Las contradicciones y vacíos en la información de las instituciones, así como la imposibilidad legal de acceder a los datos sobre cuáles personas físicas o jurídicas se dedican a la actividad, hace imposible determinar quiénes en Costa Rica han lucrado con la exportación de oro.
Pero lo que sí pudo comprobar UNIVERSIDAD es que la diferencia entre lo declarado en aduanas en el país y lo reportado por las de los Estados Unidos puede superar el 50%.
Por ejemplo, en 2019 se reportó la exportación de poco más de $30,8 millones (₵18.450 millones), pero los registros oficiales estadounidenses muestran la entrada ese mismo año de oro por un valor superior a los $46 millones (₵28 mil millones).
Por un lado, la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) otorga permisos para la exportación, los cuales sí son de acceso público mediante solicitud, pero el volumen del oro transado, según consta en datos recibidos de esa institución, constituye una porción milimétrica del volumen total exportado según datos proporcionados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
De acuerdo con la información recibida, la DGM otorga permisos muchas veces para mover muestras de material “sin valor comercial”, relativo a labores de exploración minera y que se detallan apenas en gramos o kilogramos, mientras que, tal como ya publicó UNIVERSIDAD, los registros de Procomer muestran movimientos de toneladas. (Ver recuadro “Cantidad en toneladas de oro exportado”).
La DGM también tiene registro de ocho países a los que viaja el oro extraído de minas en el país: Estados Unidos, Honduras, Canadá, Perú, Nicaragua, Inglaterra, Argentina (Puerto Madero) y Chile. Esto contrasta con los 14 destinos de los cuales Procomer tiene constancia de envíos del metal.
Como hizo constar este semanario, según datos de Procomer, en la última década (2010-2020) las exportaciones del valioso metal superaron los $285 millones.
Por otra parte, al comparar los montos en dólares registrados para las exportaciones de oro, los datos de Procomer y del Banco Central (BCCR) son muy similares, pues provienen de la misma fuente, la Dirección General de Aduanas.
Sin embargo, al hacer un control cruzado entre las exportaciones registradas a Estados Unidos —que concentra más del 90%— y los datos de las importaciones en ese país, emanados de la gubernamental Comisión de Comercio Internacional (Usitic, por sus siglas en inglés), las diferencias son muy significativas (ver recuadro “Monto en dólares de las exportaciones de oro de Costa Rica a Estados Unidos”).
A la hora de buscar determinar qué personas o empresas se dedican a la exportación de oro, instituciones como la misma Procomer, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) negaron la información amparadas en legislación como la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, la Ley del Sistema de Estadística Nacional y la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, según se dijo desde Procomer.
Por otra parte, desde el Ministerio de Hacienda, se alegó que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la confidencialidad de las informaciones de los contribuyentes. De igual manera, desde el BCCR se alegó “restricciones por confidencialidad de la información”.
Al respecto, el abogado ambientalista Álvaro Sagot opinó que “es claro que existe un entramado normativo que hace que la trazabilidad sea compleja y ello redunda en encubrimiento de nombres”.
Desorden
El Director General de Aduanas, Gerardo Bolaños Alvarado, con franqueza reconoció que históricamente ha habido un “desorden” respecto del registro de la cantidad de oro que sale del país. Dijo que esa situación se mantuvo hasta marzo de este año y que “ya ahora está más regulado y automatizado. Se establecieron restricciones en ciertas partidas”.
Tras apuntar que el oro en bruto solo lo pueden exportar ciertas personas con autorización de la DGM para explotarlo y exportarlo “proveniente de lugares con concesión”, recordó que el oro que se define como chatarra es el recuperado de joyería y demás, “con ese no hay ningún problema”.
“Los datos de exportación en cantidades están malos. La confusión deviene de que el oro se mide en onzas, onzas Troy, gramos o kilogramos. El dato cierto es el de dólares, porque lo controla el BCCR”, aseveró el funcionario. Para mayor claridad, añadió que “es imposible que hayamos controlado” el registro de los volúmenes exportados, “el precio se acerca más”.
Bolaños recordó que la instancia que genera la información es la que él dirige, y luego la transmite a Procomer, el BCCR y demás. “No hay un mecanismo de depuración de los datos que eventualmente tendrían que filtrarse. Nos concentramos más en los montos de dinero que en los montos de cantidad. Me puse a revisarlo y vi esa inconsistencia y de hecho lo estamos remediando de aquí en adelante”.
El funcionario detalló además que se tomó la tarea de revisar los datos a partir de 2010, “en algunos casos estuvo más desordenado que otros, pero sí hay consistencia en los montos en dólares exportados”, insistió.
Ante la pregunta de cómo se puede tener confianza en los montos en dólares que se reportaron históricamente, si al mismo tiempo hay inconsistencias respecto del volumen exportado, Bolaños replicó que “el tema de los dólares sí los controla el BCCR, salvo que sea lavado de dólares, pero el lavado de dólares no pasa oficialmente”.
Bolaños expresó confianza en los montos en dólares porque la gran mayoría se exportó a Estados Unidos, donde “usted no puede ir y salir con $25 mil o $30 mil, porque ese control sí lo llevan, no solo el BCCR, también el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y otros; usted no puede depositar de la noche a la mañana más de $10 mil, tiene que justificarlo. Tiene que haber un ingreso real de divisas”.
Ante la pregunta de si le desvela la necesidad de poner orden respecto de las cantidades de oro que se exportan, el Director General de Aduanas replicó “claro, me gustan las estadísticas reales”.
Entre las medidas que se han tomado para corregir los históricos errores, aseguró que ya el Estado tiene mayor control sobre el registro de quiénes pueden exportar oro. En segundo lugar, “se ha girado instrucciones para que tengamos mayor cuidado a la hora de revisar lo declarado en oro”, lo cual “nos permite revisar las exportaciones para ajustar las estadísticas con alguna anticipación antes de que se consoliden”.
También apuntó que “se ha reducido sustancialmente la exportación de oro, mientras el sistema informático, ojalá nuevo, tenga la particularidad de controlar los pesos. Es Hacienda Digital, que incluye el nuevo sistema informático de aduanas”.
Dirección de Geología y Minas con pocos datos
Por su parte, los datos suministrados por la DGM son escuetos y poco claros. En ellos, no constan los números de cédula de las personas jurídicas y físicas que se dedican a la exportación de oro, según sus registros.
Además, no se señalan cifras sobre el valor de las salidas y se limita, en su mayoría, a calificarlas como “muestras sin valor comercial” (ver recuadro “Cantidad en toneladas de oro exportado”).
Como se indicó, la información de este rubro contrasta completamente con la suministrada por Procomer, ya que entre las dos instituciones hay una diferencia de más de tres mil toneladas reportadas.
En el documento entregado a UNIVERSIDAD, la DGM señala el registro de cuatro personas físicas y nueve sociedades como exportadoras: Carlos Zamora Villalobos, Edgar García Chaves, Isidro Ramírez Carranza, Edwin Orozco Sanchun, All metal Exports S.A., Agropecuaria Mube S.A.,Auro Marga S.A., Ganadera Los Maizoles S.A, Río Minerales S.A., Metales Procesados M.R.W, Mina Orotex SR S.A., Mina Anami y Digeca Abangares Minamata.
Entre estas sociedades destacan algunos nombres importantes. Por ejemplo, el actual subdirector de la DGM, Jorge Obando Rodríguez, fungió como gerente general de Mina Orotex S.A., de mayo del 2015 a agosto de 2016. UNIVERSIDAD solicitó a Minae una entrevista con el funcionario, dado su papel actual y la experiencia que tuvo en una de las empresas exportadoras de oro en el país; sin embargo, el departamento de comunicación institucional del Ministerio propuso realizar la conversación con la directora, Ileana Boschini, argumentando que “el compañero Jorge Obando no podría referirse a su trabajo anterior”.
Otro caso es el de Río Minerales S.A., cuyo presidente es Óscar Echeverría Heigold, empresario, quien en el 2016 solicitó el desalojo de cerca de cien familias en finca Chánguina, en el cantón de Osa.
Esta sociedad, junto con Metales Procesados MRW —otra de las exportadoras— impulsó la explotación de oro en el cuestionado proyecto de la mina Bellavista en Miramar de Puntarenas e incluso presentaron una demanda contra el Estado en el 2010, en busca de que se les facultara para reanudar la actividad. Precisamente es este punto el señalado como la procedencia del material exportado por Río Minerales S.A. a partir del 2020, que alcanza los 104 kilogramos de peso.
En cuanto a la empresa Auro Marga S.A., su presidente es Néstor Chamorro Aravena, actual vicepresidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica.
La DGM también tiene registro de ocho países a los que viaja el oro extraído de minas en el país: Estados Unidos, Honduras, Canadá, Perú, Nicaragua, Inglaterra, Argentina (Puerto Madero) y Chile. Esto contrasta con los 14 destinos de los cuales Procomer tiene constancia de envíos del metal.
Trazabilidad de oro no es una prioridad
Consultada sobre los pocos datos disponibles en cuanto a la exportación de oro, la directora de Geología y Minas, Ileana Boschini, dijo a este semanario que la dependencia del Minae extiende los permisos y compara las cifras, a través de una declaración jurada, siendo este el mecanismo con el que trabajan.
“Nosotros lo que hacemos es extender los permisos para que la gente que extrae oro en las minas exporte. Ellos nos presentan una declaración jurada de la cantidad de oro que van a exportar, adónde va, cuál es el medio de transporte y con base en eso se extiende el permiso. Hay un control cruzado entre lo que están autorizados a producir y lo que exportan. Si lo que han presentado dice que van a producir, por ejemplo, cinco kilos de oro por mes y nos llegan a pedir un permiso de exportación de cien kilos, ya ahí nos enciende las alarmas. Se tramita lo que está dentro del rango”, detalló.
Empero, Boschini aceptó que la DGM no puede hablar de “fiscalización” de las exportaciones, ya que no dan seguimiento al oro.
“El control que llevamos es de la producción, paralelo a lo que pueden exportar. No fiscalizamos, no hay un mecanismo de seguimiento desde la mina, la planta, al aeropuerto. En eso no hay trazabilidad porque no tenemos la capacidad, no hay personal que se pueda dedicar a eso, además de que la reglamentación no lo pide”, dijo.
La funcionaria afirmó que en este momento mejorar la trazabilidad del oro que se exporta desde las minas no es una prioridad para la Dirección, ya que se tienen necesidades en otras áreas.
“La DGM y la minería tienen tantas necesidades que la trazabilidad del oro que se exporta no es prioritario, pero sí es importante. Hay tanto que reforzar que ese es un campo más pero prioridades hay muchas y no necesariamente tienen que ver con minería de oro, también tiene que ver con la minería no metálica”, indicó.
Para poder cambiar esto son necesarios más recursos, los cuales, según Boschini, no parecen estar disponibles.
“Eventualmente si se quiere hacer un mayor control habría que reforzar la capacidad que tiene la DGM para garantizar la trazabilidad desde las minas hasta que se exporta. Sin embargo, con las circunstancias actuales en las que se están recortando plazas, yo dudo que se pueda reforzar para hacer ese seguimiento. Si se le da más responsabilidad a la Dirección sin recursos, sería muy irresponsable porque no se garantiza un buen servicio”, dijo.
Sobre las abismales diferencias de exportaciones reportadas por Procomer en comparación con las de la DGM, su directora explicó que “hay oro que se exporta que no proviene de minas. Siempre lo han justificado en que es oro que se adquiere en compraventas; la gente empeña las joyas, las terminan perdiendo y ese oro lo venden, así es como se han justificado las exportaciones. A raíz de los allanamientos recientes hay oro ilegal pero eso ya nosotros no tenemos la información”.
Números sospechosos
El geólogo Allan Astorga estudió la información enviada por la DGM y la consideró “poco útil”.
Se refirió al hecho de que los datos de esa Dirección apuntan que entre 2012 y 2019 solo se realizaron exportaciones sin valor comercial. “Es claro y evidente que el Estado como un todo tiene o tenía un gran desorden, pues para la DGM no hubo exportaciones de oro, mientras que para Aduanas si hubo salida de toneladas de oro”.
Aseveró entonces que “la lógica diría que un exportador de oro, aunque fuera “chatarra”, debería tener autorización de la DGM y debería contar con una especie de certificado que demuestre el origen de ese oro”, pero “según la DGM la última exportación de oro fue en el 2011, todo lo demás fueron muestras”.
El geólogo dijo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debiera constatar si en realidad se dio una verdadera exportación de oro, en lugar de envío de muestras “sin valor comercial”. “Lo que tampoco entiendo —subrayó—, es cómo salió el oro: ¿por Aduanas, sin permiso de la DGM? Sin saber de dónde provenía el oro, es absolutamente irresponsable”.
Ante el hecho de que las llamadas muestras sin valor comercial consignadas por la DGM llegan a pesar hasta más de 240 kilogramos, se le preguntó al especialista cuánta cantidad de material es usual que se envíe a un laboratorio como muestra de análisis. A lo que replicó que “me parece muy sospechoso. Una muestra no debería exceder los 500 gramos. Y eso es mucho. Creo que allí podría estar el problema”.
Astorga además enfatizó que la situación “debería arreglarse ya. Urge. Hay sospechas de que desde aquí se está exportando oro ilegal de Sudamérica”. Así, destacó la necesidad de que se institucionalice una certificación de origen que dé garantías sobre la procedencia del metal, “de lo contrario, van a seguir en lo mismo”.
Consideró que la medida se podría implementar a través de un ajuste al Decreto Ejecutivo que norma el Código de Minería, al tiempo que destacó la importancia de que se puedan conocer las identidades de quienes se dedican a la exportación de oro.
Finalmente, Astorga ojeó la cantidad de toneladas de oro que seǵun los datos enviados por Procomer ha salido del país en los últimos tres años y la calificó como “increíble, casi seguro que eso no viene de Costa Rica”.
