La iniciativa de subsidiar el servicio de electricidad para las familias en pobreza y pobreza extrema, anunciada recientemente por el Gobierno costarricense, es bien vista por los empresarios, quienes -sin embargo- son enfáticos en que se deben dar estrictos controles para evitar filtraciones hacia otros grupos.
El presidente, Luis Guillermo Solís, dio a conocer el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias, que tiene como objetivo afianzar esfuerzos para la erradicación de la pobreza mediante un beneficio de consumo eléctrico.
Este beneficio sería entregado a aquellas familias que se ubican por debajo de la línea de la pobreza básica o extrema, incluidas en el programa de reducción de pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y se aplicará a los primeros 100 kWh facturados.
Las familias en pobreza extrema tendrán un beneficio del 100% y las de pobreza básica un 50% del consumo, luego de cancelar entre ¢744 y ¢1.300 que incluye el costo fijo de estar conectado a la red, el tributo a Bomberos, el alumbrado público y la variación al combustible.
Los beneficiarios de esta iniciativa estarán integrados por dos grupos de población: 27.300 familias que han recibido atención desde el año 2015 y hasta la fecha, por diversos programas de reducción de pobreza, y otras 27.300 familias cuya atención iniciará a finales del 2017 y durante el año 2018.
“El beneficio que estamos impulsando en el pago de la factura eléctrica permitirá a las familias disponer de recursos adicionales para la atención de sus necesidades básicas, desarrollar emprendimientos productivos y mejorar su calidad de vida”, señaló la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría.
De acuerdo con Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Nacional de Cámaras (Uccaep), es responsabilidad del Estado garantizar que los hogares que recibirán el subsidio, luego de que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) apruebe el modelo, sean realmente de familias que se encuentran en condición de pobreza.
“El control deberá ser férreo, para que esto no se convierta en una piñata, ni sea utilizada con fines electorales. Cualquier transferencia que brinde el Estado costarricense a grupos vulnerables debe ser monitoreada y complementada con programas que permitan que, quienes reciben dichos beneficios, tengan movilidad social ascendente”, opinó el vocero de Unión de Cámaras.
En su criterio, parte del seguimiento que debe hacer el Estado incluye que las familias adquieran el compromiso de mantener a sus hijos en escuela y colegio, recibir formación técnico profesional, así como mejorar las condiciones para que las empresas generen más y mejores empleos.
Pacheco consideró además que la ayuda a las familias no debe ser por tiempo indefinido, sino que estos grupos se deben comprometer con metas y plazos, pues a la gente se le debe dar las herramientas para que salgan de la pobreza, no generar un círculo vicioso que los estanque y condene.
Adicionalmente, el empresario indicó que es vital que el IMAS sea el ente encargado de administrar el fondo.
Por su parte, Carlos Montenegro, subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), detalló que los industriales ven con buenos ojos que se implemente una medida de este tipo, para garantizarles a los sectores económicamente más vulnerables un servicio básico como la electricidad.
“Esta acción gubernamental confirma que el tema de tarifas eléctricas ha venido siendo un problema en el país, que en diez años se duplicaron en dólares; y si bien en los últimos años se han mantenido relativamente estables, pero siempre altas, ahora se ven de nuevo amenazadas por proyectos como Balsa Inferior, Eólico Valle Central y Reventazón, que terminaron costando mucho más de lo que se planeaba”, argumentó Montenegro.
Adicionalmente, para el representante de la CICR, en paralelo a esta medida de protección social, es fundamental que el país corrija con reformas los aspectos estructurales que provocan las altas tarifas eléctricas el país.
Con dudas
En contraste, la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), emitió una información en la que aseguran estar preocupados por la poca claridad sobre el mecanismo que deberán aplicar para hacer operativo este plan.
Erick rojas, vicepresidente de Cedet, en reuniones pasadas con el Ministerio de Ambiente y Energía, indicó que los dineros para subsidiar a estas familias serían administrados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y de ser así, tendrían que evaluar la legalidad de dicha acción.
“Nos preocupa que se genere una expectativa de corto plazo a las familias más pobres, cuando aún queda tanto por definir; tampoco hay certeza sobre la afectación que tendría la clase media que asumirá el subsidio. Sí estamos de acuerdo con la intención, pero consideramos que debe canalizarse a través del IMAS”, argumentó.
Según el anuncio el Gobierno, el subsidio será cubierto por los abonados del sector residencial. No obstante, la metodología y el porcentaje tarifario deberán ser definidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
En este sentido, Mario Mora, intendente de Energía explicó que, en primer lugar, esta iniciativa del Poder Ejecutivo es distinta e independiente a la propuesta de reestructuración tarifaria residencial que la Aresep planteó semanas atrás.
Mora recordó que la definición de políticas públicas y planes regionales es de competencia del Ejecutivo, y este Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias, corresponde precisamente a una política nacional en Energía.
“La Aresep está sujeta a los planes nacionales de desarrollo, pero goza de independencia técnica y tiene competencias exclusivas y excluyentes en materia tarifaria. Por ello, estamos a la espera de la publicación formal del decreto para iniciar el análisis técnico, su alcance e implicaciones, precisamente porque tenemos la responsabilidad de ver que no haya invasión de competencias tarifarias”, indicó el intendente.
El representante de Aresep, recordó que la aplicación de esta propuesta, al igual que el resto de trámites que realiza la entidad, está sujeta a los procesos de participación ciudadana previstos para tales efectos.
“Este es un plan diseñado para favorecer a nuestras familias más vulnerables y fortalecer la solidaridad que nos distingue como país. Surge de un amplio y participativo diálogo nacional, como una forma de reducir pobreza, fomentar equidad y mejorar la eficiencia energética”, enfatizó el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera.
