Antes de la hora en que estaba programada la conferencia de prensa, sabiéndose ya que anunciaría su renuncia, la ministra de más protagonismo en este gobierno hizo un par de bromas con la prensa, contó hasta tres y confirmó todo. La jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, no alcanzó a cumplir el año y medio en el cargo.
Ocurrió el jueves 24 de octubre casi a las 3 p.m., Rocío Aguilar se despojaba del cargo de ministra de Hacienda y anulaba así la posibilidad de recibir una sanción de un mes por haber hecho, sin autorización del Congreso, un pago que todos reconocen como necesario en aquellos apuros financieros de mitad del 2018.
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“La confianza no descansa en una persona, sino en todo un equipo. Tenemos un Presidente valiente que se atreve a resolver temas viejos (…) Es un accidente que (la renuncia) coincida con los temas de las universidades. Mi única razón es no dejar al Presidente con la disyuntiva en sus manos de mandarme de vacaciones.”
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El “hueco presupuestario”, aquel desfase de ₡900.000 millones heredado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, truncó la continuidad de la ministra que más confianza daba a sectores empresariales y financieros. De no haber sido por la resolución de la Contraloría General de la República, la misma que ella dirigió entre 2005 y 2012, se hubiera mantenido en Hacienda, repitió y repitió en la rueda de prensa.
Para ese momento del jueves, ya varias cámaras empresariales tenían preparados sus comunicados con lamentos sobre la salida de Aguilar y se extendía una sensación de alegría entre organizaciones sindicales que llevaban muchos meses pidiendo su cabeza. Ahí la tenían, aunque no por los motivos que invocaban.
No fue por su enfoque duro por la austeridad estatal ni las diferencias públicas con los actos de otros miembros del gabinete. No fue por las tensiones internas en el Consejo de Gobierno, por los choques ideológicos, por el enojo de algunos sectores por los nuevos impuestos de la reforma fiscal.
Fue un asunto reglamentario el que sacó del cargo a Aguilar. Cumplir una sanción de un mes, como recomendaba la CGR al presidente Carlos Alvarado, había sido imperdonable en términos políticos. Él estaba dispuesto a defenderla, pero ella “ganó la última discusión”, según contó en la rueda de prensa, cuando ya 11 miembros del gabinete hacían el ritual de despedida colocados en hilera en el fondo.
No hay más, hasta aquí llegó la era de Aguilar. Se activaron de inmediato las preguntas sobre el futuro de la política fiscal y el perfil de la persona sustituta de la excontralora y ahora exministra.
Solo horas después el mandatario Alvarado dejó claro su discurso: su gobierno no se saldrá de lo que se entiende por la disciplina fiscal que impulsó Aguilar. Apoyo a la contención del gasto y a la aplicación de la “regla fiscal”, porque la estabilidad financiera del Gobierno está aún en proceso.
En esas aguas buscaba cómo sustituir a Aguilar pronto y bien, según sus parámetros. Los nombres que circulaban en los pasillos informales confirmaban que continuaría la línea de Aguilar. Profesionales cercanos al mundo financiero y empresarial entraron en la danza de valoraciones, pero no era fácil.
La exposición pública, el desgaste personal de un cargo como este y el bajo salario relativo (unos ₡2,5 millones) hacen que el puesto sea poco atractivo para cierto nivel de profesionales. Aguilar, por ejemplo, había renunciado al cargo de Superintendente de Entidades Financieras que solo ejerció durante una semana, con un salario que casi triplicaba el de ministra.
Las consideraciones políticas, sin embargo, son menos personales. Se trata de la sostenibilidad del Estado Social, como señalaba la Sala Constitucional en el fallo que avaló la reforma fiscal hace un año, o del terreno fiscal en un momento delicado de la economía, con una caída en el crecimiento de la producción, de alto endeudamiento de la población y un desempleo del 12%.
LA TAREA INACABADA
La ministra deja el cargo en las vísperas de salir a colocar los eurobonos, el sistema de financiamiento externo que forma parte en el plan de estabilidad financiera que ella lideraba. Está por verse si la sola presencia de Aguilar en el gobierno jugaba en positivo para las colocaciones costarricense o si su salida deteriora la confianza de los actores financieros internacionales.
Los números siguen siendo de cuidado. La deuda costarricense se acerca al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), está por completarse el tercer año consecutivo con un déficit superior al 6% del PIB (la meta era acabar este gobierno con este rubro en menos de 3%). El crecimiento de la economía podría ser solo 2% en este 2019.
Buena parte de los ingresos adicionales por cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicado desde julio como parte de la reforma fiscal, está solamente compensando el frenazo en recaudación provocado por la desaceleración económica, advirtió Fernando Rodríguez, economista y ex viceministro de Hacienda.
Queda pendiente la aprobación de otras fuentes de financiamiento para mover la tendencia de la deuda, pero la emergencia del 2018 ya no existe, sostuvo Aguilar en su rueda de prensa. “El 2020 será menos complejo”, previó como en defensa del trabajo suyo y de su equipo.
El barco fiscal se mantiene a flote, reconoció Rodríguez, pero no está salvado aún. Quien acepte ser jerarca de Hacienda tendrá que sacar más agua del bote y conducirlo entre aguas complicadas.
Para peores, el momento del año no es el mejor para las bienvenidas, de aquí a marzo. Hay que asegurarse el financiamiento de los meses siguientes, que incluyen los salarios con aguinaldos y salario escolar, además del pago de intereses, cuentas de proveedores y una serie de transferencias.
Pese a la tarea pendiente, a Aguilar le reconocen haberse echado al hombro el proceso de reforma fiscal. Por ello la aplauden grupos empresariales y otros actores privados que además le acreditan haberse comportado como un dique contra la propensión de gasto público que se atribuye al Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, Aguilar fue también un objetivo. Era común ver en las protestas callejeras pancartas con el rostro de ella acompañado de frases fuertes. “Que se vaya”, le gritaban incluso dos días antes de su renuncia, durante la marcha de miembros de las universidades públicas contra una medida presupuestaria impuesta por ella.
Aguilar descartó que su salida tenga alguna relación con el criterio distinto dado por la Presidencia de la República en relación con la manera como las universidades deben invertir sus recursos. También hubo divergencias en el acuerdo que firmaron las autoridades y sindicatos de la CCSS para acabar con la huelga de agosto.
El nuevo jerarca sabrá que hay miembros del gabinete que prefieren aflojar un poco la cuerda de la austeridad porque presiona el funcionamiento de distintas entidades públicas y altera los ánimos hasta puntos preocupantes, reconocen por separado dos ministros.
“No se puede negar que ella tenía un margen de poder alto y el Presidente era consciente de lo que le aportaba”, dijo una de las personas consultadas.
El politólogo Alejandro Barahona señala ese punto para quien tome el cargo. “Cualquier jerarca que venga debe tener sensibilidad sobre las implicaciones de sus decisiones, que no se tratan solo de números. La reforma más gruesa ya pasó y está en proceso de acomodo, pero el país está convulso”, comentó sobre la necesidad de habilidad política para ese cargo.
Al principio de esta semana eran mínimas las opciones de que la sustitución se hiciera con alguien proveniente del PAC, lo cual haría probable que el mandatario pueda seguir mostrándose como líder de un “gobierno de unidad”.
Aguilar, ajena al PAC como es, compartía flanco con la ministra de Comercio Exterior Dyala Jiménez y era notable también la cercana relación con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.
La foto de despedida, sin embargo, incluía a 11 miembros del gabinete, incluso algunos que no compartían su enfoque en todos los extremos. A ellos agradeció la ministra saliente en un mensaje en que intentó minimizar las desavenencias.
La diputada oficialista sí lo ha dicho públicamente. “He tenido importantes diferencias y en algunos aspectos dije que no estaba acorde con la línea del gobierno. Probablemente quien llegue debe ser alguien que siga las líneas de austeridad, necesarias en este momento, pero también que procure balances entre sectores económicos fuertes y el respeto el carácter del Estado social de Derecho, por ejemplo, con la aplicación de la regla fiscal”.
Las ironías alrededor del “hueco financiero”
La salida de Rocío Aguilar ocurre en medio de paradojas en torno al “hueco fiscal”, aquel desfase presupuestario heredado por el gobierno de Luis Guillermo Solís en la figura de su vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas.
No fue por la presión de manifestaciones callejeras o por las diferencias internas en el gabinete. Fue la Contraloría General de la República (CGR), entidad que ella comandó entre 2005 y 2012, la que emitió una resolución en que responsabiliza a Aguilar de haberse saltado las reglas al haber hecho pagos de deuda pública sin la debida autorización legislativa,
Como excontralora, Aguilar conoce bien las normas a las que se debe atener todo jerarca público, aunque dejó claro que no está de acuerdo con el criterio de la institución que ahora dirige la que fue su número dos: Marta Acosta.
Ahora, con la renuncia de la abogada Aguilar, queda impune la falta que ella cometió como ministra, según la CGR. Nada podrá hacer el presidente Carlos Alvarado con la recomendación de suspenderla un mes, porque ella renunció del todo de manera inmediata.
Una posibilidad habría sido que la renuncia se aplicara después de pasado ese mes, pero eso no ocurrió, pues ella evitó poner a Alvarado en el compromiso de sancionar –aunque sin efectos– a su ministra más prominente y de más apoyo del sector privado, a juzgar por las reacciones posteriores. Así es como la excontralora se sacudió de los efectos de un criterio de la Contraloría.
Después vinieron los lamentos de quienes aplaudían a Aguilar y su trabajo, sobre todo en la misma Asamblea Legislativa desde donde le lanzaron acusaciones cuando se investigaba el “hueco fiscal” en una comisión.
Cinco diputados, en un informe emitido en abril, le atribuyeron haber pagado amortizaciones por ₡182 mil millones sin contenido presupuestario ni autorización legislativa, en contradicción con la Ley de Administración Financiera.
“Rocío Aguilar pudo ser más proactiva en la preparación del presupuesto extraordinario en sus actos, pues a mayor jerarquía y complejidad de tareas, mayor es su exigencia de efectividad en su proceder. (Tiene) responsabilidad administrativa por cuanto se emplearon fondos públicos con finalidades distintas a las destinadas por ley y se permitió el gasto sin contenido debidamente presupuestado”, se lee en el informe.
El documento lo firmaron entonces los opositores Pedro Muñoz, Luis Fernando Chacón, Otto Roberto Vargas, Xiomara Rodríguez, Franggi Nicolás, Francisco Prendas y Yorleny León. Por su parte, Eric Rodríguez Steller este se había apartado de los señalamientos contra la jerarca.
Ahora Prendas cree que la salida de Aguilar sume al gobierno “en el punto más delicado” y teme por las finanzas públicas. “El préstamo del BID y del CAF sin ella se volverían una caja chica a beneficio del PAC y todo apunta a que así será”, dijo en el sitio Elmundo.cr al conocer la renuncia de la ministra.
Ahí también habló Yorleny León, liberacionista que firmó el informe contra Aguilar “Con la salida de Rocío Aguilar el gobierno del PAC de Carlos Alvarado pierde un bastión que pone en riesgo la imagen país, la negociación de colocación de bonos, etc.”, manifestó.
Otros legisladores que votaron a favor de ese informe también expresaron su apoyo al trabajo que venía haciendo Aguilar, en suma a las manifestaciones de organizaciones empresariales a la expectativa del sustituto.