- Comisión rechaza esas críticas. Asegura que se usaron informes de entidades como Sinac y que regulación es necesaria ante el aumento de edificios en la zona.
La elaboración de un reglamento que impone nuevas reglas para las construcciones en los alrededores del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste, afronta objeciones por parte de empresarios.
La normativa busca proteger una zona de cinco kilómetros hacia afuera del refugio, la cual incluye playas como Guiones, Nosara y Pelada, en el cantón de Nicoya.
El objetivo es evitar, por ejemplo, que la luz de los edificios afecte a las miles de tortugas marinas que arriban a esa zona o que las construcciones impidan la filtración del agua a los acuíferos. Por eso se establecen límites en el área que puede abarcar un edificio en un lote o en la cantidad de pisos que puede tener.
La intención de los impulsores es establecer una medida de contención mientras se concreta el plan regulador, pues el área tramitada para permisos de construcción en Nosara creció 42% entre el 2017 y 2018, según información de la Comisión de Planes Reguladores con base en datos del Departamento de Control Constructivo y Obra Pública del municipio nicoyano.
El documento se prepara en esa comisión y posteriormente debe ser aprobado por el Concejo Municipal.
Sin embargo, el plan ha topado con oposiciones; algunas de las más vehementes fueron presentadas por el exdiputado libertario Otto Guevara Güth, en representación de la Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados y Propietarios (Aprodecap), la cual él fundó y preside. También, por el empresario hotelero y de bienes raíces, Jeffrey Grosshandler, quien es miembro de la recién fundada Cámara de Comercio e Industria de Nosara.
Guevara argumentó que los gobiernos locales solo están facultados por ley a formar planes reguladores y no “normativa provisional”.
Cuestionó estudios elaborados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y afirmó que la delimitación del área de impacto, la restricción de las construcciones a 50% del tamaño del lote o establecer que la altura de edificios no debe sobrepasar los nueve metros en el área de impacto directo (en el primer kilómetro) y 12 metros en la de impacto indirecto (en los otros cuatro kilómetros), así como las limitaciones de iluminación, se tomaron “de forma antojadiza”, sin criterios técnicos.
“(…) hay un interés de inversionistas nacionales y extranjeros de invertir (en Nosara). Ante esa situación absolutamente excepcional según lo que se está viviendo en el resto del país, ¿la Municipalidad de Nicoya quiere detener esos flujos de inversión?”, censuró en un documento que remitió al Concejo y que también compartió con UNIVERSIDAD. Incluso indicó que la restricción impediría construir centros educativos, de salud, de bomberos o policía.
No obstante, la Comisión de Planes Reguladores, que prepara el reglamento, considera que las observaciones de Guevara no son de recibo, según explicó el secretario técnico Francisco Jiménez.
Para dicho órgano, la elaboración de un reglamento en nada afecta el proceso del plan regulador y por ello existe normativa similar en otros municipios.
La Comisión aseguró que el trabajo se fundamenta en criterios técnicos del Sinac, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Nacional (Setena).
El único reclamo válido, según la comisión, es que al momento de la segunda publicación realizada en La Gaceta, el pasado 4 de octubre, no se indicó el plazo y lugar para observaciones por lo que el reglamento volverá a publicarse y se recibirán las observaciones. Después de eso, podría entrar en vigencia.
UNIVERSIDAD consultó a Guevara si representa a terceros en este asunto, quien respondió: “Cuando se inicie algún proceso judicial se afiliará a potenciales afectados, especialmente lugareños. Esto para presentar un juicio colectivo según lo posibilita el estatuto de la asociación. Por lo pronto, diferentes gestiones que hacemos son realizadas directamente por la Asociación”.
El abogado del Concejo Municipal, Gerardo Carvajal, comentó que existe resistencia a la aprobación del reglamento porque hay muchos intereses tanto de nacionales como extranjeros. Además, recalcó la importancia de regular las construcciones en razón del crecimiento que se ha visto en los últimos años.
“Este reglamento tiene fundamento urbano ambiental, basado en el artículo 50 de la Constitución Política (“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”) del principio precautorio, que dice que si usted tiene certeza de que pueda generarse algún daño a la flora y fauna, lo prudente es abstenerse de esos desarrollos hasta que no se tengan los estudios técnicos”, manifestó.
Comerciantes piden transparencia
Otras de las objeciones recibidas fue presentada por Daniel Schuster, de la firma CLC Global, en representación de Gilded Iguana Holdings, cuyo propietario es Jeffrey Grosshandler.
En el documento que remitieron a la comisión aducen, al igual que Guevara, que el municipio solo está facultado para realizar un plan regulador. Además, alegan que el sector construcción es muy dinámico y puede haber desaceleración.
También apuntaron a que ya existe legislación específica para proteger a las tortugas marinas y que en el proceso de consulta del reglamento hubo falencias para lograr una efectiva participación ciudadana.
UNIVERSIDAD contactó a Schuster, quien remitió las consultas al presidente de la recién formada Cámara de Comercio e Industria, Carlos Araya.
El empresario reprochó que el reglamento sea “omiso” en cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores, que a veces se encuentran en situaciones “infrahumanas”.
Araya indicó que desde el inicio el proceso debió ser más transparente e involucrar a la comunidad. Sobre las especificaciones del reglamento, señaló que hay posiciones diversas, aunque aseguró que en la zona hay una “conciencia ecológica gigantesca”.
Dijo que además existe débil supervisión de la municipalidad, por lo que, aun con reglamentos, en ocasiones los desarrolladores piden permiso para una cosa y construyen otras.
La Comisión por su parte informó que durante la creación del reglamento se realizaron sesiones con la comunidad en una biblioteca, en la escuela y en salones comunales. También se atendieron consultas en la Asociación de Desarrollo.
Además, en el periodo de consulta se recibieron 220 correos electrónicos -la mayoría de propietarios, residentes y personas del sector turismo, bienes raíces, construcción, entre otros-, de los cuales el 70% se manifestaban a favor de las regulaciones. Luego de que el reglamento se publicó, llegaron otros 85 correos y el 83% estaban a favor del reglamento. Con base en algunas observaciones, se hicieron ajustes, detalló la comisión.
