No era banquero, tesorero de campaña electoral ni un nombre relevante de la política, pero ahora siente que hizo un “doctorado” de tres años como director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que pudo incidir en la agenda social de este organismo multilateral bien calificado en los mercados internacionales.
Alberto Cortes Ramos, politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) se prepara ahora para volver al campus con el aprendizaje de que hay mucha vida allá fuera, que la acción universitaria tiene muchas oportunidades de colaborar con el desarrollo económico y social, y que no siempre se aprovechan.
Cortés, exdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, se apresta a dejar la silla costarricense en el Directorio del BCIE este 1º de junio; lo sustituirá el exdiputado y fundador del PAC Ottón Solís Fallas, cuyo nombramiento sorprendió a propios y extraños que lo veían en un cargo de mayor incidencia en el nuevo gobierno de Carlos Alvarado.
Contrario a lo que le critican, Solís sostiene que, más allá de sus funciones de asesor personal del mandatario en materia económica, el nuevo cargo de director del BCIE está lejos de ser un exilio dorado. Asegura que pretende encauzar hacia Costa Rica créditos atados a proyectos con un buen seguimiento, que las oportunidades abundan en este organismo financiero caracterizado por la agilidad relativa de sus trámites, y, por tanto, eso puede ser útil para proyectos prioritarios del gobierno.
Es lo que Cortés Ramos trató de hacer en sus tres años, cuenta en una entrevista a 12 días de dejar el puesto, tras una gestión en la que impulsó la diversificación de la cartera de créditos del BCIE en Costa Rica e impulsó la colocación de fondos para infraestructura, como es costumbre, pero también para cultura (restauración del Teatro Nacional) y educación superior estatal (Universidad Técnica Nacional, UTN)
Cortés señala que el BCIE tiene la cartera activa de créditos más grande de cualquier organismo multilateral en la región, por encima del BID y del Banco Mundial; diversificada y con fuerte presencia en el sector público, con un monto que llega a $300 millones en el caso de Costa Rica.
El Banco dispone de fondos no reembolsables para cooperación con los gobiernos de los cinco países fundadores, entre esos fondos se incluye “el famoso $1 millón”, como dijo Cortés en referencia a la donación para consultorías y servicios adicionales cuestionada en 2008 en el gobierno de Óscar Arias, y que los gobiernos posteriores lo han seguido aprovechando con otros formatos.
Acabado su mandato, que comenzó en 2015 cuando el entonces presidente Luis Guillermo Solís lo llamó para cubrir la renuncia de Margarita Penón, Cortés se siente satisfecho de haber movido la dirección, aunque fuera levemente, hacia enfoques sostenibles y de equidad social acordes con el “ADN de la UCR”, como lo llama él.
“Conforme el banco se internacionaliza, interactúa con otros estándares. Han mejorado los estándares sociales y ambientales. Ahora estamos por crear una oficina socioambiental del Banco y nos incorporamos al Green Climate Found. Ha sido un esfuerzo interno en línea más moderna. Esto genera debate, claro, pero ha imperado la apuesta por fortalecer la faceta de desarrollo del Banco. Lo mismo con la ética, con la creación de una oficina adscrita al Directorio para canalizar denuncias”.
“Además, apostamos por proyectos que pueden no ser de gran tamaño, pero sí con fuerte impacto social”, añadió Cortés después de enumerar el financiamiento para mejoras del Teatro Nacional, una línea de crédito con mutuales para vivienda de clase media, planes sobre agua en zonas costeras y urbanas, inversión en la ampliación del muelle de Moín y en el sistema energético centroamericanos para avanzar hacia un mercado regional.
Además se giraron fondos no reembolsables para la oficina de energías limpias del INA y unos $200.000 para el proceso de consulta indígena necesario para avanzar eventualmente en el megaproyecto hidroeléctrico Diquís.
“Todo ello lo permite el BCIE ahora que es un banco igual de ágil que en el pasado, pero mucho más competitivo en costos y con mejor seguimiento de las ejecuciones; aunque siempre hay que mejorar, en concreto aquí en Costa Rica”.
“En otros países quizá el problema es la falta de una institucionalidad sólida, pero en Costa Rica son los trámites engorrosos y el exceso de controles. Muchas veces eso es lo que hace caro un proyecto”, añadió.
Cortés gana $10.700 mensuales, salario que recibiría Ottón Solís a partir de este 1º de junio.
Retornar a la UCR con el afán de cambiarla
Después de tres años en funciones ajenos a la UCR y conociendo realidades donde la academia podría ser muy útil, Alberto Cortés regresa a dedicarse tiempo para la universidad, donde en 2010-2011 fungió como director del Consejo Universitario.
Por eso trae ahora la idea de que las universidades estatales, y en concreto la UCR, tienen enormes espacios donde podría incidir más si lograra salirse del ensimismamiento y burocracia interna.
“En estos tres años vi enormes oportunidades para aprovechar el trabajo de la academia adaptado a las necesidades sociales. Es algo en lo que debemos trabajar si superamos la fiebre de controles y de tramitología interna”, señala.
Este docente e investigador no oculta sus planes de participar de nuevo en la política universitaria. “La UCR necesita un cambio de orientación y participaré activamente en la construcción de esa opción”, aseveró.
¿Se postulará para ser rector? “Faltan dos años, pero es una opción, siempre pensando en ayudar a que la UCR vuelva a conectarse con la sociedad y ayude a resolver los grandes problemas”.
“Hay mucha frustración en la comunidad universitaria por los controles excesivos para actividades sustantivas. Hay demasiada burocratización y el aporte nuestro no alcanza todo su potencial de desarrollo nacional. Además, debemos contar de manera adecuada lo que se está haciendo por el país en beneficio de personas y colectivos, en cambio climático, desigualdad, competitividad de sector público y ayuda a empresas privadas (90% son pequeñas).
Por eso Cortés no es partidario de achicar los presupuestos universitarios y las condiciones de los trabajadores, sino de maximizar el aporte a la sociedad mediante mejoras en la gestión interna y los recientes ajustes hechos a la Convención Colectiva (en febrero).
Entre otras propuestas, el catedrático plantea como necesario el fortalecimiento de la regionalización, la reducción del interinazgo y un vínculo más fuerte entre los sistemas de grado y posgrado.
