El empresario peruano israelí y testigo de la corona para la Fiscalía de Perú, Josef Maiman Rapaport, confesó que $20 millones que la constructora brasileña Odebrecht pagó como sobornos al expresidente de ese país, Alejandro Toledo Manrique, terminaron en cuentas bancarias de Costa Rica.
La información la dio a conocer el lunes el diario peruano El Comercio, con base en informaciones de fuentes del Ministerio Público de esa nación.
Maiman fue indagado en calidad de cómplice de su amigo, Alejandro Toledo, en una investigación por lavado de dinero relacionado con sobornos pagados por las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.
Estas constructoras resultaron beneficiadas con la construcción de una carretera interocéanica.
Maiman se acogió a la figura de “colaborador eficaz” de la Fiscalía de Perú, un recurso que permite entregar información a la justicia a cambio no recibir penas altas.
En Israel, ante el fiscal peruano Hamilton Castro, Maiman declaró que, a pedido de Toledo, sus compañías Warbury, Merhav y Trailbrige (con cuentas en Inglaterra, Israel y Suiza) se usaron para recibir dinero que Odebrecht canalizó a través de las sociedades offshore Klienfield Services Ltd, Intercorp Logistic e Innovation Research Engineering.
Esas firmas de papel se usaron para hacer llegar pagos, tanto a funcionarios peruanos como a otros en Argentina y Colombia.
Según el testimonio de Maiman, el dinero se transfirió a su empresa panameña Confiado International Corp. y, desde ahí, entre el 2006 y el 2010, se hicieron 35 transacciones a cuentas bancarias de las compañías costarricenses Milan Ecotech, Ecotaste Consulting, Sirlon Dash, en las cuales figuran allegados de Toledo, como su exjefe de seguridad y persona de confianza, Avraham Dan On.
Años después, el expresidente Toledo “pidió la transferencia del dinero a la offshore Ecoteva Consulting Group – presidida por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug- constituida el año 2012, en Costa Rica”, dice la información de El Comercio.
Maiman dijo en su testimonio que “todo el dinero terminó en Costa Rica”.
Esos fondos se emplearon luego para comprar dos lujosas propiedades en Perú.
Actualmente, hay $6,5 millones congelados en Costa Rica, en el Scotiabank, a solicitud de la Fiscalía peruana. La medida vence el 21 de febrero del 2018.
Josef Maiman es dueño de un conglomerado de empresas de hidrocarburos.
Polémico cierre de causa en Costa Rica
El dinero que ingresó a las cuentas de las empresas costarricenses se usó para constituir certificados a plazo con los cuales la suegra de Toledo respaldó un préstamo por más de $3 millones en el Scotiabank, mediante la figura del back to back (en la cual los bancos toman en garantía del dinero prestado los mismos certificados), según explicó meses atrás el fiscal de Legitimación de Capitales de Costa Rica, Luis Carlos Castro.
Ese préstamo a su vez se empleó para comprar lujosas propiedades en Perú.
La Fiscalía costarricense inició en el 2013 una investigación por legitimación de capitales; no obstante, en el 2015 solicitó el cierre de la causa.
En el expediente de ese caso se observa que, en el 2002, cuando Avraham Dan On, “para generar imagen de solvencia en el sistema bancario de Costa Rica, llenó formularios de Conozca a su Cliente en los que indicó que el volumen de sus ingresos era de $50.000”, puso como referencia al señor Luis Liberman, quien fue vicepresidente de Costa Rica (2010-2014) y quien había sido gerente del Scotiabank entre el 2005 y el 2009.
Sobre eso, Liberman ha dicho en entrevistas a medios de prensa que desconoce por qué Dan On dio su nombre como referencia.
En el 2015, cuando la Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica presentó la desestimación, el juez penal Manuel Rivera Solano la rechazó en tres ocasiones por considerar que “la Fiscalía no hizo ninguna investigación” y que se basó en “especulaciones”.
Sin embargo, el fiscal Luis Carlos Castro y el entonces fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Osvaldo Henderson, mantuvieron su criterio y el caso tuvo que cerrarse.
Esto a pesar de que, en la misma solicitud de desestimación, el fiscal Castro indicó: “pese a que las acciones celebradas en Costa Rica por sí solas constituyen la delincuencia investigada, debe tenerse en cuenta que existe una imposibilidad material de proseguir con la presente causa en virtud de que las personas investigadas se encuentran fuera del territorio nacional”.
Sobre ese argumento, el juez Rivera indicó: “No es que no existan las pesquisas para arribar a identificar partícipes en esta causa, sino que lo que existió fue una falta de investigación. O sea, no podrían individualizarse partícipes o responsables en esta causa porque no se hizo la investigación, no se hizo ninguna investigación; entonces el Ministerio Público no puede decir que no se han identificado partícipes o autores porque no se hizo ninguna investigación”, dijo el juez en entrevista con UNIVERSIDAD.
Recientemente, y luego de que UNIVERSIDAD publicó que la causa se cerró a pesar de las objeciones del juez Rivera, la Inspección Judicial abrió una investigación para evaluar lo sucedido en ese caso.
Dudas sobre gestión de Fiscalía
La gestión del Ministerio Público en los últimos años ha generado investigaciones en la Inspección Judicial. Recientemente, esa oficina abrió una causa para indagar sobre la desestimación que realizó la Fiscalía de Legitimación de Capitales en el caso de los dineros que ingresaron a Costa Rica provenientes de sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo.
Además, el fiscal general Jorge Chavarría fue suspendido del cargo el viernes, con goce de salario, mientras se investiga el ocultamiento de prueba que realizó la Fiscalía al pedir desestimar una causa en la que se investigaba a los diputados Otto Guevara y Víctor Morales, por el caso conocido como “cementazo”.
