El año pasado cerró con una cifra de homicidios que rompió cualquier marca histórica en Costa Rica. De acuerdo con Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cantidad de muertes dolosas alcanzó los 602 casos.
Esta cifra indica que el 2017 es el quinto año consecutivo en que se registra un aumento de homicidios en el país, que además alcanzaron ya la tasa de 12,1 por cada cien mil habitantes.
Ello supera de manera clara la tasa de diez homicidios por cada 100 mil habitantes, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir cuando se está ante una epidemia.
Aunque otros temas han acaparado la agenda pública en el contexto electoral desde que se conoció la noticia, lo cierto del caso es que el próximo Gobierno deberá atender prioritariamente el tema de seguridad junto al del déficit fiscal.
Al cierre de edición, desde el OIJ se informó que en estos primeros 15 días del 2018 ya se contabilizan 25 homicidios.
CRIMEN ORGANIZADO
Espinoza ponderó que fueron varias circunstancias las que determinaron el aumento de homicidios, de 578 en el 2016 a los mencionados 602 del año pasado. En primer lugar, apuntó la ocurrencia de varios incidentes de homicidios múltiples, específicamente dos quíntuples, uno cuádruple, ocho triples y 27 dobles.
Sin embargo, reconoció que el fenómeno se relaciona “de manera directa con acontecimientos de orden delictivo de otra naturaleza, enfrentamientos entre grupos dedicados a actividades de tráfico de drogas y que recurren a la violencia, sangre y muerte para dirimir y solucionar conflictos entre grupos criminales y a lo interno de ellos”.
En efecto, el Análisis de los Homicidios Dolosos Vinculados a la Delincuencia Organizada durante el periodo 2010-2016, realizado por la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Comesco) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apunta que “los homicidios dolosos por delincuencia organizada han aumentado mucho más aceleradamente que las otras tasas”.
Detalla que ese rubro pasó de 0,3 por 100 mil habitantes en el 2010, a una tasa de 5,5 en el 2016, lo cual “confirma el importante impacto que tienen los homicidios vinculados a esta condición sobre la tasa general de homicidios dolosos”.
Espinoza observó que los diversos grupos criminales recurren a la violencia tanto cuando surgen disconformidades entre bandas diferentes, como cuando a lo interno de algún grupo dado se dan problemas de comportamiento, como sustracción de droga u otros que afectan el rumbo de la organización; en esos casos “también recurren a este tipo de solución de conflictos, entre ellos la amenaza, violencia, sangre y muerte”.
“Tenemos un panorama muy particular que es de abordaje complejo para el OIJ, puesto que apareja la investigación de grupos criminales, tráfico de drogas, identificación de miembros, áreas de actividades criminales y relaciones con otros grupos, que pueden ser cordiales o confrontativas, generalmente las segundas”, detalló.
El funcionario señaló que el uso la violencia es un factor muy importante como ejercicio de poder dentro de la estructura de pensamiento de quienes trafican. “El factor muerte acarrea una connotación, si la organización es violenta, sangrienta e imponente, es temida, a la que no se le puede enfrentar, eso le facilita la cooptación de nuevos mercados y territorios sin represalias tan fuertes”, acotó.
DESIGUALDAD INCIDE
La jueza penal y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, Rosaura Chinchilla, expresó que frente a los datos objetivos de aumento de los homicidios “hay dos posibilidades, y normalmente una de las primeras opciones, la más barata y sencilla que se suele usar en la región, ha sido a partir de la legislación y, desde el componente normativo, hacer ajustes, que además son baratos, que permiten aplacar el sentimiento de temor en la población”.
Detalló que ello se realiza desde múltiples opciones, como penas más duras, crear nuevos delitos o crear leyes que disminuyen las garantías de las personas juzgadas -como el proyecto de extinción de dominio-, todo ello enmarcado como “mano dura o súper dura”, como se hizo en El Salvador.
“Desde una posición seria y mas reflexiva” se debe reconocer la alta complejidad del fenómeno, “frente al cual este tipo de soluciones ha demostrado que no son reales y no modifican en nada el problema, porque es un problema social” que debe enfocarse a partir de variables como la educación, el acceso a oportunidades, tratamiento de la violencia, acceso a armas y grupos organizados, según dijo.
La jueza subrayó que a nivel inmediato se pueden plantear medidas como una mayor presencia policial en las comunidades -que “debe respetar las garantías, no hacer redadas o retenes sin sentido”- o la reducción del acceso a armas de fuego para la población, “porque hay muchísima facilidad para hacerlo legalmente bajo discurso de defenderse de la criminalidad, pero luego circulan de diversas formas y se usan para cometer delitos”.
Pero enfatizó que en el abordaje a largo plazo hay “una variable que no se puede desconocer: junto con la taza de homicidios hay un incremento en la desigualdad social del país. Mientras en toda América Latina el coeficiente de Gini disminuye, en Costa Rica aumenta, hay una brecha cada vez mayor entre quienes más tienen y quienes menos tienen”.
Por ello, a mediano y largo plazo se requieren políticas que lleven recursos para desarrollar a las comunidades más afectadas, para que haya mayor educación y trabajo, además de llevar opciones de recreación “a muchachos de comunidades de menos recursos para evitar que sean reclutados en bandas y pandillas de la delincuencia organizada”. Dijo que el enfoque más integral tiene que ver incluso con la reforma fiscal.
En ese sentido coincidió con Espinoza, quien observó que el Estado “tiene una tarea muy amplia que involucra a diversas instituciones, el trabajo educativo familiar, distribución de riqueza, temas de embarazo adolescente, recuperación de espacios públicos, oportunidades en general, es lo que eventualmente genera un cambio radical a la situación, sin olvidar que vivimos en una región difícil”.
Chinchilla añadió que en las próximas elecciones “nos jugamos agudización de opciones populistas y superficiales o de enfrentamiento serio”.
TORMENTA PERFECTA
“Hubiera sido mejor haberme equivocado y no llegar al escenario dramático. No es que uno sea adivino, es que los factores llevaron al resultado”, expresó el especialista y experto en seguridad de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, Paul Chaves.
Desde el mes de julio de 2017, Chaves adelantó a UNIVERSIDAD la posibilidad de que el país alcanzara la marca de 600 homicidios.
Si bien el especialista no restó importancia al hecho de que la pobreza y la desigualdad inciden en las probabilidades de que las personas delincan, llamó la atención sobre varios factores que en su criterio inciden en la realidad costarricense actual, que describe como una “tormenta perfecta”.
En primer lugar, mencionó la realidad geopolítica de que acontecimientos recientes en Colombia y México han incidido en un reacomodo de las bandas y mercados del narcotráfico en esos países, lo cual ha incidido en las bandas y el mercado costarricense.
A ello sumó el hecho de que se han identificado 21 comunidades costarricenses “abandonadas a la delincuencia”, donde “los jóvenes no tienen más opción, muchas veces, que meterse a este tipo de actividades”.
También responsabilizó con vehemencia a las autoridades políticas de la actual y otras administraciones por no colocar a las personas más idóneas al frente de instituciones como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) o del miso Ministerio de Seguridad Pública.
“Si esto no cambia -advirtió-, vamos a terminar este año con entre 650 y 700 homicidios”, y enfatizó que “la respuesta a la criminalidad no es solamente policíaca, es algo en lo se ha fallado en este Gobierno, debe ser mucho más integral”.
“No es una catástrofe, tampoco estamos en el Titanic, pero el escenario es muy preocupante”, reconoció.
