La oposición se diluye alrededor de la Ley Marco de Empleo Público (21.336). El controversial proyecto apenas mantendría votos negativos de los diputados oficialistas Paola Vega y Welmer Ramos; el frenteamplista José María Villalta; y los dos miembros de la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Todos estos han presentado mociones para corregir el proyecto de ley.
“Por supuesto que votaremos en contra. Hemos sido una fracción muy clara. Hemos tenido una posición real y usamos el tiempo disponible con respecto al reglamento”, aseguró Wálter Muñoz a UNIVERSIDAD, quien defendió ante el plenario un total de 80 mociones de revisión, después de que fueran rechazadas por completo.
“Amenaza la democracia con un régimen prácticamente controlador de varios Poderes del Estado, instituciones y municipalidades, desde el Ministerio de Planificación. Está en juego la independencia de poderes que es lo más grave, (es necesaria) para poder gobernar en una democracia”, enumeró Muñoz sobre el proyecto.
“En una ley de este calibre no hay margen para posiciones tibias o tonos grises”, Paola Vega (PAC)
El principio de la división de poderes sería el eje de una futura consulta facultativa ante la Sala Constitucional. Pero eso ocurrirá hasta aprobado en primer debate, arrastrando ese y otros problemas.
“Yo estaría votándolo pero haría una consulta de constitucionalidad muy fuerte con los temas del papel de Mideplan; el salario global; las licencias de maternidad y paternidad, y su contenido presupuestario. La moción 80 que se aprobó le cayó encima a varios artículos, entonces hay temas que estoy seguro que la Sala IV va a devolver a Comisión de Gobierno (que tramitó el proyecto antes de llegar al plenario) porque no se van a poder resolver con la Comisión de Redacción. Si se hace eso, hay una flagrante falta a la técnica legislativa”, explicó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, ocasional crítico del proyecto.
En entrevista, Abarca mencionó que diputados de su fracción que podrían votar en contra del proyecto son Pedro Muñoz (ahora precandidato presidencial), Aracelly Salas, Óscar Cascante y Shirley Díaz. UNIVERSIDAD buscó a los cuatro para confirmar esta afirmación de su futuro jefe de fracción, no obstante, Muñoz, Salas y Cascante no respondieron.
Díaz afirmó que, tras ser aislada por tener contacto con un caso positivo de COVID-19, está “convaleciente y prefiero mantenerme en reposo” de sus tareas con el Congreso.
De parte de la fracción de Restauración Nacional, según se pudo cotejar con actas del Congreso, existen apoyos al plan de Empleo Público del Gobierno.
PLN con las manos en la Sala
A pesar de ofrecer cuestionamientos al proyecto, el diputado y precandidato presidencial del PLN, Roberto Thompson, votaría en forma positiva, junto con el resto de su fracción.
En noviembre del 2020, antes del dictamen del proyecto, promovió un proyecto “alternativo” con el diputado Pedro Muñoz, pero que no se lanzó a la Asamblea Legislativa. Ahora Thompson dice que se lograron resolver sus críticas sobre que había que “reforzar el Servicio Civil” y “fórmulas ordenadas para hacer la transición del Salario Global”.
“Yo no le puedo decir que el proyecto está en las mejores condiciones. Ha habido mucha moción aprobada y otras rechazadas que, probablemente, no lo hacen blindado a dudas de constitucionalidad. Pero, bueno, yo sí voy a votarlo en primer debate y vamos a esperar a la Sala Constitucional para ver qué determina”, afirmó Thompson a este semanario.
El proyecto debe estar aprobado en mayo para cumplir con la agenda del préstamo que dará el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con declaraciones del martes 27 de abril del ministro de Hacienda, Elián Villegas. O sea, los tiempos se contradicen. Para cumplir con el Ejecutivo, en el Congreso todo deberá fluir, sin nuevos giros.
David Gourzong fue el único liberacionista que advirtió desde la Comisión de Gobierno que su voto está condicionado a mantener a la Dirección de Servicio Civil como ente técnico. Ese elemento fue incumplido tras aprobar la moción 80, presentada por la verdiblanca Yorleni León porque devolvió al Mideplan ese cuerpo de potestades (y Gourzong, coherente, votó en contra de dicho cambio en el plenario).
Para este artículo, el diputado opositor dice que está esperando definir su voto después de recibir las consultas técnicas “a las organizaciones y entidades públicas, además de las consultas que supongo se harán a la Sala Constitucional para garantizar la legalidad del proyecto”.
“Me parece necesario esperar dichos procesos para definir mi posición final sobre la aprobación o no de un proyecto tan importante para el país”, afirmó Gourzong a UNIVERSIDAD en un mensaje de texto.
Opositores acusan incoherencias
Ahora, el apoyo a Empleo Público toma tintes presidenciales.
“Ahora que están en campaña, con el cálculo, entre sus partidos, están cambiando el discurso. Ninguno de ellos representa una verdadera oposición al Gobierno”, acusa Wálter Muñoz sobre las posiciones de Pedro Muñoz y Roberto Thompson.
Desde el PAC, Welmer Ramos apoya una eventual reforma de empleo público pero está claro que no es esta. Votará en contra del 21.336.
“Yo estoy a favor de que tenemos que hacer reformas al régimen salarial para ordenar la dispersión que hay en el sistema y evitar abusos. Pero al régimen de empleo público se le están haciendo modificaciones que vulneran la autonomía y división de poderes. Ahí yo no puedo estar”, afirmó Ramos.
El diputado dice que “dado que se planteó mal desde el principio porque se abordaron temas inconstitucionales, a través de mociones ha sido muy difícil enmendarlo”.
No obstante, también, en la negociación política del Congreso ingresó una cláusula de objeción de conciencia para que funcionarios públicos soliciten dispensas de capacitaciones que vulneren “sus convicciones religiosas, éticas y morales”.
“Tienen un doble discurso. Sabemos que PUSC, Liberación, Restauración y PAC estuvieron unidos en Reforma Fiscal, Ley de huelgas y ahora con Empleo Público”, Wálter Muñoz (PIN)
En redes sociales, los comentaristas presionan a que la precandidata Carolina Hidalgo manifieste una opinión sobre ese tema y otros compromisos (incluyendo blindar la autonomía universitaria). UNIVERSIDAD llamó y envió mensajes a la diputada, sin lograr respuesta.
Por su parte, su compañera Paola Vega, quien ha sido visceral en acusar al Ejecutivo de impulsar un proyecto inconstitucional, estima que el Empleo Público es un tema sin grises.
“Veo reprochable que una persona consciente de los errores que tiene la ley, y una persona que en plenario indique o se lamente por los temas de la autonomía y objeción de conciencia, pero que no lo demuestre con un voto negativo en primer debate, es una posición incoherente”, afirmó Vega en entrevista.
