Una institucionalidad débil y enmarañada, falta de recursos, enfoques de “desarrollo” que desdeñan la sostenibilidad ambiental y un sector agrícola adicto a los agroquímicos son algunas serias contradicciones en el manejo de los recursos naturales que el último Informe del Estado de la Nación insiste en señalar.
El politólogo Leonardo Merino, quien junto a Karen Chacón coordinó la elaboración del capítulo ambiental, se refirió también al retroceso de la de por sí raquítica agricultura orgánica, a las consecuencias respecto al cambio climático y a la falta de ordenamiento territorial, reflejada en que la mitad de los cantones del país no cuenta con plan regulador.
Fue una promesa de campaña cuando menos atrevida, la de que el país sea carbono neutral para el 2021, sobre todo si se depende energéticamente en un 72% de hidrocarburos. Usted ha calificado eso como un “molino de viento”. ¿Cuáles otros “molinos de viento” se identifican en el discurso de la gestión ambiental en Costa Rica?
–Ni siquiera fue promesa de campaña. Cuando apareció la política de carbono neutralidad fue en la administración Arias.
Lo que planteo como una ilusión insuficiente es la creencia de que tener parques nacionales nos salvó y podernos olvidar del tema de los patrones de uso del territorio y de los recursos naturales debido a que tenemos una base de conservación que nos salvaba. Ha sido uno de esos espejismos que nos ha hecho tener cierta autocomplacencia y que ha favorecido durante décadas que descuidáramos lo que realmente estábamos haciendo con el resto del territorio.
También desde esa administración Arias se habla de cómo en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) se eliminan trabas para favorecer el desarrollo de infraestructura. Incluso, el gobierno actual maneja una propuesta de reglamento nuevo que hace mucho más laxos los requerimientos para el estudio de impacto ambiental (EsIA). Ello se suma a la amplia ausencia de planes reguladores y parece que el tema del ordenamiento territorial queda a la libre.
–Lo que Costa Rica no tiene resuelto es dónde quiere poner el criterio ambiental cuando echa a andar proyectos. Costa Rica no tiene claridad en ordenamiento del territorio; no ha querido aceptar la idea misma del ordenamiento: sus cantones tienen más de medio siglo de saltarse la exigencia de tener planes reguladores.
Hay muchas regulaciones para la construcción, pero no hay herramientas robustas de ordenamiento. En ausencia de esas herramientas, hay pocos recursos que tenga el país para forzar que el criterio ambiental sea parte de los proyectos de previo, no para sancionar, sino para minimizar los impactos. En eso Setena y la evaluación de impacto ambiental es clave y ha caído en ese discurso de entender lo ambiental como un obstáculo para el desarrollo. Es un paso bastante hacia atrás en lo que el país debería estar haciendo.
Todo ello afecta la resiliencia del país al cambio climático. Si se siguen presentando fenómenos como el huracán Otto y la tormenta Nate ( ambos significaron pérdidas del 0,4% y del 1,3% del PIB, respectivamente) en un contexto de pésimo ordenamiento territorial, es de prever que esos costos sigan escalando.
–Así es. Si partimos de que el riesgo se construye socialmente y el evento es una parte de la ecuación, entonces esa construcción social solo se evita con planificación de largo plazo, con una infraestructura que considere el riesgo; todo eso es ordenamiento del territorio. Si se decide que es mejor no ordenar, entonces la gente por situaciones de exclusión social seguirá poblando zonas de riesgo y deslizamiento, donde la gente todos los años recurrentemente es afectada.
Esos dos eventos fueron enormes, pero, si el cambio climático hace de eso algo más frecuente o intenso, el golpe va a ser más grande.
En una encuesta que aplicaron, la ciudadanía sacó 51 puntos de 100 en cuanto a prácticas ambientales. ¿En qué salimos peor?
–Fueron 114 ítems sobre temas como movilidad, uso de recursos como agua y energía, manejo de residuos, participación, conocimiento u opiniones sobre temas como exploración petrolera.
La movilidad es uno de los grandes temas, porque la gente -por más que le molesta la calidad del aire (que lo identifica como uno de los grandes problemas) o las presas- opta de manera notoria por la solución de moverse de manera no sostenible, no solo en vehículo, sino a veces en vehículo viejo. La flota del país tiene una edad promedio de 16 años.
No se ven acciones importantes desde el Estado para promover la agricultura orgánica. Más bien, el esfuerzo va en la dirección opuesta: la administración pasada emitió un paquete de decretos para agilizar el registro de agroquímicos y la actual busca concentrar en el MAG ese registro. Parece que el esfuerzo es para facilitar el camino de los agroquímicos, a pesar de sus consecuencias.
–Este es un típico ejemplo de esas tensiones entre crecimiento y ambiente en las que el lugar del ambiente no lo tenemos nada claro. No queremos arriesgar la generación de empleo o crecimiento de la producción en sectores en los que habría que tomar medidas ambientales.
En esta ocasión, no pudimos saber cuántos agroquímicos se importaron. Tenemos dos años de que no se consiguió la información. Eso nos mete en una nebulosa complicada. Incluso, ha habido autoridades del sector agricultura que plantean que el empleo es prioritario; no digo que no sea relevante, pero este país tiene normas y puede tener capacidades para que ese empleo se genere en condiciones más sostenibles, es decir, que haya una combinación de los social, lo económico y lo ambiental más clara. La producción no tiene por qué ser insostenible en todos los aspectos.
El tema ambiental, la sostenibilidad no es prioridad política. Me refiero durante ya un periodo largo desde los años 90.
Es un tema que ha adquirido cada vez más peso en la conflictividad social. Hace una década era el 5% de todas las protestas en el país -según nuestra base de acciones colectivas- y ahora ronda el 20%.
Puede interesarle: “El poder está en lo local”
Incluso, en momentos en que la conflictividad en general ha bajado, el tema se mantiene en sus años de mayor conflictividad. Acaban de pasar siete años de mayor número de conflictos, hasta el 2017 que bajó un poco.
Los conflictos ambientales -como Crucitas o la piña- se distribuyen a lo largo de años y generalmente contra el Estado.
Otro problema señalado es el de la vigilancia marítima. Es una cuestión de disposición de recursos del Gobierno. En la temática ambiental en general, ¿qué tanto va a pesar la aplicación de la regla fiscal, contenida en el proyecto de ley fiscal de inminente aprobación?
–No es que se van a perder grandes recursos, porque realmente los recursos para la protección continental y marítima han sido siempre limitados. Las instituciones encargadas de controlar y regular todo el territorio y los impactos son las de menos autonomía política y menos recursos. En la parte marina tenemos una deuda de muchos años. Costa Rica a nivel continental tiene niveles altos de protección, un 25%, pero en la parte marina está todavía en 2,7%. Las metas de Aichi que Costa Rica apoyó eran del 10%; estamos bastante lejos.
Nunca ha habido muchos recursos no solo para protección y cuido, sino para el manejo relacionado con la pesca. No tenemos estadísticas pesqueras buenas; no se sabe con base en qué información se dan los permisos y licencias de pesca.
Uno puede pensar que, ante un problema de prioridades políticas para el financiamiento público, el ambiente no será prioritario.
Respecto a Incopesca y Conavi ha dicho que son casos de “poner al zorro a cuidar el gallinero”.
–Tenemos una lógica de institución muy complicada. Es la de Incopesca y la del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo de Transporte Público (CTP), particularmente porque administra concesiones de buses y tiene a los empresarios aprobándolas. Es efectivamente el zorro cuidando las gallinas; el regulado regulándose. El interés empresarial en este caso es el más obvio. Incopesca es otro ejemplo.
