ya venía. Pero, definitivamente, la pandemia vino a empeorar la situación, primero, con la caída del turismo y luego con las medidas sanitarias que han incidido negativamente en la actividad económica -aunque la prioridad siempre ha sido la salud.

¿Puede estimarse el impacto que esta crisis causará en la desigualdad social (por ingresos) en nuestro país?

—Hay que esperar los resultados de las encuestas para tener una mejor aproximación del impacto en la desigualdad, pero sí se prevé un aumento en la misma, en este caso, principalmente por la caída en los ingresos de la población de menores ingresos –a diferencia del pasado, donde ha prevalecido el incremento en el ingreso de los relativamente más ricos–.

Se consideran especialmente aquí los trabajadores informales y por cuenta propia que han visto reducciones significativas en sus ingresos –aunque muchos de ellos obtenían ingresos de subsistencia– y los trabajadores formales, que han sido despedidos o han visto reducidas sus jornadas o que han sido suspendidos sus contratos de trabajo.

¿Considera usted que las medidas de mitigación que se están tomando, como los subsidios directos del Bono Proteger, la flexibilización para reducir jornadas y para alargar plazos o moratorias en los pagos de deudas, cubren adecuadamente las dimensiones necesarias? O, dicho de otro modo, ¿existen algunas medidas que usted considere urgentes para disminuir el impacto de la crisis en el empleo, la pobreza y la desigualdad, que no se hayan planteado?

—Me parece que todas esas medidas son adecuadas, pero hay problemas en su temporalidad y en su financiamiento.

En lo que respecta al Bono Proteger, me parece que fue bien diseñado y oportunamente. Originalmente se propuso una asignación de ¢296.000 millones, que permitirían atender a más de 700.000 personas por tres meses (con ¢125.000 por persona por mes); sin embargo, al 8 de julio se había otorgado el bono a 533.501 personas.

Posteriormente se indicó que se había obtenido financiamiento para atender a 200.000 nuevos beneficiarios —aunque parte de ellos iban ser identificados por el IMAS—. El asunto es que la pandemia no ha terminado —y faltan varios meses para que ello suceda—, el desempleo va en aumento y ya no hay recursos ni para seguir atendiendo a quienes ya se beneficiaban (y no ha cambiado su situación), ni a los nuevos afectados. Por ello, es prioritario obtener recursos suficientes para otorgar el bono por al menos por tres meses más, a 700.000 beneficiarios.

Considero conveniente también que el mecanismo de selección de beneficiarios del Bono Proteger sea parcialmente rediseñado, de forma que identifique con claridad el número de perceptores de ingreso en los hogares, y se dé prioridad a los hogares en que no hay perceptores.

Todos los posibles beneficiarios deben entrar en el mismo sistema, sin trasladar la responsabilidad al IMAS.

En lo que respecta a las otras medidas tanto de protección a los trabajadores como a los empresarios (adecuación de créditos, reducción temporal contribuciones al seguro de salud, etc.), me parece que en el muy corto plazo se deben definir acciones prioritarias en términos de impacto, pero considerando las posibilidades reales de financiarlas.

De acuerdo con la experiencia histórica, ¿cuánto puede tardar el país en alcanzar las condiciones de empleo que existían previamente a la crisis sanitaria?

—Me parece que la experiencia histórica no aplica en este caso, pues se trata de una crisis totalmente novedosa, de origen sanitario y no financiero o económico.

En el caso de las guerras, la situación es también diferente, porque, además de la gran pérdida de vidas humanas, ha habido una importante destrucción de capital físico. Además, la hace diferente el hecho de que se presenta un nivel de globalización económica que no se había dado en el pasado.

En todo caso, será posible estimar el tiempo de recuperación hasta que tengamos claridad sobre cuándo va a terminar el contagio en el país y el mundo, que pasa por el descubrimiento de la vacuna y el acceso universal a la misma, así como el “recuento de daños” a ese momento.


 

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