Con más de 81.000 casos de COVID-19, más de 2.000 muertes a causa de la enfermedad y la mayoría de los países avanzando en la reapertura, el sector privado insiste en que los Gobiernos de Centroamérica deben aplicar medidas que protejan el empleo y la economía, sin descuidar la salud pública.
Nuestra pequeña región se enfrenta a la pandemia con diversas estrategias. En El Salvador, Nayib Bukele impuso por la fuerza tres meses de confinamiento absoluto, mientras que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega no ha implementado medida alguna.
Ante este panorama tan diverso, el sector empresarial surge en cada país con el mismo discurso: es necesario encontrar un balance y no detener la economía. Apertura de los sectores productivos, medidas de alivio fiscal para las empresas y flexibilización en la normativa laboral son algunas de las exigencias del sector.
“No hay dicotomía alguna entre la salud pública y la salud económica. Ambos elementos forman un binomio, son interdependientes y hay que encontrar el balance por el bien de la sociedad”, afirmó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
En Costa Rica, el país centroamericano con menos casos y menos fallecimientos (exceptuando Nicaragua que reporta 2.170 casos, pero se asume un enorme subregistro), el empresariado celebró que el Gobierno anunciara la aplicación de la estrategia “del martillo y el baile”, pues consideran que con ella se alcanzará el equilibrio entre la salud pública y la salud económica. No obstante, las medidas de reapertura han sido seguidas por un drástico aumento en el número de casos y alarmas por parte de las autoridades sanitarias sobre el riesgo de colapso del sistema de salud.
Las exigencias en cada país
Al 30 de junio se reportan 32,785 casos en Panamá, que recientemente anunció que pondría freno a las medidas de apertura. A principio de mes, el país dejó de aplicar las medidas restrictivas y, en pocos días, los casos se dispararon, sobrepasando los 1.000 diarios.
Empresarios e industriales han presionado porque se apliquen protocolos para el funcionamiento, flexibilización laboral y apertura por regiones, mientras sindicatos critican el riesgo que representa la reapertura y señalan perjuicio contra la fuerza laboral.
A principio de mes, Panamá anunció la apertura de la construcción, la minería no metálica, la pesca industrial, las tiendas de repuestos, talleres y servicios técnicos, y la pronta reactivación de aeropuertos, que luego postergó hasta el 22 de julio por el repunte del virus.
Este martes, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa emitió un documento exigiendo “plan de acción sanitario, social y económico inmediato que permita salvar vidas, proteger empleos y recuperar la economía” en el que proponen “la apertura segura por regiones y no por bloques, para una interacción más efectiva entre las empresas, sus clientes y sus proveedores”.
En días pasados, la prensa panameña reportó que empresarios y algunos sindicatos llegaron a un acuerdo para que la figura de modificación de los contratos de trabajo pueda utilizarse hasta el mes de diciembre. Tres sindicatos se retiraron de la mesa durante la negociación.
Mientras tanto, en Nicaragua, las cifras oficiales superan los 2.000 casos y las 70 muertes, mientras especialistas y profesionales en salud dudan de la amplitud del muestreo y la transparencia con que se maneja la información.
En el país vecino, han sido los sectores sociales y empresariales quienes, a falta de liderazgo del Gobierno, han implementado protocolos de protección y medidas sanitarias para prevenir el avance del virus.
En efecto, el sitio oficial del Gobierno nicaragüense no provee ninguna información sobre la pandemia, mientras que el del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) informa las estadísticas, protocolos recomendados y acciones implementadas en la lucha contra la COVID-19. Cosep ha llamado a las empresas a implementar medidas de protección y ha respaldado la recomendación del personal de salud de permanecer en cuarentena voluntaria.
Al mismo tiempo, el pasado 11 de junio emitieron un documento para exigir al Gobierno mejorar los sistemas de testeo para la detección del virus, tomar acción para aliviar el impacto económico de la pandemia, flexibilizar la normativa fiscal para empresas y personas, y respaldar la flexibilización de contratos incluyendo “adaptación de horarios, reducción de jornada, trabajo a distancia, suspensión parcial o colectiva”, así como reducir las cargas sociales a las empresas y trabajadores.
En El Salvador, que vivió un confinamiento obligatorio de tres meses, el Gobierno sostiene que es necesario extender esta medida, mientras los sectores empresariales presionan por sostener la apertura económica.
Según Alfredo Carías, periodista salvadoreño, el país ha perdido cerca de 300.000 a 400.000 fuentes de empleo, pues muchas empresas después de dos meses de confinamiento y cierre de negocios comenzaron a declararse en quiebra y despedir al personal sin darles su indemnización.
Alonso Elizondo afirmó que este fue el país que tomó medidas más drásticas, lo que causó una gran afectación a la economía. “Habría que ver qué tanta contención del virus logró”, dijo. A pesar del cierre absoluto, el país reporta 6.438 casos confirmados y 174 personas fallecidas.
Hasta el momento, Honduras ha reportado 18.818 casos positivos y 485 decesos. Este martes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le reclamó más transparencia sobre las medidas que están implementando y el número de pruebas realizadas. El país ha mantenido restricciones de tránsito para la población, pero a partir de junio comenzó a implementar medidas de reapertura.
Además de las medidas de suspensión de contratos y flexibilización laboral, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada insiste en la necesidad de realizar una apertura responsable más amplia y de que el Gobierno implemente acciones financieras y fiscales para paliar la crisis.
Si bien la organización había respaldado públicamente las acciones del Gobierno, según informó Proceso, el pasado 29 de junio se retiraron irrevocablemente de las “mesas multisectoriales para la apertura de los sectores económico y social comité de vigilancia y mesas de trabajo sector público y privado”.
En Guatemala, mientras tanto, con 17.409 casos y 746 muertos, la cercanía entre el sector productivo y el Gobierno ha sido evidente, pues se han aplicado medidas de cierre parcial y apertura en aparente consenso.
Según Karin Slowin, consultora en temas de salud y analista de política pública, hay presiones por la reapertura total a pesar de que el país nunca cerró del todo, sino que modificaron las formas de trabajo y “los camiones de industria alimentaria siguen circulando”.
La especialista aseguró que, aunque no se ha dicho públicamente, los principales brotes son en empresas maquileras y, “si no se hace tratamiento segmentado de la epidemia en la región metropolitana, es muy difícil pensar que va a pasar”.
Alonso Elizondo afirmó que después de Costa Rica, este ha sido el país que mejor ha logrado establecer un equilibrio entre las medidas de salubridad y la protección de las empresas y, por tanto, el empleo.
