La finalización de la mesa multisectorial de diálogo convocada por el Gobierno deja una sensación en la economista Ana Rosa Ruiz Fernández de avances favorables para el sector empresarial e inciertos para los sectores sociales.
Ruiz Fernández fue representante titular de Mujeres en Acción, así como parte del equipo asesor de la agrupación en las sesiones técnicas. Bajo su criterio, la no aprobación de temas como la renta mundial o la contribución solidaria por parte de las empresas en régimen de zona franca dejó en evidencia la inclinación de la balanza a favor de los grandes capitales.
Luego de 12 sesiones de diálogo, y al llegar a 58 acuerdos, ¿cuál es el balance que hace de la mesa de diálogo multisectorial?
—Quedó evidenciado que seguimos ante un modelo hegemónico de grandes capitales, porque las propuestas fundamentales de una reforma tributaria progresiva, justa y que permitiera que todos los sectores, según sus condiciones económicas, aporten no se logró.
En el caso de Mujeres en Acción, presentamos una propuesta que fue una contribución solidaria obligatoria, solamente una vez, de un 1% sobre los activos registrados y acumulados en tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que califican como grandes contribuyentes nacionales, excluyendo holdings. Hacienda estimó esa propuesta en 2,27% del PIB; hubiéramos podido estar cubriendo casi la totalidad del déficit primario del actual déficit total. Es una recaudación estimada de ¢790 mil millones.
En la primera sesión técnica íbamos a ver ingresos y empezábamos de mayor a menor contribución al PIB, y esta opción no se estudió. Al día siguiente en la plenaria lo manifesté y no pasó nada. Es un reflejo de que aquí hay sectores que tuvieron más poder y que influyeron más en estos resultados finales.
Aquí la señal que nos dejan es que se va a seguir la misma política de afectar salarios de trabajadores
¿Cuáles sectores son los ganadores y cuáles los perdedores con los acuerdos finales?
—Los grandes ganadores son el sector empresarial, en este diálogo. El Gobierno va a sacar los ingresos para poder equilibrar el presupuesto y atender el déficit bajo las mismas acciones de hasta la fecha: empleo público e impuestos a los salarios.
No se tocó zonas francas, donde muchos sectores pedimos un aporte y no cambiar la política que hay con ellas; tampoco se tocó grandes empresas territoriales, aunque muchas de ellas han declarado cero utilidades. No se acordó la renta mundial, clave para evitar parte del fraude fiscal.
Por otro lado, la agenda social está pendiente a los acuerdos de la Asamblea Legislativa. Están en alto riesgo si no hay consenso entre el Gobierno y los diputados y diputadas, y nuestro balance dependerá de los próximos días.
Aquí la señal que nos dejan es que se va a seguir la misma política de afectar salarios de trabajadores y se sigue pensando que esta parte es la que debe seguir aportando. Ese es un modelo injusto, regresivo, como fue la propuesta del Gobierno de alzar el IVA a la canasta básica.
¿Les preocupa esa dependencia de la Asamblea Legislativa para que se puedan concretar algunos de los acuerdos?
—Sí, por ejemplo con la Política Nacional de Cuidados. Esta fue asumida por el Gobierno para crearla, pero vemos un riesgo porque es la Asamblea Legislativa la que va a definirlo y la que va a decir qué de todo este esfuerzo va a seguir. En estos momentos terminamos con acuerdos insuficientes para atender el fortalecimiento del Estado social de derecho, porque para las propuestas de cuido, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Debieron haberse garantizado en la parte de ingresos y no se logró.
¿Faltó tiempo para discutir más las propuestas y extender la cantidad de sesiones?
—Quedó corto, por la falta de claridad metodológica. Si desde el inicio hubiera estado clara la metodología el tiempo tal vez se hubiera ajustado, pero el problema fue el cambio que significó hacer una entrega de tiempo desbordante.
En nuestro caso hubo sesiones técnicas a las que no pudimos ir, por nuestras obligaciones o por el agotamiento, por eso hicimos un llamado a ampliar el plazo. Por ejemplo, el primer tema era reactivación y hubo más de 700 propuestas, eso se definió el último día. Se perdió mucho tiempo por estas faltas, se necesitaba mucho más tiempo y no como estaba planteado.
Para los sectores sociales esta metodología fue terrible, porque no nos dio la oportunidad de hacer análisis mucho más profundos y mejorar e insistir en algunas de las posiciones.
Fuimos muy insistentes en el peso de cada uno de los sectores, porque teníamos que entrar en igualdad de condiciones. El solo hecho de que se presente una propuesta que va a afectar a las mujeres se tenía que sacar, porque nuestra defensa fue no ir a afectarlas aún más.
Durante una sesión virtual, el presidente Carlos Alvarado dijo que los acuerdos a los que se llegaran en la mesa podrían ser usados, eventualmente, para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante las sesiones presenciales ratificó la necesidad de los créditos internacionales, pero en ningún momento se refirió abiertamente a si la propuesta para el FMI se iba a realizar nuevamente. ¿Faltó claridad sobre este tema?
—Ha faltado transparencia del Gobierno, porque cuando se definieron los temas se dijo que el del FMI no entraba, pero si comenzamos a revisar las propuestas el sector empresarial siempre lo posicionó. Siempre colocó la necesidad del financiamiento externo y en nuestra posición fue negativa.
No nos podemos ir a un préstamo externo, mientras internamente no toquemos el problema de fondo que tiene el país para mejorar el empleo y reactivar la economía. Estos temas no se tocaron, hay una gran presión para ir al FMI y creo que es un gran error, porque este país para salir adelante tiene que tomar medidas estructurales fuertes y una es una reforma fiscal como la renta mundial, que no se quiso tocar.
Renta mundial significa que los grandes capitales y los que tienen inversiones externas reporten al fisco y eso no se quiso tratar. Nos vamos hacia una renta global que, dependiendo de cuál vaya a ser el manejo, de repente sigue siendo a favor de los grandes capitales.
Este sector externo puede estar presionando al Gobierno para que vaya con el FMI y, desgraciadamente, el Ejecutivo nunca fue transparente en decir si sí o si no. Podemos tener la misma sorpresa que con el diálogo pasado, cuando dijimos “no al Fondo” y más bien salió una carta para ellos. En este momento podría estar pasando la misma situación.