País Asamblea Legislativa

Trabajadores municipales protestan y alcaldes se reúnen con diputados liberacionistas para que excluyan a municipalidades de Ley de Empleo Público

Las dos entidades que agrupan a las autoridades políticas del régimen municipal, la ANAI y la UNGL, también están en contra del proyecto de Ley de Empleo Público.

Mientras un numeroso grupo de trabajadores municipales se hizo presente esta mañana frente al edificio legislativo, para pedir que las municipalidades sean excluidas del proyecto de Ley de Empleo Público; se canceló la Comisión de Gobierno y Administración paraque los diputados tuvieran una “sesión de trabajo” privada con la ministra de Planificación Pilar Garrido; y diputados liberacionistas se reunieron con alcaldes para construir mociones de consenso.

Esta mañana trabajadores de diversas municipalidades del país convocados por las seccionales de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa, en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Henry Varela, trabajador en la Municipalidad Tibás, comentó que se oponen al proyecto porque está “en contra de la autonomía municipal”, y porque “vendría en detrimento de las actividades económicas del cantón, las obras sociales, culturales, deportivas y de infraestructura a nivel de los 82 cantones que se verían afectados”. “No puede ser que este Gobierno quiera organizar en Mideplan el Gobierno de las municipalidades; cada municipalidad tiene su propia autonomía”, expresó Varela.

Albino Vargas: «Es un proyecto meramente ideológico»

Afuera del edificio legislativo, los trabajadores municipales leyeron un manifiesto, en el que se declara, entre otras cosas, que dicho proyecto “somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales”.

Los trabajadores también destacaron que la Asamblea Constituyente de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política de Costa Rica, consagró la Autonomía Municipal “como una de las piedras angulares del nuevo proceso republicano que se abrió con la promulgación de esa Carta Magna”.

Dicho manifiesto fue entregado al presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, quien atendió a una delegación de las seccionales municipales.
“Fue básicamente un intercambio de pareceres; él alegó no conocer muchas cosas del régimen municipal, de su dinámica y de su historia”, comentó Vargas sobre la reunión. “Por lo menos uno le agradece que tuvo la gentileza de bajar hasta la barrera policial y acceder a mi petición de que recibiera a una delegación de tres dirigentes municipales”, añadió.

Contrario a lo que afirman quienes impulsan el plan, Albino Vargas recalcó que él no cree que el proyecto de empleo público sea para hacer justicia salarial, sino que es “meramente ideológico”. “Busca establecer un Estado central autoritario, como lo había en los años 40, antes de que hubiera aquí en Costa Rica una guerra civil; y busca consolidar una reducción de la incidencia política de la mano sindicalizada del sector público en los procesos de transformación de la sociedad”, dijo en entrevista.

Actualmente hay 474 mociones de fondo presentadas al proyecto de ley, que se discuten en la Comisión de Gobierno y Administración; pero el proceso se encuentra entrabado. Hoy, por ejemplo, la comisión debía sesionar a las 6pm.; pero la sesión fue cancelada. No obstante, los diputados de la comisión tuvieron una “sesión de trabajo” con la ministra de Planificación Pilar Garrido.

Dentro de esas 474 mociones, el diputado José María Villalta (Frente Amplio) ha interpuesto una moción para excluir a las municipalidades del proyecto de ley, acogiendo la propuesta presentada por las seccionales de Anep, la UNGL y la ANAI.

Los alcaldes liberacionistas y Empleo Público

Las dos entidades que agrupan a las autoridades políticas del régimen municipal, que son la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) están en contra del proyecto. En el diputado liberacionista Gustavo Viales informó a este medio que legisladores del PLN se reunieron con personeros de gobiernos locales y de la ANAI para ver mociones de consenso.

En entrevista con UNIVERSIDAD, Viales señaló: “De alguna forma, están trabajando mociones que les permitieran tener una incorporación en el proyecto, que no pudiera lesionar la autonomía del régimen municipal; pero esas mociones están en discusión dentro de la Comisión (de Gobierno y Administración) y también son parte de las cosas que la fracción liberacionista tendrá que discutir”, dijo Viales.

“No ha existido discusión a nivel de partido. Hemos abierto, para eso, el canal de comunicación en la fraccción para que puedan evidenciarse las dificultades que se tienen para que se puedan traducir en mociones y sean discutidas. No ha habido discusión, el directorio del PLN se reúne hasta el miércoles”, comunicó el legislador.

Consultado sobre el poder de negociación que podrían tener los alcaldes liberacionistas ante la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Albino Vargas opinó: “lo que ocurre es que en la fracción de Liberación Nacional, la hegemonía no la tienen ni los alcaldes ni los que tienen ideas afines a los alcaldes. La hegemonía la sigue teniendo un tipo como Carlos Ricardo Benavides, que es tutelado políticamente por los hermanos Arias Sánchez y los intereses oligárquicos financieros que representan ellos”.

“En estos momentos en Liberación Nacional hay dos corrientes de pensamiento; una obviamente con más poder que la otra. La de los alcaldes tendría que incrementar su presión para poder lograr el objetivo, que es que las municipalidades no estén en ese proyecto”, refirió Vargas.

Los consejos de la Contralora Marta Acosta

Por otra parte, un diario de circulación nacional publicó hoy un artículo de opinión exclusivo de la Contralora General de la República, Marta Acosta, en el que pidió a los diputados aprobar una ley de empleo público sin exclusiones. Según escribió Acosta, “no deberían existir excepciones a la aplicación de esta eventual ley, pues, de ser así, continuaría un alto nivel de atomización y dispersión normativa y, también, preservaría las desigualdades. Nuestro consejo es que no se excluya ningún grupo institucional”.

Al respecto, Albino Vargas también opinó. “Doña Marta Acosta es una especie de soldado ideológico del capital. Se ha comportado como una operadora política de la oligarquía financiera en su movimiento de fichas para tener todo el control del aparato del Estado. Es lógico que doña Marta Acosta pensara como escribió, no podíamos esperar otra cosa”.

(*) Colaboró con esta información la periodista Natalia Díaz.

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