El más reciente caso de corrupción en contratos de obra pública vial ha desenmascarado gran cantidad de información sobre los mecanismos, estrategias y aparentes sobornos que gestaban algunas compañías para lograr la adjudicación de los proyectos. Pero también, puso sobre el tapete toda una red familiar que se cruzaba con los intereses comerciales.
Así se desprende del expediente del caso “cochinilla”, donde los investigadores plantean que existe la hipótesis de una megaestructura de empresas que se aseguraban de obtener resultados a favor de las constructoras principales, cerrando cualquier posibilidad administrativa de detectar la comisión de conductas en perjuicio del Estado.
En una exhaustiva revisión, UNIVERSIDAD detectó, tanto en el informe de dicho expediente, como de publicaciones realizadas tiempo atrás, esas vinculaciones que traspasan la línea del ámbito comercial al familiar.
H Solís y su cadena de pymes
En el año 2016, UNIVERSIDAD evidenció la forma en que la constructora Hernán Solís contaba con una estructura que se beneficiaba no solo de los grandes contratos que obtenía del Estado costarricense, sino que había creado varias pequeñas empresas que participaron para obtener licitaciones para el mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada de la red vial nacional pavimentada, es decir, chapear los bordes de las calles.
A finales del año 2015, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) adjudicó 19 de las 22 líneas licitadas a dos empresas relacionadas con la compañía Hernán Solís, específicamente Also Frutales S.A. y Fresa Fresca S.A.
El monto contratado llegó a ¢12.588 millones, que quedaron repartidos entre las sociedades de familiares de los socios de la empresa o de uno de sus ingenieros residentes. Also Frutales S.A., se adjudicó cuatro contratos por ¢2.659 millones, Fresa Fresca S.A. ganó dos por un total de ¢1.425 millones, como constó en la publicación de La Gaceta del 13 de enero de 2016.
Also Frutales S.A. es una pyme presidida por Alejandro Acosta Mora y su esposa Sonia Solís Vargas. Alejandro es hermano de Roberto Acosta Mora, socio y directivo de la constructora Hernán Solís y esposo de su dueña Mélida Solís; por su parte, Sonia es hermana de Mélida Solís.
En ese tiempo figuraba también como tesorera de Also Frutales S.A. Teresita Acosta Solís, hija de Alejandro y Sonia, por lo tanto, sobrina de los socios de la constructora Hernán Solís.
Similar es el caso de Fruta Fresca S.A. presidida por Sonia Solís Vargas con su esposo como secretario y su cuñado, Arturo Acosta Mora, como tesorero.
Mélida y Sonia son hijas de Hernán Solís, quien fundó la megaconstructora hace más de medio siglo.
Meco: subordinación empresarial a su servicio
El caso de la empresa Meco es todavía más complejo, de acuerdo con el expediente de investigación en el cual se plantea la relación de dependencia que tenían diversas empresas con la constructora con el fin de garantizar su éxito comercial con los proyectos otorgados por la administración pública.
Una de ellas es la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), un laboratorio de control y verificación de calidad de las obras. En las intervenciones telefónicas e investigaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Anticorrupción se muestra su relación comercial, e incluso la vinculan como un departamento dentro de Meco.
Desde el año 2012 el ITP ha sido contratado por el Conavi para verificar la calidad de las obras de Meco, y en su Junta Directiva figura como secretario Sergio Fernández Cerdas, sobrino de Carlos Cerdas Vargas, dueño de Meco.
El informe hace referencia a que es posible advertir una relación de dependencia y subordinación entre ITP y Meco, incluso señala que se trata de un solo grupo de interés económico, “una sola compañía dividida en varios brazos para mantener el giro constante de la actividad comercial. Cuando en realidad lo que se requería era que ITP fuera un ente independiente e imparcial”.
Por ejemplo, en una conversación intervenida, Abel González (cuñado de Carlos Cerdas) habla con alguien llamado Alejandro y le indicaba que le iban a dar a ITP ¢25 millones para que pagara planillas, lo que deja en evidencia el vínculo de ambas compañías.
También en una sección del expediente se plantea que la constructora Meco, en asocio con la supervisora Cacisa y la verificadora de calidad ITP, manipuló datos y muestras de asfalto para crear un informe que contradijera los serios señalamientos de calidad que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) hizo sobre el asfalto colocado en el tramo de Garantías Sociales entre 2019 y 2020.
De acuerdo con el expediente judicial Marco Salamanca FIores (Ingeniero de MECO a cargo del proyecto) y Saúl Zamora Zamora (Gerente de calidad de Meco), colocaron la mezcla asfáltica enviada por Luis Fernando Gutiérrez Vargas (Gerente Industrial de la planta de Asfalto de Meco), a sabiendas de que no cumplía con la calidad requerida.
El informe narra que el encargado del laboratorio de calidad de ITP, Óscar Martínez Martínez, junto a Salamanca y Zamora, entregaron “dádivas y realizaron promesas de retribución en favor de los técnicos del laboratorio de calidad de Cacisa, a cambio de que estos manipularan las muestras y ensayos e insertaran información falsa y favorable para Meco en los informes de supervisión, que además coincidieran con los resultados de verificación de calidad de lTP”.
“ITP está lejos de ser un laboratorio de Control y de Verificación de Calidad para la empresa constructora Meco, ya que más bien podría ser visto como un gestionador del fraude por medio del cual le pagan a técnicos de laboratorio de otras empresas como Cacisa, para ocultar todos los fallos e irregularidades que se presentan en los materiales y mezclas utilizados por Meco para llevar a cabo las obras que le son adjudicadas”, indica el expediente.
Otras raíces empresariales
Los investigadores van más allá, y muestran que el esquema empresarial de MECO involucra otras empresas subsidiarias de obra pública, además de ITP; como Concreto Asfáltico Nacional (Conansa), Kato Transportes, Servicios Maquinaria de Construcción (Maco) y otras.
“Se logró establecer que existe una relación de dependencia entre las empresas mencionadas, lo que fortalece la hipótesis de estar ante un conglomerado de intereses dividido en representaciones aparentemente individuales, con el propósito de distraer la conexión y disimular, a través de criterios técnicos, la existencia de defectos, provocando un conflicto de intereses”, indica el expediente de investigación.
Pero no solo eso, en Maco las conexiones familiares son evidentes, pues su presidente es Abel González Carballo, cuñado de Carlos Cerdas Araya; el Tesorero es el mismo Carlos Cerdas Araya y la secretaria es María del Milagro Cerdas Araya (hermana de Carlos Cerdas Araya y esposa de Abel González Carballo).
Con la compañía Concreto Asfáltico Nacional (Conansa), dedicada a la construcción de carreteras y producción de materiales de obra pública, no se evidenció un vínculo familiar, pero sí una dependencia absoluta de Meco y un contacto directo entre su secretario Juan José López Monge y el dueño de la constructora principal.
En una conversación se evidencian los vínculos con Meco y Conansa, pues se logró grabar a Abel González (gerente de operaciones de Meco) hablando con una mujer de nombre Catalina, que le indicaba que iban a hacer una transferencia de Meco, desde Conansa y dirigida a Maco a lo que Abel le indicó que tenía que ver cómo justificaba esos dineros.
Señala el informe que la precisión con la que la agrupación de interés económico (Meco) consigue materializar sus decisiones con una estructura o aparato tan extenso y con capacidad de acceder a los procesos de contratación administrativa y convenir todos sus procesos fuera del control del Estado.
Es una figura amplificada a través de empresas serviciales y dominadas desde el mismo vértice principal.
Otros vínculos familiares
Carlos Cerdas también es familiar de Rafael Alonso Araya Mena, presidente de Constructora el Guarco, quien ofreció supuestamente una dádiva a Carlos Solís Murillo, gerente financiero de Conavi, para recibir un trato preferencial y expedito de las facturas que la empresa tenía en ese momento en cobro.
Por otra parte, uno de los denunciantes en el caso “cochinilla”, Eladio Araya Mena, quien es dueño de Grupo Orosi, es a la vez hermano de Rafael y primo hermano de Carlos Cerdas, dueño de Meco. Eladio Araya habría recibido una propuesta de Cerdas y Mélida Solís de darle ¢500 millones a cambio de que no apelara una serie de adjudicaciones ante la Contraloría General de la República, a lo que no accedió, según el expediente del OIJ.
Toda esta red de vínculos familiares y empresariales muestran la forma en que las compañías se han valido de alternativas para lograr adjudicarse gran cantidad de proyectos de obra pública, todos son temas que están siendo investigados en el proceso que lleva el OIJ y la Fiscalía de Anticorrupción.
