El Viceministro de Ambiente ,Franklin Paniagua, aseguró que el proyecto de ley conocido como Ley DUA, que impulsa el Gobierno, reforma el concepto draconiano de patrimonio natural del Estado al otorgar un derecho de utilidad ambiental a personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, sin que el Estado pierda el dominio sobre estas áreas. Sin embargo, reconoció que la iniciativa reduce la protección de las áreas silvestres protegidas al permitir más usos en estas zonas.
El proyecto de Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho (Expediente 22.391) se tramita en la Comisión Especial de Zonas Costeras de la Asamblea Legislativa y su redacción fue coordinada por el Ministerio de Ambiente (Minae).
Crearía una nueva figura jurídica para otorgar derechos de uso a personas que tienen terrenos en zonas que son patrimonio natural del estado -excepto Parques Nacionales y Reservas Biológicas- y donde actualmente únicamente se pueden realizar actividades de ecoturismo, capacitación e investigación.
No obstante, ha generado polémica, ya que la Procuraduría General de la República ha señalado que el proyecto no cuenta con un fundamento técnico y científico claro; la Contraloría ha alertado que permitiría vender o ceder los derechos sobre terrenos que actualmente son de dominio público medioambiental a favor de personas físicas o incluso jurídicas que no necesariamente son “pobladores” y que reduciría los umbrales de protección de estas áreas. Asimismo, pobladores de estas zonas han protestado porque el proyecto no les otorga títulos de propiedad.
UNIVERSIDAD conversó con el Viceministro de Ambiente Franklin Paniagua y con el secretario técnico del Consejo Nacional Ambiental del Minae, Jorge Polimeni, sobre estas y otras dudas. A continuación un resumen de la entrevista.
-¿De dónde nace la idea de hacer este proyecto y concretamente quién o quiénes lo proponen?
Jorge Polimeni: “Esta propuesta de ley nace de muchos años de trabajo y de mucha gente que está dentro de los territorios que se pretende sean beneficiados con esta ley. Cuando hablamos del alcance de esta ley hablamos genéricamente de dos grandes áreas: las áreas silvestres protegidas que no son ni parque nacional ni reserva biológica y el resto del patrimonio natural del Estado, que está en proceso de demarcación. Todas las luchas que se han dado en la Península de Osa, en la Reserva Forestal de Golfo Dulce han estado vinculadas siempre a gente como Alcides Parajeles, como Marcos Castro, los liderazgos naturales de la península en materia ambiental, gente que lleva muchos años en esta zona, que están siendo los vigilantes de estas áreas silvestres protegidas y que es gente que no tiene la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad. Si se va a la Zona de San Carlos, se va a encontrar situaciones semejantes en el Parque Maquenque, o en los corredores fronterizos, o en la Zona de Los Santos.
Yo traía este tema en mi carpeta de trabajo para este Gobierno y fue planteado al mayor nivel como una tarea pendiente. Fue visto por un conjunto de ministros, que acordaron que esto avanzara como una tarea prioritaria, siempre enmarcada en la visión de que el patrimonio natural del Estado permanezca bajo el dominio del Estado; pero que generemos una nueva herramienta jurídica que permite que esa gente sea propietaria”.
-¿Cómo se define ese resto de Patrimonio Natural del Estado?
Jorge Polimeni: “Toda aquella tierra baldía que no esté inscrita a nombre de un privado y que tenga bosque o reserva forestal es patrimonio natural del Estado”.
Franklin Paniagua: “El origen de las áreas protegidas en Costa Rica tiene una característica y es que muchas de ellas se hicieron en un momento en que la frontera agrícola estaba cerrándose; es decir, esa forma orgánica en que los campesinos iban botando bosque y apropiándose de la tierra. Entonces, muchos de los parques nacionales fueron creados sobre un mapa y luego se implementaban, se imponían a gente que estaba adentro. Casi todos los parques nacionales han tenido historias complejas de pagos y de derechos de las personas que estaban ahí antes, al punto que todavía estamos pagando y por los siguientes 100 años vamos a continuar pagando las áreas protegidas que ya tenemos establecidas como parques nacionales.
Eso es importante tenerlo presente porque con la Ley Forestal de 1996 se establece el concepto actual de patrimonio natural del Estado, que se basa en el concepto de patrimonio forestal del Estado que viene de la Ley de 1978. Cuando se cambia a patrimonio natural, este cambio buscaba atajar la grave deforestación que se vivió durante los 80s y principios de los 90s. La intención con esto era salvar cualquier remanente de bosque posible porque cualquier esfuerzo de reforestación era importante. El concepto de patrimonio natural del Estado de 1996 es un concepto que no tiene una base científica, que responde a un contexto en el que el país estaba formulando la mayoría de sus políticas ambientales y estaba respondiendo a esa percepción de crisis de deforestación que se suponía que existía. Así se establecen los elementos draconianos que tiene el patrimonio natural del Estado, que hemos tenido que aplicar en los últimos 30 años. Lo que hizo la ley fue declarar que todas aquellas áreas donde había bosque, debían estar bajo la administración del Minae y solo podía permitirse tres usos: ecoturismo, conservación e investigación. ¿Cuál es la barbaridad que se cometió con esto? Se desconoció que en esos lugares hay escuelas, plazas, potreros y es el lugar de vida de una gran cantidad de familias campesinas.
Este es un tema de derechos humanos que tenemos que buscar la forma de arreglar”.
-Vecinos de Savegre, que tienen terrenos dentro de la Reserva Forestal Los Santos y quieren hipotecarlos, así como personas que viven en la milla fronteriza dicen que este proyecto no les soluciona su problema. ¿Es porque lo que están pidiendo son títulos de propiedad y el proyecto no les da eso o por qué razón?.
Franklin Paniagua: “Precisamente; está dando en el clavo. Eso es. El problema es que la expectativa política de muchas de estas familias y algunos de sus dirigentes más demagogos es demandar que se otorgue la propiedad. La gran contribución que tiene el proyecto es que crea un derecho real que se circunscribe a la tierra y no a la persona. y por lo tanto tiene flexibilidad. Si yo tengo una concesión y me muero, la concesión se pierde. Mientras que si estamos hablando de un derecho real, ese derecho queda con la tierra, entonces es más fácil heredarlo y que sea funcional para las familias de estos lugares, que tendrían un derecho sobre la propiedad sin que esta deje de ser el Estado. El dominio queda en manos del Estado y el usufructo es lo que se constituye en un derecho de utilidad ambiental. Este es un concepto completamente nuevo”.
-¿Por qué se necesita incluir personas jurídicas?
Jorge Polimeni: “El texto dice específicamente personas jurídicas sin fines de lucro porque la ley abona a la posibilidad de que en estas comunidades surja la economía social solidaria; es decir, que no comercialicen solos, sino que lo hagan a través de cooperativas. Una Asada, por ejemplo, es una persona jurídica sin fines de lucro, que tiene que tener las condiciones para operar”.
Franklin Paniagua: “Esas familias, como dice Jorge Polimeni, tienen formas de organizarse. Hay como una percepción de que esto se va a llenar de corporaciones; pero ese no es el sentido. El sentido es ponerla a operar en la matriz económica verde, con servicios ambientales, con productos no maderables del bosque, con manejo forestal de bajo impacto, con ecoturismo rural”.
-¿Cuál es su respuesta al argumento de que podría disminuir la protección de las áreas silvestres protegidas?
Franklin Paniagua: “Formalmente es así, formalmente estamos permitiendo más usos pero el concepto de patrimonio natural del Estado es un concepto de fantasía, porque la realidad de estas comunidades es que tienen actividad agrícola, tienen actividades económicas en una informalidad terrible, provocada por la misma rigidez del concepto de patrimonio natural del Estado. ¿Se reduce el nivel de protección? Formalmente sí y vamos a tener que hacer estudios que demuestren que en estas condiciones de cambio climático por ejemplo, es mucho mejor y más efectiva la protección que se hace a partir de un reconocimiento claro de los derechos de los ocupantes, que en ausencia de esa claridad. Porque en ausencia de esa claridad, esos sitios están funcionando ahora bajo muy poca supervisión, bajo unas economías informales que son mucho más depredadoras. Pero ese concepto de que se reduce la protección no se puede entender si no se discute cuál es la realidad de los sitios”.
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