Un grupo de diputados considera que es clave discutir el tema de la regionalización de las universidades estatales y la oferta académica de cada región; pero rechazó un proyecto de ley que establecía que las universidades estatales debían destinar al menos un 30% de sus presupuestos a las sedes regionales, porque se oponen a que esto se haga reformando el artículo 85 de la Constitución Política.
El expediente 20.852 -propuesto por la diputada de Nueva República Carmen Chan – fue analizado esta tarde en comisión legislativa y dictaminado de manera negativa con 4 votos en contra y uno a favor.
La diputada de Liberación Nacional, Paola Valladares, aseguró que si bien es noble querer que quienes viven fuera del Gran área Metropolitana puedan contar con mejoras en el uso de los recursos y en el fortalecimiento de las sedes regionales de las universidades, encontraron, a partir de las consultas y audiencias realizadas, que podían incurrir en vicios de inconstitucionalidad, al tocar la Constitución Política, que establece claramente la autonomía de las universidades, en cuanto a su gobierno, organización, finanzas y administración.
Valladares reconoció que ha habido un importante avance en cuanto a regionalización, lo cual se ve en la ejecución de proyectos de mejoramiento de la inversión en educación pública, financiados por el Banco Mundial.
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Universidades señalan vacíos en proyecto que establece inversión fija para sedes regionales
Valladares también mencionó que se estarían poniendo “en un zapato”, “porque no sabemos a futuro si establecer un porcentaje de 30% en unos 20 años sera mucho o muy poco” y dijo que eso “debería estar sustentado en un estudio técnico que formule cada universidad”.
El legislador y jefe de fraccón del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez Carballo, declaró: “No hay criterios técnicos para determinar el por qué de un 30%, y no un 20, o un 50. Eso nos puede amarrar en un futuro a estar apegados a un monto específico y no a que se dirijan esos recursos de acuerdo a las necesidades de las regiones y a los estudios que se han hecho alrededor del tema”.
“Estableciendo constitucionalmente un porcentaje, de alguna manera estamos creando un destino específico que obligaría a Hacienda y a las universidades, en el marco de su administracion de recursos, a tener muy poca flexibilidad”, añadió Sánchez.
