Comisión fiscal espera enviar su versión final del proyecto al Directorio legislativo entre martes y miércoles:

En medio de las manifestaciones, los diputados empujan la reforma fiscal con dirección al Plenario

Las fracciones mayoritarias dudan sobre la oportunidad de la huelga convocada por los movimientos sindicales, a los que la fracción de Gobierno acusa de mentir para proteger sus privilegios.

Mientras trabajadores y organizaciones sindicales empezaban a tomar las calles para manifestarse contra la reforma fiscal, la comisión especial legislativa que tramita el proyecto se reunió esta mañana, en medio de una de sus últimas reuniones antes de que el proyecto pase al Plenario legislativo para su discusión y eventual votación.

Según el presidente de la comisión fiscal, el exministro de Economía Welmer Ramos, se espera que el texto esté listo para enviarse al Directorio legislativo entre martes y miércoles, de modo que entre el cierre de esta semana o el inicio de la siguiente empiecen a correr las ocho sesiones destinadas a la reiteración de mociones.

La comisión fiscal se reunirá también esta noche; sin embargo, concluyeron esta mañana con las revisiones presentadas y podrían dejar su versión final del proyecto lista muy pronto.

“El proceso que sigue es elevar el informe al conocimiento del Directorio legislativo, donde se consultará y se abrirán dos días para presentar reiteración de las mociones ya presentadas en comisión. Después, habrá un periodo de seis sesiones para su discusión”, describió Ramos, quien además recordó que “después de esas seis sesiones, todas las mociones que resten por discutirse se votarán únicamente”.

Sobre los plazos para una eventual votación, afirmó que se esperaría entonces que el texto llegue a primer debate en unos 22 días o un mes, momento en el que seguramente tendrá que enviarse a una consulta constitucional.

Ante la huelga convocada por representaciones sindicales desde este lunes y por el resto de la semana, el oficialista señaló que es algo que existe “dentro de la democracia que tenemos”; sin embargo, reiteró que la posición del gobierno es “apostar porque el proceso se lleve a cabo, pues las implicación que tendría no llevar a buen puerto el proyecto sería terrible para la paz social y la estabilidad macroeconómica del país”.

Más fuerte fue la reacción posterior de la bancada oficialista en bloque, que realizó una conferencia de prensa para acusar a los movimientos sindicales de realizar una huelga “improcedente”, convocada a través de “mentiras y desinformación” para defender incentivos que tocaría el proyecto fiscal, como las cesantías y la prohibición, en palabras del diputado Enrique Sánchez.

También arremetieron contra el líder sindical Albino Vargas, antes de también subrayar que el texto fiscal no afecta a los actuales empleados públicos, pero sí limita a 12 años las cesantías y el congelamientos de salarios y dietas “de lujo”.

Reacciones

Las reacciones ante las manifestaciones de este lunes fueron variadas en el Congreso; sin embargo, representantes de las bancadas mayoritarias argumentaron que el proyecto fiscal aún está a la mitad de su camino, por lo que las movilizaciones parecen improcedentes.

Más fuertemente reaccionó la oposición desde el Partido Liberación Nacional, cuya diputada en la comisión fiscal, Yorleny León, calificó la huelga como una iniciativa “injustificada” y arremetió contra parte de las representaciones sindicales que, según ella, verdaderamente están disconformes con capítulos muy específicos que les afectan.

“La reforma fiscal, además de agregar un 1% a la canasta básica y un 2% a los medicamentos, también incorpora dos capítulos que son muy importantes, a los cuales los grupos sindicalistas son los que principalmente se oponen”, señaló.

“Por un lado, está el empleo público, donde se regula una serie de abusos que por muchísimos años los sindicatos le han impuesto a este país cada vez que se tiran a las calles y que hoy desde la Asamblea Legislativa les estamos poniendo un alto. Por el otro, está renta global, que no sólo hará que las empresas grandes paguen más impuestos, sino que también ayuda a eliminar la evasión de impuestos”, añadió.

Más cautos fueron los diputados de Restauración Nacional (PRN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes eso sí reiteraron que la discusión del proyecto aún está empezando y que no respaldarían ningún movimiento que coarte los derechos de la población.

Según el socialcristiano Pedro Muñoz, “siempre hay derecho a manifestarse, pero ese derecho tiene que ser pacífico y respetuoso”. “No se puede hacer una violación a los derechos de los demás, los costarricenses tenemos el derecho al trabajo, entonces mientras no me impidan trabajar no hay problema; también tenemos el derechos al libre tránsito, mientras las manifestaciones no me perjudiquen ese derecho, no hay problema tampoco”, señaló.

Similar fue la posición del restauracionista Carlos Avendaño, jefe de fracción de la segunda bancada más importante en el Congreso, quien aseguró que “siguen inmersos” en el trabajo de la Asamblea Legislativa y “creen que el tema fiscal está en ese contexto y que ahí se debe mantener, aunque comprenden y entienden las manifestaciones de los sectores”.

Todos ellos, parte de la comisión fiscal, fueron cuatro de los ocho diputados que llegaron a la sesión de este lunes, en la que sólo faltó el frenteamplista José María Villalta, quien se encontraba en reuniones según comentó uno de sus asesores, quien eso sí confirmó que el congresista probablemente se sumaría a las manifestaciones en horas de la tarde.

Las posiciones

Por el momento, los únicos diputados que se han manifestado abiertamente en contra del proyecto fiscal con su redacción actual son el integracionista Walter Muñoz, en nombre de su bancada de tres diputados; así como el frenteamplista José María Villalta, único de su fracción, y el republicano Dragos Dolanescu.

No obstante, Restauración Nacional, la segunda bancada más grande del Congreso, aún no termina de definir una posición ante el proyecto, que mantiene impuestos como el IVA a la canasta básica (1%), los medicamentos (2%) y los servicios de salud privada (2%), con los que dicen no estar de acuerdo a pesar de que se han reducido.

Más afiliados con el proyecto, pero aún con algunas reticencias, el PLN y el PUSC, primera y cuarta fuerzas de la Asamblea, parecen más alineados con el proyecto del Gobierno, una triada de fracciones que suma 36 votos, siete más de los que se necesitan para aprobar la iniciativa en vía rápida.


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