La jefa de la secretaría de actas de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Carolina Arguedas Vargas, describió con detalle el proceso de acoso laboral que afirma recibió por parte de la presidenta ejecutiva de la institución Marta Esquivel y cómo fue suspendida de su cargo y trasladada al Hospital Calderón Guardia después de presentar una gestión por acoso contra Esquivel.
Arguedas relató que cuando Esquivel asumió la presidencia ejecutiva en setiembre de 2022 le presentó el plan de trabajo que tenían y la expresión de la jerarca fue “mucha gente”, “hay demasiada gente”, “esto no está funcionando”. Según dijo, luego hubo señales de alerta que estaba sufriendo “mobbing laboral” (acoso laboral) por parte de la presidenta ejecutiva, quien le decía cosas como “ese proyecto no sirve”, “eso no está sirviendo”, “lo que me están diciendo es otra cosa”.
La funcionaria compareció esta mañana ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, que investiga el estado actual del régimen financiero y actuarial de la Caja (expediente 23.644).
Convocatoria para nombrar nuevos miembro de junta directiva
En su comparecencia Arquedas explicó que durante su gestión lograron poner al día el proceso de transcripción, legalización y publicación de actas de la junta directiva, que mantenía un atraso importante desde 2016. Señaló que lograron legalizar 276 actas, que estaban en 40 libros actas y que cuando inició la administración Chaves Robles estaban al día hasta febrero de 2021, pero todavía se mantenía un atraso.
A esto se sumó que el 26 de mayo de 2022 la Caja sufrió el ataque cibernético,por lo cual no pudieron tener acceso a las actas hasta diciembre de 2022. Cuando Esquivel asumió en el cargo, Arguedas le indicó que requiere recursos para realizar “una gestión responsable y formal” y poder ponerse al día y solicitó un estudio de cargas de trabajo. Fue entonces cuando inició la situación de acoso, indicó.
La funcionaria contó que Esquivel le decía: “Haga esto” y que cuando ella le respondía “para eso se necesita un criterio jurídico”, le respondía “Bueno, eso lo decido yo”.
“No había tiempo para hablar conmigo”, “no había reuniones conmigo”, refirió.
Pero además, cuando los diputados le consultaron si en alguna ocasión se le solicitó hacer alguna cosa irregular, Arguedas declaró que para hacer la convocatoria a los sectores para nombrar los nuevos miembros de junta directiva, tiene que mediar acuerdo de junta directiva.
“Se me dio la instrucción de que hiciera yo el proceso. Yo expliqué que debía ser mediante acuerdo de junta directiva, luego se hace una convocatoria, y luego se publica en medios de circulación nacional y me dijeron ‘¡No, cómo se le ocurre gastar esa plata!, no hacemos publicación’. Tuve que hacerlo de esa manera. Doña Marta Esquivel fue la que me dio esa orden”, dijo.
Además de eso, informó que en algunas de las sesiones de junta directiva no se presentaron actas para aprobar, aunque el reglamento dice que a la semana siguiente se deben aprobar las actas de la sesión anterior; y que en agosto de 2023 no había actas de junio ni julio publicadas.
La funcionaria interpuso una gestión de acoso laboral contra Esquivel el 6 de febrero de 2023 y el 9 de febrero fue suspendida del cargo. Estuvo en su casa sin hacer nada hasta que, debido a una medida cautelar, a partir del 12 de abril de 2023 fue transferida al Hospital Calderón Guardia.
Arquedas relató que en ese hospital pasó dos meses “sin hacer nada, con el celular leyendo manuales de la institución, sentada en una sala de reuniones”, hasta que el director del Hospital, Taciano Lemus, le solicitó que les colaborara realizando análisis de los procesos. Al finalizar diciembre había entregado cinco informes y en este momento trabaja en tres más sobre las áreas de hemodinamia, emergencias y salas de operaciones.
Después de que Arguedas fue suspendida, se asignaron más recursos a la Secretaría donde trabajaba, se trasladaron asesores de apoyo y se incorporaron plazas nuevas.
La funcionaria ha recibido apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) y subrayó que la situación la ha afectado a ella y a su familia. “¿Cómo hace uno para decirle a los hijos que no puedo ir a trabajar?”, “esto me ha dañado bastante, a mi familia, a mi mamá”. Agregó que ella se ha ganado su trabajo por su esfuerzo y sus capacidades.
Diputadas reaccionan con indignación
Todas las diputadas integrantes de la comisión reaccionaron con indignación, menos la oficialista Ada Acuña. La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, le manifestó su solidaridad y dijo: “Lo que usted cuenta es muy grave para cualquier persona y un funcionario calificado. ¿Cómo la pasan de un lugar a otro sin planificar qué tareas iba usted a realizar. Me parece desde la óptica del derecho laboral muy grave lo que usted dice”.
La también liberacionista Kattia Rivera señaló que “parte de la temática del actual Gobierno es cercenar esas juntas directivas; ellos quieren un control directo y para eso tienen una presidenta ejecutiva que se convierte en un ‘yes man’ del presidente, viendo a ver como hacen para cercenar, para atrasar”.
“Por supuesto que es lógico que su actitud de preocupación porque esas actas estén al día estorba a esa presidenta ejecutiva y por eso se da toda esta actitud de persecución”, indicó Rivera.
Mientras que la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero enfatizó que “una mala gestión tiene un costo adicional”. “Le vuelvo a recordar a la presidenta ejecutiva que ella está haciendo un pésimo uso de los recursos públicos pues tenemos una funcionaria que fue enviada a otro hospital y que en este momento no está haciendo ninguna tarea, no porque no quiera sino porque no se le ha asignado, y esos son recursos del Estado”.
