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Epidemia de homicidios se concentra en las empobrecidas franjas del Caribe y Pacífico

Estas dos zonas vulnerables del país registran tasas de homicidios hasta tres veces superiores al promedio nacional. Pobreza y narcotráfico son detonantes para un crecimiento inédito de la problemática en la historia del país.

Costa Rica enfrenta un crecimiento desbordado en los homicidios, pero hay zonas donde esta epidemia alcanza niveles que más parecieran propios de una zona de guerra.

Una revisión de la tasa de homicidios en los cantones del país permite identificar las áreas más letales, una en el Atlántico, con el cantón central de Limón, Matina, Guácimo y Pococí, con registros de 54.9, 52.7, 33.3 y 27.8 respectivamente, al realizar la división de las víctimas registradas entre 100.000 habitantes, muy lejanos al promedio nacional para el 2022 de 12.6 (que de por sí representó el más alto en la historia de Costa Rica).

La inversión social, esencial para una política de prevención efectiva, se encuentra en creciente deterioro y limita las posibilidades de acción.

En la otra vertiente, aparecen Garabito, Puntarenas y Corredores, con una tasa de homicidios de 48.2, 30.5 y 28, respectivamente. Se trata de los cantones con los mayores registros, por encima de una tasa de 25. Según datos del Banco Mundial, únicamente diez países en el mundo tienen una cifra por encima de ese registro (Venezuela, Jamaica, Lesotho, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Sudáfrica, México, Santa Lucía y Belice).

En el mapa puede verse la ubicación de estos cantones, coloreados de rojo (ver ilustración: “La huella de los homicidios”). De amarillo se incluyeron los cantones que se ubicaron en un segundo nivel de alerta, al registrar una tasa de homicidios menor a 25, pero superior al promedio nacional de 12.6 (ver gráfico).

Estas son las siguientes regiones a las que se puede extender la epidemia: Santa Cruz, Sarapiquí, Nicoya y San Ramón, las cuales deben encender su prevención.

Caldo de cultivo

Al cruzar estos registros con indicadores sociales, salta a la vista una relación: se trata de regiones en las que hay una elevada vulnerabilidad social, pero no son las más pobres.

Por ejemplo, seis de estos siete cantones críticos aparecen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre la cuarta parte de las regiones con menor calificación, y se encuentran en regiones donde la pobreza extrema registra niveles de casi el doble con respecto al promedio de hogares nacionales.

Sin embargo, en la lista de los diez cantones más pobres del país, definidos a partir de la medición multidimensional, no aparece ni uno solo en esta lista de zonas letales. Ni uno: Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba y Osa no han ingresado a la ruta de la sangre.

Para expertos en la materia, esto quiere decir que no se debe analizar esta situación a partir de explicaciones reduccionistas, en las que todo se limita a un aumento del narcotráfico en general, o a la existencia de la pobreza.

“Gran parte de los crímenes se asocian con el narcotráfico, pero no es lo único. ¿Por qué en las zonas costeras? Por la ruta de la droga, hay más posibilidades de recibir embarques. Pero son áreas que están alejadas de la región central, donde se concentra el Gobierno, y tercero, son regiones con menos oportunidades laborales y de educación. En algunos sectores, como pescadores, se vuelven una opción mayor para sobrevivir”, explicó el criminólogo Erick Villalba.

También el criminólogo Gerardo Castaing destacó que el país se encuentra en un proceso de cambio, de una sociedad más cercana a la visión patriarcal, a una industrializada, anónima, en la que influencias como narconovelas presentan realidades de excesos, como algo alcanzable. Agregó que también los desarrollos turísticos, en algunos lugares, generan condiciones para consumos de sustancias que no se presentaban en el pasado. “Y no hay que olvidar que la globalización no es solo un fenómeno económico; también las organizaciones criminales se globalizan y son cada vez más violentas. Eso también lo exportan”, expresó.

Epidemia se desborda

Hay otros factores que se deben considerar. Villalba destacó que también se debe considerar un creciente debilitamiento del aparato policial, que ha permanecido estancado en alrededor de 14 mil policías desde hace lustros y que están recibiendo recortes presupuestarios.

Una revisión del presupuesto del Ministerio de Seguridad permite detectar que desde el 2018, creció únicamente un 4,1%, mientras el presupuesto en general creció un 30% en términos absolutos.

A su vez, se debe agregar la dificultad para desarrollar una auténtica política de prevención. El exfiscal Francisco Dall´Anese destacó que lo más preocupante de la situación es que no se percibe una política de prevención. “No creo que haya, y es lo más importante para enfrentar el delito. Hay que entender que hay tres niveles en esto: la política criminal, que la establece la Asamblea Legislativa, al definir qué es delito; la política de prevención, que le toca al presidente y al ministro de Seguridad, tratar de evitar que los delitos se desarrollen; y la política de persecución, que le toca al fiscal, buscar la sanción para quienes cometen delitos. Pero cuando el tema llega a los tribunales, ya el sistema falló”, dijo.

José María Tijerino, otro exfiscal, también señaló que esta etapa de prevención es esencial, pero que tiene que ver con una planificación de largo plazo. “Sin desarrollo en las comunidades, no se puede hacer nada, la gente debe tener acceso a la educación, al empleo, al deporte”, resaltó.

Empero, esta política de prevención tiene un problema. “Políticamente, no sirve para la imagen, sus resultados son a largo plazo. Lo visible es la represión, lo otro no se ve durante el gobierno de turno”, explicó Villalba.

Un Estado en deuda

Una parte de que la plaga de los homicidios se esté desbordando tiene que ver precisamente con las crecientes limitaciones en las fases de la prevención.

Ya en el 2020, la Contraloría advirtió en el informe DFOE-PE-IF-00016-2020 que el país tenía importantes debilidades en materia de políticas de prevención. Señalan esfuerzos crecientes, pero fuertes limitantes, como la carencia de evidencia de que la prevención se sustentara en intercambio de información y datos de las instituciones involucradas en el tema, acciones de la Fuerza Pública que se concentraban en un 70% en la parte reactiva, y el uso de datos solo de índole delincuencial, sin un análisis de factores de riesgo asociados al delito y a la violencia.

Por si fuera poco, las políticas sociales también se encuentran cada vez más limitadas. UNIVERSIDAD reveló en noviembre del año pasado que la inversión social del Gobierno cayó a su nivel más bajo de la década: 9,8% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Es decir, la posibilidad de políticas sociales se reduce en forma creciente desde el 2020, sin señales de cambio. Y las zonas más alejadas son las que pagan la factura más alta.

Un Gobierno sin política

Otro elemento que también debe considerarse debe focalizarse en el gobierno de turno, y las dificultades que se suelen presentar para implementar políticas de prevención y atención del crimen.

Villalba destacó que los ciclos presidenciales de cada cuatro años dificultan el mantenimiento de una política de Estado de largo plazo. “Falta continuidad, por ejemplo, creo que el programa DARE (Educación para la resistencia a las drogas y el alcohol, por sus siglas en inglés) era interesante, pero se eliminó”. El programa se canceló en el 2019, luego de que las autoridades alegaran pocos resultados.

En este punto, Castaing coincide en que no siente que exista una verdadera política de prevención de parte de las autoridades, aunque enfatiza que el enfoque no debe limitarse al aparato estatal y al Gobierno, sino recuperar la responsabilidad de los hogares y la educación de los padres y madres.

Adicionalmente, hay una polémica que también se debe considerar: la baja atención que ha merecido este tema en el actual gobierno (ver recuadro: “La poca atención del gobierno de Chaves”).

Cuando el tema de los homicidios empezó a desbordarse, la primera reacción del presidente Rodrigo Chaves fue eludir cualquier responsabilidad en la materia y alegar que se le debía empezar a juzgar a partir del 2023. Esto a pesar de que desde que su administración asumió en mayo del 2022, el promedio mensual de homicidios aumentó.

Al final del 2022, se tuvo la cifra inédita de 654 homicidios, y ya en el 2023 el promedio diario supera los 2. En caso de no detenerse, se alcanzará una nueva marca de sangre.

Ante esto, Dall´Anese advierte de la importancia de no tratar de eludir responsabilidades o recargarlas en el Poder Judicial que, insiste, es responsable de la sanción, no de evitar el crecimiento. “El énfasis debe estar en que no me maten, no en que encierren al que mató”, afirmó.

Otro aporte es el de Tijerino, quien considera que gran parte del problema se encuentra en un sistema penal superado por el tiempo y por interpretaciones que deben revisarse. En ese sentido, considera que es necesario un esfuerzo nacional para emprender la modernización de todo el proceso.

En lo que todos coinciden, sin ninguna duda, es que el problema ya se encuentra en una condición crítica: en la presente década, los homicidios crecieron un 60%, frente a solo un 10% de la población. Y la velocidad de esta epidemia está acelerando.

Evidentemente, se requiere de acciones concretas en todas las direcciones. En ese sentido, el anuncio del presidente Chaves de que presentará una política sobre el tema, si bien parece tardía, al menos volverá a poner el tema sobre el tapete.

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