Un trabajador del sector público, con cinco, 10 o 20 años de antigüedad, que no ha cometido faltas y que gana menos de lo que debería ganar en su puesto, no podrá recibir un ajuste salarial una vez que entre a regir un salario global, de aprobarse la Ley Marco de Empleo Público. Mientras que un trabajador con cero antigüedad, en el mismo puesto y con las mismas funciones, entrará a ganar un salario mayor, según el salario global.
Así quedó estipulado en el texto del proyecto de ley que se discute en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. La Comisión terminó hoy de revisar las 771 mociones que tenía el texto, el cual pasa ahora a ser estudiado por el plenario legislativo.
En el Gobierno Central hay trabajadores cuyas bases salariales son muy bajas porque están desactualizadas y su salario está subvalorado; y la definición técnica de salario global implicaría que se les ajuste el salario a estas personas, según el monto que es justo para su cargo. Sin embargo, el proyecto de ley les prohibiría a estos trabajadores hacer el ajuste.
Se presentaron dos mociones (437 y 438); una presentada por los diputados Rodolfo Peña y Pablo Heriberto Abarca y otra por José María Villalta. Ambas proponían que se modifique el Transitorio XI sobre los trabajadores públicos que ganen un salario compuesto a la entrada en vigencia de la ley.
El cambio proponía que: “Quienes devenguen un salario compuesto menor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global, podrán trasladarse voluntariamente al salario global que corresponda a su categoría”.
Loa diputados que rechazaron las mociones con sus votos fueron: Jorge Fonseca (PLN), Wagner Jiménez (PLN), Víctor Morales (PAC), Jonathan Prendas (Independiente) y Zoila Rosa Volio (Independiente). Los únicos que votaron a favor fueron Dragos Dolanescu (Independiente), David Gourzong (PLN) y Rodolfo Peña (PUSC).
El legislador Peña declaró: “Por un tema de justicia consideramos que todos los funcionarios actuales deben trasladarse al salario global”.
Peña explicó que esto afectará a miles de funcionarios con muy buena calificación, que tienen muchos años de ocupar un puesto, que nunca se han incapacitado, que tienen evaluaciones de desempeño perfectas, que han hecho crecer a la institución, pero que hoy tienen un puesto con un salario que estará por debajo del salario global. Pero los nuevos funcionarios que se contraten ocuparán el mismo puesto, de la misma familia y categoría salarial, con mayor salario.
“Esto será motivo para que este proyecto se caiga en la Sala Constitucional; no pueden haber dos diferencias de salarios tan marcadas”, afirmó Peña.
“Lo lógico y justo y jurídicamente procedente es que los que están ganando menos de ese salario técnicamente definido puedan pasarse al salario global y poder equiparar su salario”, dijo el legislador Villalta.
Villalta también insistió en que esto compromete la constitucionalidad del proyecto “porque al fijarse el salario global va a haber un parámetro que según el Estado y toda la lógica de esta ley, es el salario justo y es el salario”.
“¿Cómo la ley le va a decir a esos trabajadores ‘no, usted no puede ganar eso; el salario global es solo cuando le sirve al patrono, es decir, el Estado’. Eso no es defendible jurídicamente desde el punto de vista de igualdad y equidad salarial. Es una medida arbitraria”, añadió Villalta.
Según la ministra de Planificación Pilar Garrido, ajustar esos salarios significarían una erogación de ¢32.000 millones el primer año; por lo que propone que el ajuste sea de manera escalonada a lo largo de 10 o 12 años.
Tanto Villalta como Pablo Heriberto Abarca -quienes son diputados invitados en la Comisión -, como Rodolfo Peña, alertaron que las demandas laborales que se generarán, posiblemente superarán estos ¢32.000 millones de colones e incluso tendrán costos mucho mayores.
Abarca aclaró que básicamente lo que los diputados hicieron fue determinar que el nuevo salario global solo lo tendrán los nuevos empleados; mientras que los empleados viejos seguirán teniendo el mismo salario.
“¿Ustedes quieren exponer a Costa Rica a ese riesgo de litigio por 12 años?”, preguntó Abarca. “¿Ustedes creen que esto es sostenible en la Sala Constitucional?”, cuestionó el legislador.
