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Empleados Públicos que rechacen vacuna contra el COVID-19 se enfrentarán a multa de ₡462 mil y denuncia ante el Ministerio Público

Estas acciones disciplinarias se tomarán ante la entrada en vigencia del decreto que establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en el sector público el próximo 15 de octubre.

El Gobierno de la República informó este martes por la noche que los trabajadores que se rehúsen a vacunarse contra el COVID-19 sin una justificación válida se enfrentarán a un procedimiento administrativo, una multa de ₡462 mil e incluso una denuncia ante el Ministerio Público. 

Estas acciones disciplinarias se tomarán ante la entrada en vigencia del decreto que establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en el sector público el próximo 15 de octubre.

Estas medidas serán la última vía, antes de esto, los empleados públicos que no quieran vacunarse deberán someterse a una campaña de sensibilización con el fin de que aclaren sus dudas y se vacunen de forma pronta.

Luego de esto, los empleados  que hayan rechazado la vacuna tendrán entre 5 y 10 días hábiles para cumplir la orden de inmunizarse. Una vez agotado el plazo, se afrontarían a las medidas disciplinarias. 

El Gobierno acordó también que los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar el 5 de noviembre un informe sobre la vacunación de su personal, ante la entrada en vigencia el próximo viernes de la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios del sector público.

De acuerdo con la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, el informe tendrá la cantidad de personal con esquema completo, la cantidad de personas con primeras dosis, la cantidad con certificado de contraindicación médica para esta inmunización y la cantidad de personas no vacunadas.

Para obtener toda esta información, las entidades deberán verificar la vacunación de cada funcionario, así como la justificación médica de aquellas personas que tengan contraindicaciones.

En cada entidad, los encargados del manejo y protección de la información serán los consultorios médicos o, en su ausencia, el Área de Salud pertinente; al Ministerio de la Presidencia solo llegarán datos generales sin detalles individuales ni sensibles, aclaró el Gobierno.

El 27 de septiembre anterior, la Universidad de Costa Rica, anunció la obligatoriedad de la vacunación para todos los funcionarios administrativos y docentes de la institución. Para tal efecto, la institución habilitó un apartado en el Portal UCR donde se debe realizar la verificación, la cual se puede realizar mediante una fotografía por ambos lados del carné de vacunación (nacional y extranjero) o con la certificación elaborada por el Ministerio de Salud.

“De incumplirse con la disposición, se tomarán las medidas que a derecho correspondan según comunique oportunamente esta Rectoría”, indicó la institución que dio plazo hasta el 15 de octubre para realizar la declaración.

Hasta el lunes de esta semana,  la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) había aplicado 5.921.089 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Del total de dosis aplicadas 3.525.260 corresponden a primeras dosis, mientras que 2.395.829 a segundas.

En la última semana, los equipos vacunadores de la CCSS aplicaron 160.796 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

 

 

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