Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), desde 2021 la empresa GBM Costa Rica ha firmado contratos con el Instituto Nacional de Seguros (INS) que superan los $12 millones, es decir, más de ₡6.400 millones (a ₡509 el dólar).
En términos precisos, se trata de un monto total que alcanza $12.751.386,34; es decir ₡6.490.455.648,59.
Ello a través de tan sólo cuatro contratos y el primero de ellos, del 2021, ha sido el más oneroso. Se trata de una contratación para adquirir servicios en nube que de entrada se consigna por $38.855, pero el expediente en Sicop además despliega órdenes de pedido a lo largo de los años 2023, 2024 y 2025 por más de $10 millones.
Los otros tres contratos hallados en Sicop datan de 2023 y fueron firmados entre el 28 de setiembre y el 9 de noviembre. El primero de ellos se firmó por $13.953,74 para la “Renovación de Licencias Linux Server Red Hat Enterprise”. Los siguientes contratos firmados con GBM entre el 8 y 9 de noviembre de 2023 fueron para la renovación de licencias de International Business Machines (IBM), por $1.469.662,97, y para el “Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Base Instalada de Equipos IBM en el INS”, por $1.011.692,81.
Cabe destacar que se trata de contratos firmados por un año con la posibilidad de ser renovados por tres más. Esa opción constituye un parámetro que se incluye en la firma del contrato tal cual consta en Sicop. Es decir, para el último caso citado, el “Informe de Acto Final” explica que “debido a la parametrización del sistema Sicop, el monto total de adjudicación reflejado en dicho sistema ($1.011.692,81, incluido IVA) corresponde a la sumatoria de la lista los equipos de la marca IBM objeto de este contrato para un año y sus tres renovaciones”, por lo que especifica que el monto original contratado para el primer años es de $250.936,95.
GBM es una poderosa empresa con presencia en toda Centroamérica. En su sitio web destaca ser “distribuidor exclusivo de IBM en la región y representa además, de forma oficial y con pleno apoyo, marcas líderes de la industria como Lenovo, Cisco, SAP, entre otras”, como las computadoras Dell.
Esa firma además fue una de las más favorecidas con las contrataciones hechas en el marco del decreto “43542-MP-MICITT”, que declaró la emergencia por los ataques informáticos que afectaron a varias instituciones en 2022. Tal como denunció UNIVERSIDAD, en el marco de ese decreto GBM recibió contratos por $826.206,96, un 17,41% del total de $4.743.861,92 contratados para la compra de bienes y servicios para atender esa emergencia. Esa empresa fue la segunda más favorecida, detrás de Datasys-Vinet que con $2.667.727,74 acaparó el 56,23%.
Lluvia de dinero
Pero esos poco más de $800 mil palidecen a la par de lo que la empresa ha logrado alcanzar mediante la firma de contratos con el INS, al menos los que ha logrado encontrar UNIVERSIDAD en Sicop.
El más llamativo es el primero de los mencionados, que data como se dijo de 2021, es decir, del gobierno de Carlos Alvarado, pero cuyas órdenes de pedido posteriores se dieron ya bajo la gestión de la expresidenta ejecutiva Mónica Araya Esquivel y su sucesora Gabriela Chacón Fernández.
El pliego de condiciones que se accede Sicop (procedimiento 2021PP-000023-0001000001) establece que se trata de dos partidas de dos líneas: “Intermediación y coadministración de servicios de nube”; y “Horas de asistencia técnica por demanda en materia de nube”.
“El INS requiere una empresa que brinde el servicio de intermediación para la contratación de servicios de nube, enfocado principalmente, pero no limitado, a servicios de Infraestructura y Plataforma de proveedores como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure (Azure) e IBM Cloud Pública y servicios de nube privada para plataformas Power de IBM”, se detalla.
En ese sistema se hallaron 15 pedidos y pagos hechos en 2023 para un total de $1.615.447,92; 33 en 2024, para $6.918.384,57, y 18 en lo que va de este 2025, que suman $1.683.389,34. Se debe hacer la salvedad de que los pagos hechos en 2023 y 2024 se consignan como “especies fiscales”, mientras que los de 2025 como “orden de pedido tramitada”. En todo caso, todo ello suma $10.217.221,83.
Todas esas órdenes de pedido consignan como descripción “Servicio de arrendamiento de plataforma en la nube”.
En cuanto a las contrataciones de 2023, la renovación de licencias IBM, por $1.469.662,97 (procedimiento 2023PX-000106-0001000001) especifica que se trata de las herramientas IBM App Connect Processor, y IBM WebSphere MQ Processor; I2 Enterprise Insight Analysis e I2 Enterprise Insight y que al “no recibir más propuestas, se determina que solo se cuenta con un proveedor para satisfacer la necesidad de la Administración”.
El “Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Base Instalada de Equipos IBM en el INS”, por $1.011.692,81 (procedimiento 2023PX-000080-0001000001) consiste en “atender y reparar las fallas que se presenten en el hardware, incluyendo las partes y repuestos que sean necesarios para su reparación y puesta en funcionamiento”. El pliego de condiciones detalla una lista de 31 equipos IBM de diversa índole.
Un antecedente importante al respecto de estos contratos es que en julio de 2023 dos exdirectivos del INS, Willy Carvajal y Alejandro Elizondo, denunciaron ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que GBM llevó a cabo una revisión de las computadoras de los integrantes de esa Junta Directiva, ordenada por la entonces presidenta ejecutiva Mónica Araya con el fin de determinar si alguno filtraba información a los medios de comunicación.
