El plazo de diez días vencía a inicios de esta semana, pero ante los reclamos por el escaso tiempo para analizar el pesado documento técnico de 1.071 páginas, la Superintencia de Telecomunicaciones (Sutel) lo amplió a cinco días más.
Se trata de la consulta pública que el ente regulador convocó por medio del diario oficial La Gaceta y su página web para presentar por escrito dudas y observaciones sobre la propuesta para declarar la competencia efectiva en cuatro mercados relevantes, incluido Internet, en los cuales la Sutel dejaría de regular las tarifas.
El documento técnico con la propuesta se mantendrá disponible para consulta en las oficinas de Sutel y también el sitio web de esa oficina.
La consulta se hace con base en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, donde se establece el plazo de los 10 días, informó Sutel, que descartó la celebración de una audiencia pública, otra opción que tiene para escuchar posiciones de las personas interesadas en las decisiones regulatorias.
Según el documento puesto en consulta por Sutel, el mercado de telefonía móvil se mantendría como un mercado regulado.
No obstante, para el segmento postpago se identifican condiciones para la competencia efectiva y, por ende, dejaría de contar con regulación tarifaria por parte de la Sutel.
Eso implicaría que en postpago las empresas operadoras podrían empezar a cobrar por descarga de datos –no por velocidad como es en la actualidad- algo que las telefónicas no lograron obtener en dos intentos anteriores que hizo la Sutel por autorizar esa modalidad de cobro y que encontró fuerte oposición en la opinión pública.
El segmento móvil prepago, donde ya se cobra por descarga, mantendría por el momento la regulación tarifaria que defina la Sutel.
Una vez cerrado este periodo de consulta pública, la Sutel tendrá 15 días naturales para revisar y analizar las observaciones y emitir un informe final, que será sometido a aprobación del consejo directivo de ese organismo regulador. La resolución final se publicará en La Gaceta y empezaría a regir un mes después, según informó la Sutel.
La propuesta sacada a consulta se sustenta en un estudio metodológico contratado por Sutel a la firma consultora Communications Management Group, Inc., el cual propone una serie de parámetros que permiten supuestamente identificar el grado de competencia y si existe poder de mercado entre los operadores de servicios de telecomunicaciones en el país.
La metodología fue sometida a consulta pública y fue aprobada en el 2015 por la Comisión de Promoción de la Competencia (Comprocom) del Ministerio de Economía.
Con base en el estudio, se propone decretar competencia efectiva en los mercados de: Internet fijo, telefonía internacional, roaming internacional y tránsito de telecomunicaciones.
Hasta el presente el mercado de telecomunicaciones se ha regido por un modelo de precios tope establecidos por la Sutel, pero de aprobarse el plan se eliminaría la regulación tarifaria en esos servicios.
Mientras tanto, la Sutel continuaría la regulación de la calidad del servicio de la misma forma que se ha hecho hasta ahora.
Según la entidad, en sendas reuniones las cámaras empresariales del sector de telecomunicaciones y las asociaciones de consumidores estuvieron de acuerdo con la metodología y no presentaron objeciones sobre los parámetros propuestos para el análisis del grado de competencia efectiva en los mercados.
La Sutel y las operadoras le dan empuje a la propuesta asegurando que las personas usuarias se verán favorecidas con la competencia.
La declaratoria de competencia en el mercado beneficiará a los usuarios de los servicios, dándoles el poder de decidir cuál de las ofertas de los diferentes operadores les conviene más de acuerdo con sus características de consumo y de acuerdo con sus necesidades, destacó la Sutel por medio Walther Herrera, Director General de Mercados.
Mientras tanto, en declaraciones dadas a medios de prensa los representantes de las organizaciones que hablan en nombre de los consumidores parecen aceptar como inevitable la desregulación tarifaria, ante lo cual la consulta pública no sería más que un requisito de trámite para que la Sutel apruebe la competencia de los mercados.
Erick Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, dijo sin embargo que están analizando el documento para manifestarse con una oposición técnicamente fundamentada al estudio de la Sutel, pues es claro que si la Sutel declara en competencia el mercado de Internet móvil postpago, el operador podría imponer el cobro por descarga.
Añadió que en la reunión con Sutel le plantearon varias inquietudes, como que deben respetarse los contratos de planes que están vigentes en este momento, y que deben darse mecanismos para que la Sutel pueda imponerles a los operadores metas de calidad del servicio mucho más agresivas de las que hay en la actualidad, ya que la calidad es bastante mala, y si se introduce Internet postpago con esa calidad se perjudicaría al usuario.
También deben haber mecanismos más ágiles de denuncia para el usuario, de manera que incluso la carga de la prueba se revierta a favor del consumidor, es decir, que ante la denuncia del consumidor el operador es el que tiene que demostrar que da un buen servicio, y no sea el usuario quien necesariamente tiene que demostrar que no se le está dando el servicio prometido, señaló Ulate, entre otras exigencias para Sutel.
“Nosotros les dijimos que ellos han tenido una actitud muy receptiva a los planteamientos de las operadoras y no necesariamente a las del usuario. Por eso necesitamos que las condiciones bajo las cuales se pueda tener este servicio cambien porque en la actualidad llevamos las de perder”, remarcó.
AFECTACIÓN
Por su parte Sebastián Fournier, productor de radio educativa y miembro de la Red de Medios de Información y Comunicación Alternativa (MICA) sostiene que la desregulación del mercado es una decisión orientada al bienestar de las empresas, y afecta a la ciudadanía.
Lamentablemente aquí se está percibiendo la introducción de Internet por descarga como un simple tema de competencia, como si tratara de vender flores o algún otro producto en las tiendas, observó Fournier quien cursa Maestría en la Universidad de Norfolk, Inglaterra.
Hay que tener en cuenta – añadió – que el acceso a Internet está vinculado también al tema de acceso a la información, a la libertad de expresión y el derecho a la educación, y hoy es enorme la brecha entre una persona con acceso a Internet y una que no lo tiene.
Fournier señaló que hay que pensar en cómo llega Internet a los diferentes lugares del país, y que para una mayoría el acceso es a través de los celulares.
Por ejemplo, en Barra del Colorado, que es uno de los distritos más grandes del país, para tener Internet la gente depende exclusivamente de las torres de celular del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Así hay enormes porciones del país que no tienen otra opción que no sea la torre de celulares, y pensar que ese es un mercado de simple competencia es negar que en ese acceso a Internet hay muchas otras brechas.
La red MICA siempre se ha basado en la defensa de lo que está definido en la Constitución Política en el sentido de que el espectro radioeléctrico es un bien demanial, que nos pertenece a todos. Y dado que el espectro es por donde viajan las ondas de radio, televisión y telefonía móvil, cuando se toma una decisión relacionada con este campo, esa decisión debe estar a favor de la ciudadanía, no de las empresas, comentó tras analizar por qué el Internet por descarga va a encarecer el Internet y afectar a gran parte de la población.
Al respecto comentó que en Costa Rica el consumo per cápita de Internet anda alrededor de 2,6 megas al mes, un promedio bastante alto para la región. Este es de los países que más acceso a Internet vía celular tiene en toda América Latina, y no es por casualidad, es el único país que tiene el cobro por ancho de banda y no por descarga y ahí se ven las consecuencias.
En la Asamblea Legislativa, el diputado Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio, busca aglutinar apoyo de legisladores de otras bancadas y sectores para oponerse a la propuesta de Sutel.
Su argumento central es que “el acceso a Internet es un derecho fundamental como lo ha establecido en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional, y no puede concebirse que el cumplimiento de este o cualesquiera otros derechos fundamentales quede por la libre”.
También considera que no es cierto como se pretende hacer creer, que estemos en un mercado perfecto y en competencia. Aquí más bien, por el tamaño del mercado, perfectamente se pueden coludir las operadoras para fijar precios o cobrar por descarga, y de esa manera “meternos un gol que no nos habían logrado meter directamente hasta ahora”.
La desaparición del Internet por velocidad va a implicar que mucha gente que utiliza su teléfono como herramienta de trabajo, en mandar y recibir correo, archivos o imágenes, como el caso de los periodistas, que necesitan manejar audios y videos pesados, universitarios que tienen que trasladar documentos por Internet, entre muchos otros casos, todo eso va a cobrarse dependiendo del peso que tengan esos documentos y va a ser muchísimo más caro, destacó.
El resultado va a ser un aumento de la brecha digital, porque solo los sectores con altos ingresos van a poder darse el lujo de pagar Internet de alta velocidad y se va a limitar a las personas que se quedarán sin acceso por no poder pagar los altos montos, afirmó.
Araya exhortó a las distintas organizaciones y colectivos a pedir a Sutel ampliar la consulta y a presentar oposiciones a la propuesta presentada, que va en la dirección contraria a garantizar el acceso a Internet en condiciones razonables de calidad y precio, manifestó.
MÁS COMPETENCIA
Desde una posición diametralmente contraria, Víctor García, gerente de asuntos regulatorios de la telefónica Claro, declaró que están convencidos de que el mercado móvil es un mercado que se encuentra en competencia, y eso se expresa en los diversos resultados que se han dado luego de la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica, que ha sido un proceso exitoso, que ha traslado beneficios al consumidor, impulsados justamente por la competencia.
“Hoy estamos ante un mercado que podría ser muchísimo más dinámico de lo que es, pues ese dinamismo se ve de alguna manera frenado porque todavía sigue regulación obsoleta en materia de precios y prestación de servicios, que están imposibilitando poder ser un poco más innovadores desde el punto de vista comercial”, comentó.
En su criterio, es hora de que se reconozca la competencia que existe en el mercado móvil y se permita tener un marco regulatorio que impulse un poco más la competencia que “ha demostrado que es la que ha traído los beneficios para el consumidor y para el país”.
Como ejemplo, apuntó que hoy las tarifas máximas que están fijadas para el servicio de acceso a Internet móvil son siete veces por encima con respecto a las ofertas que se están dando en el mercado.
Si los operadores no están cobrando los precios del techo establecidos por Sutel en el caso de la red móvil, no es porque no quisieran cobrar más, es porque justamente la competencia ha hecho que los precios bajen, que haya dinamismo en el mercado y que por una fracción de lo que está regulado hoy no solo se obtenga conexión de 4 megabits, sino que hay más minutos, más mensajes de texto y otros servicios de valor agregado y el financiamiento de un teléfono inteligente, razonó.
En la medida que haya más competencia, los consumidores simplemente lo que van a hacer es irse adonde el operador que les garantice la mejor calidad. Si hay un operador que no les está ofreciendo en los planes de acceso a internet móvil las velocidades que tienen como expectativa, pues que el usuario tenga la posibilidad de decir: me voy para otro competidor.
“Eso es lo lindo de la competencia, que a partir de la multiplicidad de ofertas que se diferencian no solo en precios sino en niveles de calidad, los consumidores debidamente informados tengan la posibilidad de establecer su propia elección de servicio”.
El funcionario de Claro -una de las marcas dominantes en el mercado telefónico de la región – afirmó que las tarifas por velocidades le están haciendo un daño enorme al país, porque lo están colocando entre los últimos lugares en el ranking de velocidades a nivel internacional.
Aseguró que no defienden una modalidad específica de cobro, que puede ser por velocidad, por descarga, un híbrido de ambas o incluso otras modalidades que existen en otras partes del mundo.
Lo importante es que se puedan desarrollar esas alternativas y que sea el consumidor el que tome la decisión de qué es lo que mejor se acomoda a sus patrones de uso, y tener un mercado realmente en competencia debería dar la posibilidad de tener diversas modalidades de cobro, subrayó.
Sin fundamento
El economista y catedrático Leiner Vargas acusa a Sutel de utilizar en el informe puesto a consulta argumentos contradictorios, incompletos y con información parcial.
Con retazos de los reportes de consultorías anteriores y nuevos argumentos sin fundamento teórico y técnico, el organismo pretende convencer de su interés de cambiar el modelo tarifario y la necesidad de incorporar mercados a competencia efectiva, cuando en realidad los actores del mercado no dan muestras de que exista dicha competencia.
Eso solo evidencia un claro desconocimiento de la dinámica de los mercados de telecomunicaciones y de su regulación prudencial a favor de los consumidores, sostiene el economista.
Vargas considera un despropósito asumir que el modelo tarifario de tarifas topes se puede eliminar sin hacer una evaluación clara de por qué no ha cumplido con su cometido.
Dice que desde hace tiempo era necesario ajustar los topes hacia abajo y velar por los intereses del consumidor, con el fortalecimiento de los requisitos de cumplimiento de la calidad por parte de los operadores. Pero la Sutel ha sido complaciente con los operadores, y ha sido incompetente con respecto al ajuste a la baja de los precios topes.
Ahora, después de ocultarse y no rendir cuentas del accionar previo y de los errores cometidos en las dos últimas solicitudes tarifarias (para introducir el Internet por descarga), quiere de manera unilateral, sin consulta a los consumidores en audiencia pública y, peor aun, sin ni siquiera evaluar su propio accionar con el modelo de precios tope establecido, imponer una verdad inconclusa, de que existe competencia efectiva en los mercados para abrir.
Ante la actitud que ha marcado la historia reciente de la Sutel, como consumidores debemos solicitar que la pretendida transformación del esquema de regulación se lleve a audiencia pública y que sea transparente el debate, tal y como lo establece la ley. Que se corrija y se expliquen las consecuencias prácticas que tendrá en los consumidores de Internet los ajustes pretendidos, ya no sólo en Internet móvil postpago, sino también en Internet fija y otros servicios por abrir, exhorta Vargas.
La mayor tajada
•El mercado de la telefonía postpago representa el 21% de clientes de las empresas operadoras pero genera el 57% del ingreso total de la red móvil (datos del 2015).
•El consumo de datos de los clientes por postpago representa el 41% del total de consumo de datos en el país, es tres veces mayor que el de la modalidad prepago.
•El consumo de datos en el 2015 generó ₡330.000 millones de ingresos para las operadoras.
•El consumo mensual promedio en postpago fue de ₡17.382 y en prepago ₡3.537.
*Fuente: Sutel.