El crecimiento de la desigualdad es en sí mismo una “amenaza a la paz interna” de los países y no se resolverá en tanto no se atienda una de sus causas más apremiantes: el necesario empoderamiento de “las mujeres más pobres de modo que puedan tomar decisiones acerca de sus vidas de manera independiente”.
La voz de alerta ante esta realidad fue alzada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), al presentar el pasado 17 de octubre su informe del Estado de la Población Mundial 2017, titulado Mundos Aparte: La Salud y los Derechos Reproductivos en Tiempos de Desigualdad”.
Según el informe, la falta de provisión de servicios de salud reproductiva para las mujeres más pobres, lo cual incluye la planificación familiar, puede “debilitar economías y sabotear el avance hacia el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) número uno: eliminar la pobreza”.
Sin embargo, la Oficina del UNFPA en Costa Rica enfatizó al divulgar la información que esa realidad no elude a este país, que de hecho mantiene serias tareas pendientes al respecto.
Por ejemplo, el UNFPA cruzó datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el sentido de que en Costa Rica el 15,8% de la población acapara el 50, 7% de los ingresos, con cifras del Sistema de Indicadores y Estadísticas de Género del mismo INEC y del Instituto Nacional de la Mujer, según las cuales las mujeres en el país dedican casi 38 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado, más del doble que los hombres.
La desigualdad se mide a través del llamado coeficiente de Gini, según el cual el “0” es indicador de un estado de igualdad total y el “1”, de total desigualdad. De acuerdo con datos del INEC, Costa Rica pasó de una puntuación de 0,413 en el 2000, a 0,422 en el 2006, 0,597 en el 2010 y llegó a alcanzar 0,521 en el 2016.
Paula Antezana, representante auxiliar del UNFPA en Costa Rica, calificó como “preocupante” ese aumento de la desigualdad en Costa Rica, “una realidad que hace unos 20 años no tenía, se está equiparando al resto de Latinoamérica”.
Antezana ponderó que si bien Costa Rica presenta un nivel de desarrollo humano aceptable, lo que revela el comportamiento del coeficiente de Gini es que “hay grupos importantes de población que se están quedando atrás”.
“Este tren de la prosperidad no está llevando a todas las personas, más bien hay grupos que se han quedado en algunas paradas en situación de mucha vulnerabilidad y Costa Rica tiene que reflexionar y actuar en relación con estos grupos, porque no podrá haber justicia social ni desarrollo si estos conglomerados cualitativa y cuantitativamente importantes se quedan atrás”, expresó la funcionaria.
“Decir que la desigualdad tiene cara de mujer, como que la pobreza tiene cara de mujer, sigue siendo una realidad”, acotó.
LOS “NUDOS”
Al respecto, destacó el problema de la erradicación del embarazo en la adolescencia, “uno de los grandes nudos que tiene Costa Rica”.
Llamó la atención a que en el tema de la fecundidad a nivel global, Costa Rica tiene niveles “prácticamente de país desarrollado”, con 1,8 hijos o hijas por mujer en la edad reproductiva de 15 a 49 años; pero al entrar en el detalle de sectores de la población, se encuentra por ejemplo que en el caso de las adolescentes de 15 a 19, la tasa de fertilidad es mucho más alta, 56 hijos e hijas por cada mil adolescentes.
Subrayó en ese sentido que “esto es un nudo crítico muy importante, porque iniciamos desde muy tierna edad el ciclo de la pobreza, que se perpetúa de una forma muy grande cuando además la chica de 14, 15, 16 años tiene responsabilidad de cuidar a un hijo o hija, esa es una causa de reproducción de la pobreza muy fuerte”.
Larissa Arroyo, abogada de la Asociación Ciudadana Acceder, observó en primera instancia que la realidad descrita por el informe del UNFPA “es algo que hemos denunciado histórica y particularmente las feministas”, pero que no siempre se cuenta con los datos para comprobarla.
Destacó que “mas allá de esos números, lo cierto es que el hecho de ser mujer implica no tener reconocido el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y vida” y que ello afecta el acceso a otros derechos como la educación, trabajo y proyectos de vida en el tema económico.
Calificó como grave el hecho de que tales restricciones en la toma de decisiones sobre cuerpos y vidas logran “sostener roles y estereotipos de género”, que se traducen en expectativas sobre las mujeres que no solo tienen que ver con maternidades obligatorias y el cuido, “sino en sostener barreras objetivas y subjetivas como el acceso a puestos de decisión, también el tema de doble y triple jornada y la brecha salarial”.
Para Arroyo, las cifras “no asombran pero indignan”, y añadió sin demasiado optimismo que esperaría a partir de esta información que los estados, en particular Costa Rica, tomen acciones para tener medidas afirmativas de mayor inclusión de grupos vulnerables como las mujeres.
SOCIEDAD PATRIARCAL
Gabriela Arguedas, Investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de la UCR, criticó el hecho de que en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres “se avanza mucho en lo formal” en acuerdos que llegan a ser tratados internacionales, pero “ Costa Rica firma todos los convenios internacionales de derechos humanos, incluyendo los que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y luego se hace como si no hubiera formado nada”.
Arguedas, quien también es profesora de bioética, denunció la existencia de “un bache entre lo que se le exige al Estado desde el derecho internacional y lo que hacen los operadores judiciales como la Sala Constitucional o los demás tribunales y ni hablar de la Asamblea Legislativa”, donde según dijo la situación “es decadente, la gente que llega a la Asamblea Legislativa es de una ignorancia apabullante, se pasan el ordenamiento jurídico por donde mejor pueden”.
Tras apuntar que el avance de los derechos sexuales y reproductivos se ha visto menoscabado a nivel continental por las posiciones de gobiernos también de izquierda que han debilitado el sistema interamericano de derechos humanos, la investigadora subrayó la importancia de “generar ciudadanías mejor informadas, más participativas y exigentes”.
Sobre la inquietud de por qué cuesta avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, Paula Antezana observó que el tema está “muy enquistado en creencias culturales, estereotipos” y que por ello el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres a la autonomía de su cuerpo, a decidir sobre su sexualidad y sobre su fertilidad, “pareciera que rasga fuertemente los patrones culturales en que está asentada la sociedad patriarcal”.
Ante la pregunta de si esas creencias culturales incluyen ciertos fundamentalismos religiosos, la funcionaria replicó que sí, “fundamentalismos muy desinformados que han tergiversado todo el tema de la igualdad de género, que es un tema absoluto de derechos humanos en que no podemos dar un paso atrás”.
Aseveró que a través de los datos presentados por el UNFPA y los cuestionamientos que implican “vemos que aún tenemos piedras muy grandes que acarrear en estos temas de derechos sexuales y reproductivos, nos hacen realmente meditar y volvernos a plantear las prioridades y razones por las cuales hablamos de la igualdad de género como un requisito sine qua non para lograr la justicia social”.
