La empresa Datasys Group S.A., que ha ganado múltiples contrataciones públicas, realizó una declaración jurada en la que afirmó estar al día con “el pago de impuestos nacionales, renta, venta, patentes y otros”, pero, en realidad, tenía una millonaria deuda con la Municipalidad de Desamparados, superior a los ₡138 millones.
Así se desprende de una serie de documentos a los que UNIVERSIDAD tuvo acceso, relacionados con el proceso de licitación 2021LN-000001-0021600001, publicado en enero de 2021 y destinado a la contratación de un sistema sensorizado de control y administración de estacionómetros para la Municipalidad de Desamparados.
La declaración jurada tiene fecha del 27 de enero de 2021 y es firmada por Rodolfo Salazar, apoderado generalísimo de Datasys Group S.A. En este documento, Salazar declara “bajo fe de juramento, en conocimiento total de la penalidad que conlleva el falso testimonio y perjurio” que la empresa que representa está al día con las obligaciones citadas antes.
Sin embargo, un correo electrónico, del 30 de setiembre de 2021, muestra que el entonces auditor fiscal de la Municipalidad de Desamparados, José Aguilar, comunicó a varios funcionarios que Datasys arrastraba, desde marzo de 2019, un saldo pendiente que, para noviembre de 2021, sería de ₡138 millones, correspondiente al pago de patentes por una licencia comercial que la empresa obtuvo en 2018.
Ante esto, el 4 de octubre de 2021, la funcionaria Iliana Zamora, del Proceso de Adquisiciones, remitió a Datasys el oficio AI-AD-176-2021, donde pide a la empresa realizar el pago de Licencia Comercial (Patente Domiciliada) N°.12362, ya que a ese momento se encontraba “morosa”. En la carta, se explica que esto es necesario “para proceder a formalizar el contrato de parquímetros y cámaras” con la municipalidad en cuestión.
Empresa canceló menos de la mitad
El 22 de octubre de 2021, el representante de Datasys indicó a Zamora que, tras un “acercamiento” entre la empresa y la Fiscalización Tributaria de la Municipalidad, se logró un “acuerdo de pago”. Esto se gestó, según esa carta, el 11 de octubre de 2021.
Unos días previos a la anterior misiva, el 18 de octubre de 2021, la entonces gestora tributaria de la Municipalidad de Desamparados, Yolanda González, también citó la reunión que hubo con Datasys el 11 de octubre de ese año e indicó que se “formalizó” un “compromiso de pago” por alrededor de ₡59 millones, lo cual comprendía la deuda acumulada, solamente, entre marzo de 2019 y marzo de 2020.
González indicó esto en el oficio GS-AT-268-2021, dirigido a Norma Fonseca, quien ostentaba el cargo de coordinadora del Proceso de Licencias. En el documento, la gestora tributaria le ordena a Fonseca que “detenga la generación de pendiente” de la patente de Datasys a partir del 1 de octubre de 2021, para luego retirar la misma cuando la empresa estuviera al día con sus “obligaciones materiales”.
Fonseca respondió diez días después a González, mediante el oficio AT-LI-682-2021, donde le pidió que le otorgue el “aval” para realizar ese trámite y manifestó que procedería según lo indicado, pero “en apego” al deber de obediencia que se establece en los artículos 107 y 108 de la Ley General de Administración Pública.
Según el documento, además del acuerdo de pago y el trámite para el retiro de la licencia morosa, la empresa solicitó una nueva licencia para ejercer actividades económicas en el cantón: “Dentro de la legalidad, el otorgamiento de la licencia no era precedente”, dijo Fonseca, en declaraciones a este medio.
Ante este panorama, fue que la coordinadora del Proceso de Licencias insistió entonces en que la gestora tributaria otorgara expresamente su autorización. En conversación con UNIVERSIDAD, Fonseca aseguró que ella no recibió “presiones”, pero se acogió a las órdenes escritas y verbales que le hizo su superior.
Esta posición generó “preocupación” en González, según una réplica de siete páginas que hizo a Fonseca, donde finalmente otorgó el “aval” solicitado. En esta carta, del 8 de noviembre de 2021, la gestora tributaria hizo énfasis en que sus instrucciones no son “constitutivas de incumplimiento o delito alguno”.
El documento, identificado con el consecutivo GS-AT-283-2021, es bastante crítico con la postura de Fonseca y explica que, para febrero de 2020, la empresa ya había solicitado el retiro de la licencia, por lo que, según justificó González en la réplica, no se podrían exigir “cargos tributarios” acumulados posterior a esa fecha.
En poder de este medio está el documento donde, efectivamente, Datasys solicita el retiro de la licencia, el 6 de febrero de 2020. No obstante, el 11 de febrero de 2020, la misma Fonseca respondió que el trámite no se podría concretar, en tanto ya para ese momento la compañía se encontraba morosa, por lo cual, les instó a ponerse al día, en diez días hábiles, para continuar con la gestión. La empresa no hizo tal cosa y la licencia continuó activa, con la respectiva generación de nuevos cargos tributarios, lo cual finalmente desembocó en toda la situación antes descrita.
Como resultado final, la empresa se puso al día según lo pactado en el “acuerdo de pago”, en enero de 2022, por lo que, ya con el aval de González, la coordinadora del Proceso de Licencias procedió a retirar la licencia N°.12362.
Fonseca también comentó a este medio que “facilidades de pago”, como la aplicada a Datasys, “hoy por hoy” no se permiten en el municipio desamparadeño.
UNIVERSIDAD contactó a González para solicitar su posición sobre lo sucedido, sin embargo, manifestó que ya había aclarado lo sucedido ante otro medio de comunicación en una publicación anterior y que ella remitiría a este medio los documentos respectivos. Al cierre de edición, la otrora gestora tributaria no había enviado la información.
Caso menciona al exalcalde y diputado Gilbert Jiménez
En el correo que Aguilar remitió a varios funcionarios municipales, citado en los primeros párrafos de esta nota, se señala que tanto el entonces alcalde de Desamparados, Gilbert Jiménez, así como otra funcionaria, Fannie Alvarado, conocían sobre la deuda de ₡138 millones que mantenía Datasys con la municipalidad y que, a la vez, pronto se firmaría un contrato con esta empresa.
UNIVERSIDAD contactó a Jiménez, actualmente diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien aseguró que desconocía los detalles del tema:
“En ese caso, nunca subió (a la Alcaldía) ningún tipo de apelación u objeción o el arreglo que se hizo con la parte tributaria o la parte de regularización y, por tanto, no conozco cuál fue la acción o la negociación o la determinación que se tuvo al final”, dijo Jiménez a este medio.
Este Semanario consultó, tanto a González como Fonseca, si el congresista tuvo cuenta de este caso, pero ambas indicaron que no tienen conocimiento de que eso haya sucedido.
Hijo del diputado trabaja en Datasys
Gilberth Jiménez Hernández, hijo del congresista, comenzó a trabajar en la empresa Datasys en enero de 2021, el mismo mes en que se publicó la licitación de los estacionómetros para la Municipalidad de Desamparados, según consta en su perfil personal de BeBee, una plataforma para la búsqueda de empleo. La página detalla que, hasta la actualidad, Jiménez (hijo) ocupa el puesto de service manager junior en esa compañía.
Al respecto, Jiménez (padre) fue enfático en que no existe relación entre ambas cosas: “Él se ha movilizado totalmente solo y parece una injusticia que alguien venga y diga que he hablado por él, porque nunca he hablado por él en ninguno de los cargos que ha tenido”, dijo el congresista. El exalcalde reiteró que nunca ha “movido un dedo” para ayudar a su hijo en temas laborales.
“Siempre he sido transparente; nunca me he prestado a un acto irregular, ni mucho menos ilícito de ninguna índole, ni ningún aspecto, ni he favorecido absolutamente a nadie en nada”, concluyó el legislador.
Posición de Datasys
En declaraciones a este medio, la directora regional de mercadeo de Datasys, Irene Rojas, señaló que la empresa siempre ha sido “diligente” en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias:
“Con respecto a la presunción de que nos encontrábamos morosos al momento de la licitación, es importante aclarar que estas afirmaciones son completamente infundadas y falsas”, dijo Rojas, pese a que las fechas de la declaración jurada, el “acuerdo de pago” y demás documentos apuntan hacia una versión diferente.
Según los comentarios de la directora de mercadeo, la empresa se puso al día en la fase de valoración de ofertas y sus actuaciones estuvieron en el marco de legalidad.
Sin embargo, la última verificación de ofertas fue el 29 de junio y la aprobación de la recomendación del acto de adjudicación fue el 27 de agosto, por parte del entonces alcalde Jiménez. A esa fecha, los documentos muestran que la compañía seguía morosa, como se desarrolló en este artículo.
“Cuando inició el proceso de contratación, la administración de Datasys Group identificó una mora en el pago de una licencia comercial en desuso. Ante esta situación, no hubo ningún tipo de negociación especial ni trato preferencial. Datasys Group, al igual que cualquier otro proveedor, cumplió con el procedimiento establecido y regularizó el pago correspondiente”, indicó Rojas.
Sobre la contratación de Jiménez (hijo), la vocera de Datasys dijo que es una labor del departamento de Desarrollo Humano y que, a la fecha, no existe “conflicto de interés alguno”.
“Cabe señalar que los superiores jerárquicos de la Municipalidad de Desamparados no intervienen en la ejecución de estos procedimientos, ya que su desarrollo está sujeto a las disposiciones legales y a los principios de transparencia y equidad que rigen la contratación pública”, añadió la encargada de mercadeo.
