País

El subempleo que disfraza una realidad desesperanzadora tras la pandemia

Al 31 de marzo de este 2021, un total de 82.793 personas tienen suspensión temporal de contrato y 165.912 experimentan algún nivel de reducción de jornada

Evelyn Arias ha contado un año calendario desde que le avisaron en casino en el que trabaja que les suspendían el contrato, debido a las restricciones por el COVID-19. Desde entonces su vida ha estado llena de altibajos.

Ha enfrentado quincenas sin salario, con un poco de ahorros que tenía. Su familia le ha brindado apoyo, el Gobierno le dio el bono PROTEGER por tres meses y se abrió una pequeña tienda virtual de ropa de segunda, pero es difícil hacerles frente a las necesidades, siendo mamá de una joven universitaria, asumiendo el pago de casa, luz, comida y todo lo que implica subsistir.

“Hemos ido pellizcando poquito, pero jamás es lo mismo porque la ganancia no me da para todo, incluyendo el Seguro Social, porque la Caja asegura que cubre la atención de quienes estén bajo suspensión de contrato, pero siempre hay atrasos con el trámite que realiza el Ministerio de Trabajo y al final paso varias semanas, incluso meses sin cobertura. De hecho, tenía que hacerme exámenes de mama y tuve que cancelarla porque estaba sin seguro”, contó Arias.

“No nos dan la oportunidad de buscar otro trabajo, porque nos dicen que bajo esa modalidad no contratan. Las personas asalariadas dependemos del salario para subsistir, pero mientras el gobierno tiene disfrazado el desempleo con permisos para suspender los contratos, es un maquillaje para que no se les disparen las cifras”. Johanna Pérez

En la empresa para la que trabaja sí hay un buen grupo de personas que volvieron a trabajar, incluso sabe que les pagan horas extra y les cubren el transporte, sin tomar en cuenta al personal que todavía está en la casa.

“He ido a unas tres entrevistas de trabajo, pero en todas me dijeron que por estar bajo la condición de contrato suspendido no pueden contratarme, si yo consigo trabajo tendría que renunciar a mis derechos ganados durante seis años en mi puesto”.

Para Johanna Pérez la situación no es muy distinta. La incertidumbre de no tener un ingreso fijo la ha seguido durante el último año y se ha visto en la necesidad de salir adelante con la confección y venta de pijamas, gracias a que en algún momento de su vida le dio la espinita de aprender costura.

El día que la empresa cerró, ella iba camino al trabajo y recibió un mensaje en el cual le decían que no llegara; luego le enviaron una carta con la suspensión de contrato por la emergencia nacional y aunque creyó que serían unos 15 o 22 días, la espera ha sido larga.

“La quincena nos la pagaron completa, eso sí nos rebajaron las vacaciones, a los cinco meses nos dieron una ayuda alimenticia y en diciembre una canasta navideña. Yo tengo un hijo de 14 años, mi esposo se quedó también sin trabajo y mi hijo mayor es el único que tiene empleo, incluso él me tuvo que asegurar porque de esta situación la presión se me subió mucho y una vez que fui a la clínica me cobraron la consulta”.

Durante tres meses recibió el bono PROTEGER y luego le tocó jugársela sola. Esta situación le ha afectado mucho a nivel psicológico, y asegura sentirse totalmente decepcionada, cada vez que ve información sobre el desempleo se molesta al pensar que ella está desempleada pero no entran en las estadísticas por tener el contrato suspendido.

Casos como los de Evelyn y Johanna se replican con gran facilidad. Al 31 de marzo del año presente, un total de 82.793 personas tienen suspensión temporal de contrato y 165.912 experimentan algún nivel de reducción de jornada, según las cifras del Ministerio de Trabajo. Son miles de personas que han dejado de percibir sus salarios, o una gran parte de ellos.

De acuerdo con Eric Briones, doctor en Derecho Laboral, antes de la pandemia Costa Rica oscilaba entre un 6% y 11% de falta de empleo, una media que ha estado presente en los últimos 20 años, mientras que otros países centroamericanos o de Sudamérica la superan por doble o triple. Con la pandemia el escenario cambió, tanto a nivel nacional como internacional.

“Superamos el 25% de desempleo y aunque vamos a la baja es definitivo que han decaído totalmente las fuentes de trabajo. Sin embargo, también hay que reconocer que no nos fue peor, porque estábamos preparados con una ley y reglamento de teletrabajo, lo que permitió la rápida adaptación y evitar tasas mayores”, detalló Briones.

“En la empresa no se comunican con nosotros, incluso hace unos meses escribí a Recursos Humanos y me indicaron que por estar en suspensión no tenían por qué comunicarse con nosotros. Si yo consigo trabajo tendría que renunciar, porque la situación ya no da para más, muchos han tenido que hacerlo; pero parece que muchas empresas están esperando que la gente renuncie y así se ahorran el pago de derechos”. Evelyn Arias

El experto indicó que en diversos seminarios en los que ha participado a nivel internacional ha podido constatar que otras naciones han llegado a tasas de 40% o 45%, incluso del 60%, y reconoció que el sistema de salud con el que cuenta Costa Rica fue un pilar para evitar esos niveles.

Sobre las suspensiones de contrato, previa autorización del Ministerio de Trabajo, explicó que la suspensión es en ambos lados, tanto el patrono como el trabajador quedan libres temporalmente de las responsabilidades. Esto implica que, si la persona consigue un trabajo temporal, puede tomarlo, pero enfatizó que hay que tener cuidado de no dar por rota la relación laboral y los principios de lealtad y buena fe, pues en ambos lados debe prevalecer.

Deficiencias que afectan al trabajador

Bajo la premisa de no perder más empleos, desde inicios de la pandemia el gobierno ha venido dando prórrogas a la autorización a las empresas para suspender contratos laborales o reducir jornadas, una acción que a primera vista parece muy pertinente para los mercados, pero que no le da una mirada solidaria al trabajador.

El economista Fernando Rodríguez consideró que esta medida debió acompañarse de un subsidio público para evitar que las personas sufrieran la consecuencia de quedarse sin trabajo, porque desde su perspectiva, en el registro todas esas personas que se han visto afectadas por la suspensión de contrato no aparecen como desempleadas, pero literalmente no están trabajando.

“No se contabilizan como desempleadas porque no están buscando empleo y por razones contractuales no lo pueden hacer, pero se quedan sin ingresos. Hubiera sido una buena forma dar una ayuda para que se sostuvieran, sobre todo en las actividades que se vinieron al suelo”.

El problema, argumentó Rodríguez, es que hay situaciones muy complejas, pues si buscan otro trabajo pierde la relación laboral con el otro patrono y por ende, sus derechos; o se quedan esperando a la reactivación del contrato de trabajo, mientras no recibe ingresos.

En el caso de la reducción de jornadas, es básicamente una forma indirecta de reducción de salario; aunque mucha gente siguió trabajando lo mismo porque les exigían los mismos resultados y tenían las mismas responsabilidades, pagándoles menos.

“Lo que sí se va a ver es cuando se revisen en las encuestas los ingresos familiares, los cuales el año pasado estaban cayendo 12% y este año es probable que sigan cayendo o no se recuperen. Tenemos una fuerte depresión de la capacidad de subsistencia de las personas y de consumo, que la economía va a resentir”, concluyó el experto.


Latinoamérica: la región con mayor contracción en las horas de trabajo

El istmo experimentó durante el 2020 una pérdida estimada del 16,2% de tiempo trabajado, cifra que duplica la estimada a nivel mundial

María José Núñez Chacón

marí[email protected]

La región latinoamericana no solo se ha visto golpeada a través de las décadas por las guerras, los gobiernos totalitarios, la pobreza y la desigualdad, sino que hoy lleva la delantera a nivel mundial en la contracción de horas de trabajo, producto de la reducción de jornadas y contratos durante la pandemia por COVID-19, con una pérdida estimada en el 16,2%, la cual casi duplica el dato en todo el mundo (que es el 8,8%).

Incluso, la pérdida de horas de trabajo en 2020 fue casi cuatro veces más grande que la experimentada durante la crisis financiera global del año 2009, cuando las economías vivieron enormes contracciones.

Así lo confirmó el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente informe Panorama Laboral, el cual muestra la gran dificultad que experimenta el istmo en materia de trabajo, desempleo, subempleo e informalidad, sumados a problemas que todavía persisten en algunos países, como trabajo infantil y trabajo forzoso.

Esta contracción de las horas trabajadas implicó una reducción de los ingresos laborales, que representan el 80% de lo que perciben las personas en América Latina y el Caribe.

Precisamente, esta crisis generó en el empleo formal e informal contracciones sumamente pronunciadas y para el segundo segmento con mayor intensidad, lo que hizo que temporalmente las tasas de informalidad se redujeran en un contexto de colapso generalizado por la demanda del empleo; algo que ya comenzó a cambiar.

En este sentido, la especialista regional en economía laboral de OIT, Roxana Maurizio, indicó que existe un alto riesgo de aumento de la informalidad, lo que se une a los ya elevados niveles que tenían los países latinoamericanos antes de la pandemia.

Empleos de capa caída

No solo hubo una contracción en las horas trabajadas, sino que América Latina perdió un total de 26 millones de empleos en un año de pandemia, de los cuales el 80% salieron de la fuerza de trabajo, es decir más de 20 millones de personas.

De acuerdo con Vinícius Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, esta salida de la fuerza laboral fue inédita y ha sido una característica de 2020.

“En comparación, la tasa de desocupación ha reflejado solamente en forma parcial la magnitud de las dificultades que han atravesado los mercados laborales de la región, al aumentar en poco más de 2 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, de 8,3% a 10,6%”, indicó Pinheiro.

El estudio de OIT muestra que el déficit de trabajo informal, a su vez, se hará más evidente para ciertos grupos de trabajadores, como jóvenes, mujeres y adultos con menores calificaciones, sectores que estructuralmente presentan mayores dificultades para insertarse en un puesto formal.

Por ejemplo, en México el número de mujeres con puestos informales se redujo en un 40% entre enero y abril, es decir salieron de la fuerza laboral; mientras que en Perú alrededor de la mitad de las mujeres perdieron su ocupación informal en el cuarto trimestre de 2019 y segundo trimestre del 2020, superando en 20 puntos porcentuales el empleo informal masculino.

La OIT registró que la evidencia es que en la mayoría de los países el empleo formal hacia finales del 2020 no había alcanzado los valores que tenía al comienzo de la pandemia, lo que muestra rezagos, incluso frente a la evolución en el nivel de actividad económica.

“El colapso macroeconómico ha impactado de manera desproporcionada en algunos segmentos de la población, amplificando las brechas laborales y sociales -especialmente las brechas de género- que caracterizan la región”, agregó el director de la OIT para América Latina y el Caribe.

Está convencido de que las perspectivas de recuperación económica para 2021 son modestas y aún muy inciertas, por lo que las expectativas acerca de una posible reversión de la situación crítica del mercado de trabajo deberían ser muy cautelosas.


Mujeres en desventaja

La pérdida de empleo femenino fue del 18% en toda la región, durante el primer y segundo trimestre del 2020, cifra que superó la contracción del empleo masculino, el cual fue del 15%, según el Panorama Laboral de la OIT.

Este mayor impacto para las mujeres trabajadoras se asocia a la mayor presencia femenina en sectores económicos fuertemente afectados, como hotelería, restaurantes, actividades de servicios y hogares; así como por la mayor incidencia de la informalidad, que afecta a una de cada 2 mujeres en la región.

Por ejemplo, en sectores altamente feminizados como el trabajo doméstico, la tasa de informalidad alcanza a más del 80%, y este precisamente, fue el sector más contraído (informal).

La pérdida de puestos de trabajo se tradujo no solo en transiciones hacia la desocupación, sino mayormente a salida de la fuerza de trabajo, alcanzando un 42,8% en la participación económica femenina, asociado a las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto donde los servicios educativos y de cuido fueron alterados con las medidas sanitarias y reducción de la movilidad.

Fuente: OIT.


EMPLEO EN LATINOAMÉRICA

  • 51,7%: Tasa de ocupación promedio en 2020
  • + 26 millones perdieron sus puestos de trabajo
  • 18% pérdida de empleo femenino
  • Informalidad afecta a 1 de cada 2 mujeres en la región
  • 2020 experimentó una reducción del 10% de ocupación total


Tasa de ocupación al IV trimestre del 2020

Los datos generados por la OIT evidencian cifras alarmantes en la baja de los niveles de ocupación, y la tasa de desocupación refleja de forma parcial la magnitud de las dificultades que se están enfrentando en los mercados laborales regionales, debido a que se dieron fuertes incrementos en los niveles de informalidad y muchas personas dejaron de buscar empleo por  las restricciones de movilidad generadas por la pandemia.

País                                      Tasa de ocupación         Tasa desocupación

                                                (en porcentaje)              (en porcentaje)   

Argentina                                         51                                           11

Bolivia                                              63,3                                       8,4

Brasil                                                48,9                                       13,9

Chile                                                 50,8                                       10,3

Colombia                                         53,3                                        13,8

Costa Rica                                        48,7                                       20

México                                              54,9                                        4,6

Nicaragua                                         67,5                                        4,8

Paraguay                                          67,1                                        7,2

Perú                                                  65,6                                        7

Uruguay                                           54,8                                       10,9

 

Fuente: OIT.


 

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