En Costa Rica se siguen usando 133 ingredientes activos de plaguicidas considerados altamente peligrosos por sus implicaciones en la salud y en el medio ambiente, como por ejemplo, el paraquat y el metamidofós, un insecticida que está prohibido en 102 países, detalló Fernando Ramírez, investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) e integrante de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN por sus siglas en inglés).
En marzo de este año la PAN publicó la lista actualizada de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) y subrayó “la necesidad urgente de una eliminación gradual global de estos plaguicidas para el año 2030”.
Ramírez analizó la lista de 338 plaguicidas e indicó que por lo menos 133 de esos agroquímicos se siguen usando en el país.
La lista muestra que 162 países prohibieron 460 ingredientes activos de plaguicidas o grupos de activos que están “actualmente en uso” en el mercado global; es decir, no son obsoletos. Además, se agregaron 94 ingredientes activos a la lista, entre ellos el herbicida más popular del mundo, el glifosato, que está prohibido en Luxemburgo, México (de manera gradual y total en 2024) y Vietnam.
La PAN informó que tres neonicotinoides (relacionados con la muerte de las abejas), imidacloprid, clotianidina y tiametoxam perdieron su aprobación en la Unión Europea (UE).
No obstante, la PAN también resaltó en su comunicado que los nuevos documentos muestran que un número alarmante de plaguicidas peligrosos todavía están en uso; pero también que muchos países han renunciado a los plaguicidas altamente peligrosos y que es posible su sustitución por alternativas no químicas más seguras y la agroecología.
Doble moral en comercio de plaguicidas
Ramírez explicó a UNIVERSIDAD que algunos de estos plaguicidas no necesariamente han sido prohibidos por un decreto o una legislación en Europa o Estados Unidos, sino que muchos se denominan “no aprobados” o “retirados”.
“Hay países que se han ido quitando un problema, pero no dejan el negocio; es como una doble moral. Tal vez por eso puede ser que no se diga que está prohibido, sino que dicen que no está aprobado su uso”, dijo el investigador.
Mencionó que, por ejemplo, hay productos fabricados en países europeos —donde no los usan— o se producen en otros países con capital europeo. Este es el caso del paraquat, que antes se fabricaba en Suiza, país donde está prohibido, pero después las fábricas se reubicaron en China e India. La mayoría del paraquat se usa en países en Asia, América Latina y África.
Según PAN, existe una “realidad del doble moral en el comercio de plaguicidas, ya que hay más prohibiciones de plaguicidas en países altamente desarrollados, pero las corporaciones transnacionales pueden fabricar y exportar plaguicidas prohibidos a países más pobres”.
“Daño cerebral, pérdida del coeficiente intelectual, cáncer, autismo. Son los niños quienes corren un riesgo especial por los PAPs. La sociedad ya no puede quedarse pasiva mientras nuestros hijos sufren las consecuencias de estos productos químicos”, dijo en el comunicado Kristin Schafer, directora de PAN Norteamérica, quien ha hecho campaña contra el pesticida clorpirifós, que daña el cerebro y que está prohibido en 35 países.
Orden judicial prohíbe el clorpirifós en EE.UU.
Ramírez explicó que el clorpirifós es un insecticida organofosforado; es decir, que posee fósforo en su molécula, es muy tóxico y sobre todo tiene efectos crónicos.
Su uso está registrado para alrededor de 12 cultivos en Costa Rica, entre ellos algodón, arroz, banano, chile dulce y cebolla. Se usa para granos almacenados, para control casero de hormigas, para control de mosca blanca en tomate, y en las bolsas plásticas celestes que se usan en las bananeras.
“La mayoría de estas bolsas son untadas con clorpirifós y siempre hay bolsas en el campo; lo que significa que lo hacemos persistente en el ambiente”, aclaró Ramírez.
El clorpirifós es conocido por sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso humano, especialmente para los niños, ha denunciado PAN.
A mediados de agosto la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) de EE.UU. Anunció que publicaría un reglamento para bloquear su uso; así como la nueva regla, que entrará en vigencia en seis meses. Esto es producto de una orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que ordenó a la EPA que detenga el uso agrícola del químico, a menos que pueda demostrar su seguridad.
