Por notoriedad, la renuncia de Joselyn Chacón como ministra de Salud el 7 de febrero pudo verse como un duro revés para el gobierno de Rodrigo Chaves, considerando la relevancia que tuvo la jerarca para la acción política gubernamental y desde la campaña electoral, donde ella fue la jefa.
Sin embargo, la carta de renuncia con fecha de 7 de febrero fue sólo el inicio de semanas complicadas para el gobierno de Rodrigo Chaves, que registró otros tropiezos adicionales con iniciativas de interés oficialista ante instituciones del Estado e incluso con casos en torno a figuras cercanas al Gobierno, como la propia Chacón con su audio en que acusa a jerarcas actuales; como la diputada Pilar Cisneros o como Erick Ulate, el abogado presentado como carta oficialista para la Defensoría de los Habitantes que fue derrotada ante la votación de bancadas opositoras a favor de Angie Cruickshank.
La propia Asamblea Legislativa sepultó el proyecto de privatización del Banco de Costa Rica (propuesta estelar en el acto de los 100 días de gobierno) y en comisión se dictaminó como negativa la propuesta para liberalizar las tarifas de los colegios profesionales, pero no fue sólo la acción de legisladores de oposición los que objetaron planes del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República objetó el proyecto para reformar la regla fiscal, la Procuraduría advirtió de posible inconstitucionalidad en un decreto para homologar medicamentos, la Fiscalía General de la República confirma gestiones que involucran a Pilar Cisneros y a la propia Joselyn Chacón e incluso la Sala Constitucional en un fallo amplio ante un recurso de hábeas corpus desnudó problemas en decretos firmados por Chaves para intentar “poner orden” en el sistema de refugio para extranjeros. Todo en un mismo mes.
Para Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio para la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), lo ocurrido en este último mes no es exclusivo, sino la continuación de una tendencia. “Es la muestra de las relaciones conflictivas que el Ejecutivo, en particular el Presidente, ha querido sostener más en función de su imagen y su campaña electoral permanente, en lugar de construir puentes con adversarios, con las instituciones del Estado de Derecho y hasta con sus propios simpatizantes”.
“Hay disgustos para el Ejecutivo que no viene sólo de los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), sino de otras instancias como como la Procuraduría o la Contraloría, de donde emanan criterios que advierten las irregularidades, impericias o arbitrariedades”, añadió Rosales, quien desde que entró en funciones el gobierno actual advirtió que la institucionalidad del país actuaría como freno, al menos en estos años. “Era previsible que iba a chocar con lo que queda de la institucionalidad, a diferencia de otros casos latinoamericanos donde la institucionalidad y la cultura no están quizás tan consolidadas. Esta es una buena noticia en el país”.
Para el politólogo, el Gobierno para sus propuestas ha desaprovechado algunas oportunidades con bancadas opositoras, la mayoría de ellas alineadas hacia lo liberal en lo económico y lo conservador en lo social. “Con menos impericia o con posiciones menos confrontativas fácilmente habría hecho avanzar el proyecto de jornadas laborales de 12 horas, la ampliación de la vida útil de los autobuses e incluso la venta del BCR, pero no lo ha hecho”.
En este mes, el Gobierno ha mostrado logros como la mejora en las calificaciones crediticias para el país por parte de las agencias internacionales Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además del lanzamiento del complejo inmobiliario público llamado “Ciudad Gobierno” con financiamiento de $450 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Frente a la crisis de seguridad y al estancamiento del desempleo, además de cuestionamientos a las propuestas de educación, Chaves se defiende con el argumento de que hay factores variados y complejos que son imposibles de corregir en solo unos meses, pero que en meses próximos afinará los planes y podrían verse resultados de acciones que, en algunos casos, ya se han acometido.
Obstáculos a la vista:
Procuraduría advierte inconstitucionalidad de decreto sobre medicinas:
La Procuraduría General de la República (PGR), como abogado del Estado, señaló como inconstitucional el decreto impulsado por Chaves para reconocer como válidos en Costa Rica los registros sanitarios de medicamentos otorgados en otros países, como una manera de promover la competencia y bajar los precios.
“Debilita el control efectivo del registro de los medicamentos empleados en el país y violenta el principio de razonabilidad”, según el criterio enviado por la PGR en diciembre a la Sala Constitucional y divulgado a mediados de febrero; esto, como una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica. El criterio indica que, de aprobarse la medida del Ejecutivo, “la función del Ministerio de Salud, como autoridad reguladora, tendría un carácter meramente verificador” y “se privilegia la agilización de trámites sobre el control de los medicamentos”.
CGR cuestiona debilitamiento de regla fiscal:
En una audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar la regla fiscal debilita su efecto sobre las finanzas públicas, el efecto esperado sobre el control de la deuda, profundiza las deficiencias actuales y reduce la transparencia sobre el gasto público. Así se refirió la contralora, Marta Acosta, el 21 de febrero, a la propuesta de excluir de esa herramienta a las empresas públicas con actividades comerciales y a entes públicos no estatales de la regla fiscal, cuando no reciban transferencias del Gobierno, según el proyecto presentado en septiembre.
“Aprobar este proyecto, que no fue diseñado con visión integral de mediano y largo plazo, retrasaría en el corto plazo la salida del escenario más gravoso de la regla fiscal y no permitiría generar a futuro de manera sostenible más espacio para gasto corriente y gasto de capital”, dijo Acosta en una línea similar a la que ha advertido el Fondo Monetario Internacional (FMI) al señalar la necesidad de mantener su aplicación como se ha venido haciendo.
Archivado plan de privatización del BCR:
El 21 de febrero los siete integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa acordaron rechazar el proyecto de Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica (BCR) y con ello sepultaron que el ejecutivo anunció en agosto con el supuesto objetivo de reducir el endeudamiento público del país. Las objeciones por el fondo de parte de numerosos diputados y las críticas de otros por las carencias del texto se materializaron con la votación en comisión en contra de la propuesta que, además, recibió cuestionamientos adicionales: la Contraloría advertía problemas de transparencias y en la población el rechazo era mayor al respaldo, según la encuesta CIEP-UCR de septiembre. El Gobierno, que ya sabía del ambiente inviable para el proyecto, anunció que presentará una propuesta nueva.
Decreto sobre refugiados topa con problemas en la Sala Constitucional:
En un fallo del 14 de febrero, la Sala Constitucional condenó al Estado al darle la razón a un periodista nicaragüense refugiado en Costa Rica que impugnó la prohibición de salir del país basada en decreto ejecutivo anunciado por el presidente Rodrigo Chaves Robles en conferencia de prensa en noviembre y que ahora los magistrados señalan como contrario a la Constitución Política. En la resolución la Sala señala ese y otros aspectos del decreto, con cuestionamientos emitidos desde Ginebra, Suiza, en un informe técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Tras el fallo constitucional, la Dirección de Migración informó de que pediría una adición y aclaración, mientras Chaves reconoció que había inconstitucionalidades y que habría que reformar el decreto, restándole importancia.
Traspié de plan que eliminaba tarifas mínimas de colegios profesionales:
La comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó negativamente, el 22 de febrero, el proyecto del Poder Ejecutivo presentado para eliminar las tarifas mínimas que fijan los colegios profesionales para el cobro de servicios de sus afiliados y hacerlas objeto de regulación de precios por la Administración Pública en casos de emergencia. Pese al rechazo del expediente, este pasa al plenario con un informe negativo de mayoría y otro afirmativo de minoría. La medida la había anunciado Chaves en conferencia de prensa en el 2022 como una acción para bajar el costo de la vida, adicional a unos decretos con el mismo objetivo, aunque en octubre el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda había ordenado suspender sus efectos cautelarmente.
Pilar Cisneros bajo la lupa de la Fiscalía:
A mediados de febrero el fiscal general de la República, Carlo Díaz, envió a la Asamblea Legislativa un oficio para corroborar consultas sobre la participación de la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, en la comisión legislativa que investiga financiamiento de partidos políticos, lo que podría configurar un probable incumplimiento de deberes. Esto, porque ella forma parte de la comisión legislativa y a la vez es denunciada por la agencia publicitaria Madison por el no pago de servicios brindados durante la campaña electoral del 2022 con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en la que ella participó.
Candidato oficialista pierde votación por la Defensoría:
Tras un pulso de varios meses y numerosas discusiones entre bancadas, la Asamblea Legislativa eligió el 27 de febrero a Angie Cruickshank como defensora de los Habitantes, lo que dejó sin opciones al candidato oficialista Erick Ulate, un abogado que el presidente Rodrigo Chaves nombró como miembro del consejo de Transporte Público (CTP) y que en varias ocasiones ha sido invitado a las conferencias de prensa de la Casa Presidencial. Cuestionamientos de tipo ético, legal e ideológico contra Ulate, de parte de grupos de diputados, civiles y sindicales, hicieron mella en la viabilidad de la candidatura de Ulate defendida hasta el último minuto por la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros.
Joselyn Chacón reaparece y apunta contra jerarcas actuales:
El 3 de marzo, cuatro semanas después de su renuncia como ministra de Salud, Joselyn Chacón reapareció con un audio en que critica a su viceministro y actual ministro interino, Alexei Carrillo, y a la actual vicepresidenta, Mary Munive, porque supuestamente ellos conspiraron para sacarla del gobierno, en el cual se promueven posiciones que impiden mejor atención médica en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y hasta señala “corrupción”. Hasta el cierre de esta edición el presidente Rodrigo Chaves no se había manifestado sobre las palabras de la figura a la que defendió como funcionaria ejemplar.
