País Proyecto que desaplica la regla fiscal en las municipalidades

Entre alcaldes, diputados y Presidencia: recovecos de la ley que Hacienda pide vetar

¿Se inclinará el presidente Alvarado por el criterio publicado por su ministro de Hacienda o reafirmará lo que hicieron los diputados oficialistas en sus acuerdos con fuerzas opositoras y municipalistas? La regla fiscal podría tener excepciones.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, permanece internado en el hospital y de manera interina lo sustituye el viceministro Jorge Rodríguez. El incidente no debería pasar a más, pero ocurre en un momento determinante que atañe al jerarca de las finanzas gubernamentales y al presidente de la República, Carlos Alvarado.

Chaves cayó enfermo en el mismo día en que formalizó una petición de veto parcial para la ley 21.922 que se aprobó por una fuerte mayoría de diputados, incluidos los oficialistas, para modificar normas financieras de los 82 gobiernos locales, con el problema de que toca uno de los temas combustibles de los últimos dos años en la política nacional: la regla fiscal.

El proyecto fue aprobado en primer y segundo debate y una de sus disposiciones exime a los ayuntamientos del límite al gasto que la figura llamada «regla fiscal» establece sobre salarios y transferencias. También sube los rubros de ingresos que podrían dedicar a gastos administrativos en 2020 y 2021, aunque sí se mantiene el tope para los recursos que reciban del Gobierno central.

Chaves pudo haber insistido discretamente ante el mandatario en la necesidad de vetar parcialmente esa ley, a la que ya se había opuesto públicamente. Pero no bastaba, prefirió enviarle una carta y hacerla pública en sus redes sociales; prefirió convertir en presión pública el señalamiento que, de por sí, ya había manifestado.

“El Ministerio de Hacienda comparte el criterio de la Contraloría General de la República y del Banco Central de Costa Rica. Nos oponemos al proyecto. La indisciplina fiscal en tiempos normales es perjudicial para el país, con mucha más razón en tiempos de crisis”, escribió el 6 de mayo, una semana después de que la Asamblea Legislativa votó el proyecto de ley, con 41 votos a favor y tres en contra.

Entre esos 41 estaban los votos del Partido Acción Ciudadana (PAC), a tono con la posición favorable tácita del Ejecutivo. Se había votado al calor de las negociaciones del 1º de mayo y, aunque nadie lo admite públicamente, estaba en la mesa como un elemento de interés para un sector del Partido Liberación Nacional (PLN), la agrupación que más cargos posee en los gobiernos locales.

Este martes se ratificó la votación en segundo debate: 43 a favor y cinco en contra. Votaron de manera favorable para las decenas de representantes municipales que llegaron al Congreso para presionar y en sentido contrario a lo que decía el Ministro de Hacienda.

De nada sirvió tampoco la advertencia del BCCR ni de la contraloría Marta Acosta, a quien los mismos diputados reeligieron por ocho años más con un alto apoyo horas antes de votar en contra de lo que ella planteaba. La apoyan a ella, no a sus señalamientos; al menos no todos.

La mayoría legislativa parece irreductible en este proyecto. La bola pasa a la Casa Presidencial y dependerá de presidente Carlos Alvarado inclinarse por lo que hicieron sus diputados o por lo pide de manera pública e insistente su ministro de Hacienda.

Consultado por este semanario, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, evitó una respuesta clara. Contestó que las reglas de otros momentos deben replantearse para estos tiempos de pandemia de COVID-19, pero descarta que es esté descartado el veto. Sí recordó que el propio Gobierno mantuvo activo el proyecto para que se discutiera y dijo conocer bien la posición de Chaves, pero ya se verá.

Están en juego, de nuevo, los desequilibrios internos del gobierno y la coordinación hacia afuera. De un lado, la presión de la red de gobiernos locales que pueden ser útiles para la atención estatal de la emergencia social y del otro, el ministro más técnico que político en este caso alineado con el sector proclive a la reducción de gasto público.

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