Esta campaña electoral ha sido tan atípica que saltan a la vista pública una gran cantidad de preguntas razonables sobre cuál es el futuro de la democracia costarricense y qué nos jugamos en las justas electorales que se finiquitarán en la segunda ronda el próximo 1° de abril. ¿Cómo enfrentaremos las profundas divisiones ideológicas y éticas que parecen haber creado centro de gravedad en la discusión electoral que ya casi termina? ¿Cómo se articulará el gobierno, sea cual sea el partido ganador? ¿Cómo se estructurarán las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo después de esta campaña? ¿Cómo enfrentará el nuevo gobierno, independientemente de quién gane, los enormes retos y desafíos que debe encarar a partir del 8 de mayo?
Porque de algo de lo que sí podemos tener toda la certeza es que el próximo Gobierno tendrá que lidiar con una situación verdaderamente preocupante. Una crisis fiscal sin precedentes, que nos entrega un país prácticamente quebrado; una pobreza estructural que no baja y que sigue dependiendo de los esfuerzos asistenciales de un gobierno que no tiene plata ni para pagar salarios; un inmovilismo voraz y anquilosado en materia de construcción de obra pública e infraestructura; una inseguridad galopante, con fuerte presencia de los brazos de la economía criminal globalizada; una sensación de desconfianza y pesimismo en la población sobre el futuro que nos espera y una sociedad dividida en temas que tradicionalmente se habían mantenido fuera de la línea de contención ideológica del sistema de partidos.
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La tipicidad de lo atípico. Si utilizamos la tipología del politólogo italiano Geovanni Sartori (2005, Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza) se nos puede dilucidar las bases históricas y estructurales de los desarrollos políticos recientes que tienen en vilo al país. Si partimos de la fundación de la llamada Segunda República (1949), está claro que nuestro sistema de partidos se artículo bajo el modelo del partido dominante: de las justas electorales de 1953 hasta las elecciones de 1982, Liberación Nacional marcó la pauta tanto electoralmente, como en términos del proyecto político que le era ínsito, es decir, el modelo del Estado intervencionista y de bienestar. A partir de este último año y hasta finales de siglo, el modelo se decantó por el bipartidismo, una lucha política equilibrada entre Liberación y el naciente Partido Unidad Social Cristiana en la que el partido ganador terminaba obteniendo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y gobernaba solo.
Pero las cosas empezaron a cambiar con el nuevo siglo y se empezó a decantar un sistema de partidos de pluralismo moderado. Lo primero que salta a la vista es el surgimiento de un nuevo partido que empieza a cuestionar el status quo, el Partido Acción Ciudadana (PAC), que en la campaña del 2002 irrumpe con fuerza y mueve el piso de un bipartidismo acostumbrado a repartirse el poder sin mayores inconvenientes. Pero el PAC no es la única fuerza que empieza a ganar relevancia en los procesos electorales, pues surgen una serie de agrupaciones políticas que empiezan a ganar terreno y a perderlo, según el vaivén electoral. Aparecen el Partido Movimiento Libertario, como expresión más clara de la derecha liberal; el Partido Frente Amplio, como su Mefistófeles de izquierda, y algunos partidos pequeños que vienen y van, como el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), el Partido Unión Nacional, y los llamados partidos “cristianos” que han mantenido representación desde entonces. En efecto, nos encontramos imbuidos en un sistema de partidos pluralista en el que el poder se diluye entre varios actores políticos, lo que se tiende a traducir en “segundas rondas” sistemáticas, y en el que ninguno de los partidos ganadores puede gobernar solo, simplemente porque no logran mayoría absoluta en el congreso.
Una campaña “postmaterial”. Estas características del sistema de partidos se han configurado a lo largo de los últimos tres lustros, pero no hay duda que en esta campaña hubo cambio clarísimo en el imaginario político. Algunos temas tradicionales, como la cuestión de la vida humana antes de nacer y la restructuración de la familia natural (heterosexual) habían tenido presencia en la agenda pública, pero no como para marcar diferencia hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea las condiciones para que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, a partir del poder conferido a ese órgano internacional.
Esta situación generó un shock político que llevó a dos candidatos, que venían en la retaguardia del pelotón, a colocarse en los primeros lugares, al punto de pasar a segunda ronda. Lo impensable: Fabricio Alvarado, único diputado de Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, representante de un oficialismo alicaído y cuestionado, por imperio de esta discusión política “postmaterial” –que irrumpió con fuerza en la escena política–, terminaron polarizando apoyos para ganar el primer round. En medio de problemas tan serios como los ya comentados en las líneas precedentes, los costarricenses demostramos que nos tomamos muy en serio el tema de la familia, cualquiera que sea nuestra posición sobre su estructura y lógica interna.
Hacia un gobierno de unidad nacional. La dicotomía mencionada ha creado un ambiente político polarizado y ha dividido al país en dos bandos, lo cual, desafortunadamente, ha sido atizado por ataques personales y de política sucia, hoy día a sus anchas en las redes sociales, y con la sorprendente parcialidad de algunos periodistas y medios que, sin tapujos, hacen verdadera campaña política electoral con muy poca neutralidad.
Pero, en medio de esta lamentable situación, lo cierto es que existe un aspecto positivo de todo esto: el reconocimiento de que la construcción del gobierno requiere del concurso de todas las fuerzas políticas y sociales del país, si es que queremos salir del atolladero en el que nos encontramos. En efecto, ante la pluralidad de fuerzas y en la búsqueda del poder, los partidos en pugna actualmente hacen el llamado a la “unidad” y buscan los apoyos de las agrupaciones políticas, los sectores sociales y algunas personalidades de peso. Ciertamente, es un juego electoral, no hay duda, pero también es una realidad incontrovertible, pues en las actuales circunstancias no parece viable plegarse al viejo esquema de los “gobiernos-partido”.
El politólogo norteamericano Arend Lihphart (2000, Modelos de democracia, Barcelona: Ariel), en un estudio comparado de 33 países, ya había probado que lo que el llama las democracias consensuales –del tipo de lo que vivimos hoy en el país– son más eficientes y operacionales que las mayoritarias –del tipo bipartidista de antaño– para desarrollar políticas públicas en todos los órdenes. Esto, en cuanto a políticas que van desde la representación democrática hasta la política social y monetaria, porque la construcción de consenso, si bien más compleja, genera políticas con mayor densidad operativa, debido al compromiso alcanzado en el nudo de decisión que las configuran.
La visión del candidato que aparece en la delantera, según las encuestas más serias, debe decirse, fue muy asertiva y oportuna desde el principio. En efecto, fue Fabricio Alvarado el único candidato que habló desde la primera ronda sobre “un gobierno de unidad nacional” y de “traer las mejores mentes del país, independientemente de sus colores políticos”, para trabajar en una futura administración suya. Esta es la fórmula, por mucho, que debe asumir el próximo Gobierno y es más que evidente que esta campaña electoral se juega una reinvención de la manera en la que el país hará política de ahora en adelante, porque la construcción de un gobierno de unidad nacional ya no es una cuestión de coyuntura para atraer votos, es una realidad política incuestionable que todos los partidos deben aprender a leer, como un claro signo de los tiempos. El gran desafío consiste en construir ese gobierno de consenso para sacar al país del atolladero, a la vez que se sanen las heridas de unas elecciones muy fuertes y llenas de contradicciones innecesarias.
¿Qué está en juego esta elección? Ellos responden a la pregunta:
- Leonardo Garnier Rímolo e Isabel Garnier Ortiz | ¿Qué está en juego? La patria, el derecho y el bien
- Gustavo Román Jacobo | Mantener la conversación
- Felipe Alpízar R. | Se nos va la vida en ello
- Ariana Macaya | De lo que nos divide… y de lo que nos debería unir
- José Manuel Arroyo | Un salto al vacío
- Eli Feinzaig | Lo que se juega en Costa Rica en estas elecciones
- Tatiana Lobo | ¿Qué nos pasó?
- Mario Redondo | ¿Qué nos jugamos en esta elección?
- Rodolfo Piza Rocafort | Nos jugamos el provenir y el prestigio de nuestro país
- César Zúñiga Ramírez | Elecciones 2018: ¿la reinvindicación de la democracia costarricense?
- Monserrat Sagot R. | El imposible matrimonio entre la democracia y el fundamentalismo religioso
- Adriana Collado | La cultura en juego
- Arnoldo Mora R. | Costa Rica en la encrucijada
- Luis Mesalles | ¿Qué está en juego en la segunda ronda?
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César Zúñiga Ramírez. Director de Fracción Política y funcionario del Depto. de Participación Ciudadana. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ha sido docente e investigador universitario (UCR). Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia, ambos por la UCR. Doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Actualmente, es profesor del Doctorado en Ciencias de la Administración de la UNED y del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la UCR. [email protected]
