–La mitad de los costarricenses dicen apoyar la huelga, pero no el objetivo máximo de su convocatoria ni los métodos usados; ni los bloqueos ni la paralización de servicios.
–Siete de cada diez costarricenses desprecian los bloqueos, pero una proporción igual rechaza también la intervención policial contra los bloqueos, aunque la figura política mejor calificada es el ministro de Seguridad que ha ordenado algunas de esas intervenciones.
–La mayoría de los costarricenses está informada sobre la crisis fiscal y la considera grave, pero también la mayoría prefiere ponerle pausa y que se renegocie el plan fiscal.
Así de contradictoria parece la población costarricense a juzgar por los datos que depara la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con base en entrevistas realizadas en las jornadas 9 y 10 de la huelga contra el plan fiscal.
Sin respaldar de manera clara a los sindicatos que convocaron la huelga ni al Gobierno que promueve el plan fiscal, la mayoría de los encuestados se inclina por los puntos medios y castigan con igual rigor al presidente Carlos Alvarado y al dirigente gremial Albino Vargas.
Al menos así se expresaban durante la segunda semana de una huelga que igualó en duración a las del “Combo del ICE”, en abril del año 2000. Esto ya sería un triunfo, consideran algunos de los líderes sindicales conscientes, a pesar de que el Gobierno no ha dado señales de satisfacerlos con su demanda máxima: desechar el proyecto fiscal, como tampoco concuerda la mayoría popular.
Seis sesiones de diálogo entre representantes sindicales y del Gobierno se cumplieron antes del día 17. El contenido de las conversaciones ha sido secreto, pero es evidente que han tratado en paralelo a la huelga, sin cumplir la condición de levantamiento que inicialmente expuso la Presidencia.
“Termina el quinto día de diálogo preliminar. La Unidad Sindical ha rechazado la propuesta construida por la Iglesia Católica y las 4 propuestas del Gobierno que fueron presentadas los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de septiembre. Todas incluían la urgencia de tramitar y aprobar de manera definitiva el expediente 20.580 (plan fiscal), así como la necesidad de deponer el movimiento de huelga”, publicó la Presidencia a las 11 p. m. del lunes, primer día de la tercera semana de huelga.
Horas antes la Presidencia informaba que solo el 11% de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) apoyaba el movimiento; este porcentaje representa unos 5.000 funcionarios, la mitad de los participaban al principio. La tesis gubernamental es esa: que la huelga se ha ido extinguiendo a pesar del discurso firme de los dirigentes y de algunas señales favorables que han recibido desde la Asamblea Legislativa donde se tramita el plan fiscal.
Y a pesar, también, del aparente respaldo popular, pues 52% de los encuestados dijo que apoyan la huelga, por lo menos hasta su día 10. Duplican a quienes están en contra (26%), mientras un 21% carece de una opinión definida, de acuerdo con el estudio basado en 723 encuestas realizadas mediante teléfonos celulares. Los resultados tienen un margen de error de 3,6 puntos.
Lo que reprueban los costarricenses son las medidas de presión que afectan al resto de la población: los bloqueos de carreteras (73%), la paralización parcial de servicios médicos (93%) y la suspensión de clases en escuelas o colegios (78%), además de los obstáculos a la distribución de combustible (82%).
La única táctica de la huelga que tiene aceptación popular son las marchas, aprobadas por el 76%.
Estos números indican, en términos generales, un repudio a la manera como se desarrolló esta huelga.
Pero tampoco puede el Gobierno declararse ganancioso: siete de cada diez encuestados critican el uso de la fuerza policial para levantar los bloqueos en las calles, y se oponen a la idea del Ejecutivo de solicitar ante los tribunales la declaratoria de ilegalidad de la huelga.
De esta gestión se conocían hasta este martes tres fallos de ilegalidad (Consejo Nacional de la Producción, Ministerio de Vivienda y Comisión Nacional de Emergencias), aunque con argumentaciones muy distintas que abren discusiones sobre la legislación laboral diferentes al conflicto de fondo de esta huelga: el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país y cómo resolverla.
“Los resultados llaman la atención porque parece que reflejan bien a una sociedad con aversión al conflicto y fiel al orden, poco dada a las rupturas sociales y a las manifestaciones violentas, más allá de que pueda estar a favor de la motivación original”, comentó Ronald Alfaro, politólogo y miembro del equipo de investigadores del CIEP que desarrolló la encuesta.
Sin violencia, que hablen, que se tomen su tiempo aunque la situación sea grave, como parece reconocer la mayoría de personas encuestadas. El 62% favorece la idea de poner pausa y que las partes negocien un mejor proyecto fiscal, si bien la encuesta no aborda los términos de esa eventual renegociación ni el sentido de urgencia que ha reiterado el Gobierno para estabilizar la situación financiera.
Tampoco está claro quiénes deberían participar de una eventual renegociación.
El diálogo desde el día 10 y hasta el 17 lo han llevado Gobierno y sindicatos, aunque en realidad las posibilidades de aprobar un plan fiscal dependen de la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo tiene solo diez diputados, entre un total de 57 curules.
La llave la tienen en realidad las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN), que juntas suman 31 votos, aunque no necesariamente tengan posiciones unánimes.
Independientemente de la bandera partidaria, los legisladores representantes de las provincias Guanacaste, Puntarenas y Limón podrían verse influidos por la opinión popular, pues ahí el apoyo a la huelga es mayor que el promedio nacional.
Esta diferencia se suma a las realidades diferentes frente a la Costa Rica del Valle Central, que se manifestaron también en la primera ronda electoral de este año. También crece la aprobación a la huelga en el segmento de personas más jóvenes y los de menor grado educativo, lo que podría relacionarse también con sectores de menor ingreso.
Esta diferencia entre segmentos no se refleja en la oposición a medidas de presión que afectan la vida del resto de la población, señala el estudio. En general hay una inclinación a evitar el conflicto en la sociedad, apuntó Alfaro.
“Es como si hubiera quedado un trauma en nuestro país después del gran conflicto de 1948, con secuelas que se han prolongado por décadas y hasta ahora”, interpretó el investigador.
Esa “repartición de culpas” y búsqueda de equilibrio se muestra también en la coincidencia de calificaciones a actores políticos, pues salen empatados el presidente Carlos Alvarado y el veterano dirigente sindical Albino Vargas, con una nota de 4,3. La figura mejor calificada en esta encuesta fue el ministro de Seguridad, Michael Soto, jefe de la Policía al que la población le reprocharía el uso de la fuerza que le otorga la ley.
“La gente no está negando la seriedad de esta amenaza fiscal (el 81% ha sido informado y, de estos, el 85% coincide en que es “grave”), pero opta por los puntos medios”, añadió Alfaro. Son los equilibrios y los ritmos pausados que atraen a los costarricenses, al menos en su discurso.
Tal vez por eso, el Gobierno y la Unión Sindical dejaban pasar el tiempo sin salir con un acuerdo o sin levantarse de la mesa y dejar al otro ahí. Hasta este martes, las 70 horas de negociaciones, llamadas “preliminares”, han sido infructuosas.
El plan fiscal sigue en su trámite legislativo de formato acelerado y la huelga continua en una parte del aparato público con sus consecuentes impactos a personas y empresas; con el apoyo popular o el rechazo, según de qué parte se mire.
Mientras tanto, las autoridades a cargo de las finanzas del Gobierno ven hundirse más el barco entre el endeudamiento y el déficit; advierten que ya no hay tiempo para más discusiones o renegociaciones de esas que la mayoría parece preferir en los resultados de la encuesta.
Las principales voces empresariales quieren un plan fiscal ya, así, tal cual está, pero los sindicatos insisten en desechar el proyecto entero, si bien en medio está el Gobierno con sus distintas corrientes internas y los legisladores expuestos a fuertes lobbys de uno y otro lado. La huelga contra el llamado “combo fiscal” llega al día 17 e iguala en duración a la del “combo del ICE” del año 2000, aunque este detalle nada importe a los mercados financieros.
