Cada préstamo con tiene su “carta de intenciones”

El rumbo ya lo marcó la carta del préstamo con el FMI por $508 millones

Economistas recomiendan renegociar la deuda pública en manos de instituciones estatales, bajar el IVA y ampliar los tramos de renta.

Si bien el país deberá presentar una “carta de intenciones” específica al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando solicite formalmente el préstamo de Facilidad de Extensión de Fondos (EFF, por sus siglas en inglés) por $ 1,750 millones, el trazo general de las políticas macroeconómicas a seguir ya fue comunicado en la primera “Carta de Intenciones”, fechada el 22 de abril del presente, cuando se solicitó al organismo el préstamo rápido (IFR, por sus siglas en inglés) por $508 millones.

Así lo afirmó a UNIVERSIDAD Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), luego de consultarle si, para el segundo préstamo que el país solicitará al Fondo se mantienen vigentes los contenidos de la carta de intenciones enviada al solicitar el primer crédito, el cual ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa.

“En sentido estricto y formal no: el segundo crédito requerirá una nueva carta de intenciones para cada uno de sus desembolsos. Sin embargo, la carta de intenciones para el IFR expresa el rumbo general de las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y financiera) que las autoridades han trazado para el periodo de la pandemia y postpandemia y ese rumbo se mantiene en términos generales”, dijo Cubero.

El Gobierno anunciará, el 17 de setiembre, el contenido detallado que implicarán los compromisos que adquiera con el FMI, los cuales incluirían algunas de las propuestas de los diferentes sectores con los cuales su equipo económico sostuvo conversaciones públicas.

Después, deberá negociar el apoyo de la Asamblea Legislativa con el fin de asegurar que el segundo préstamo con ese organismo reciba los votos necesarios para materializarse.

En la primera carta de intenciones, Cubero y el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicaron al FMI la situación que atravesaba el país debido a la llegada de la pandemia de COVID-19, las medidas para contenerla aplicadas hasta ese momento y manifestaron su compromiso con “la implementación de políticas que encaren los efectos sociales, humanitarios y económicos de la crisis, manteniendo la estabilidad macroeconómica y financiera”.

Pero también se refieren a algunas medidas enfocadas en el corto y el mediano plazo.

“Para poner nuestra deuda en una senda de disminución sostenida, estamos comprometidos a retornar a la ruta de consolidación fiscal de los niveles precovid, anclados por la reforma fiscal del 2018 y a reaplicar la regla fiscal a partir del 2021 una vez que la economía se recupere de la pandemia”, afirman.

“Creemos que tal estrategia ayudaría a impulsar la confianza del mercado y a bajar nuestros costos de endeudamiento. Una vez que la crisis de salud inmediata se haya disipado, estamos comprometidos a tomar medidas de ingresos y gastos adicionales para retomar la consolidación fiscal y alcanzar un balance primario del 2,2% del PIB en el 2024, el cual reduciría la deuda al 50% del PIB para el 2034”, agregan.

En esa primera carta afirman que, para apoyar la recuperación económica, tienen “la intención de mantener la flexibilidad del tipo de cambio y una postura monetaria también flexible. Estamos listos para continuar proveyendo liquidez al sistema financiero según las necesidades y mantener nuestros esfuerzos para fortalecer la transmisión de la política monetaria, al tiempo que para potenciar la resiliencia de nuestro sistema financiero ante shocks futuros”.

Adicionalmente a eso, expresan su voluntad de buscar “una implementación rápida de un rango de reformas estructurales apuntaladas por el proceso de ingreso a la OCDE, que cubren reformas en cuanto al ambiente, lo fiscal, la educación, la gobernanza, el empleo, la política social y el sector financiero”.

Agregan que la implementación rápida de estas reformas “junto con la racionalización de las regulaciones para las empresas y el empleo, el cierre de las brechas en infraestructura y la promoción de la competencia en los sectores de la electricidad y el financiero, deberían apoyar la competitividad, mejorar el ambiente de negocios, salvaguardar la estabilidad financiera, fortalecer nuestras perspectivas económicas de corto y mediano plazo y potenciar nuestra resiliencia a futuros shocks”.

Finalmente, afirman que el Gobierno costarricense está dispuesto a trabajar de cerca con el FMI para encontrar soluciones para las dificultades que enfrentará la balanza de pagos y que “se abstendrá de adoptar medidas o políticas que empeoren el deterioro de la sostenibilidad de la deuda externa y pública”.

La tabla muestra el incremento en la recaudación de impuestos que se daría si se ampliaran los tramos del Impuesto sobre la Renta.

Por otro lado, en la segunda carta dirigida al FMI, el sábado 29 de agosto pasado, Cubero y el actual ministro de Hacienda, Elián Villegas, afirman que el Gobierno está “comprometido a llevar a cabo un ambicioso esfuerzo de consolidación fiscal dirigido a asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, al tiempo que a mantener políticas monetarias y financieras sólidas”.

Para ello, se comprometen “a empujar reformas para producir una recuperación inclusiva y sostenible del shock de COVID-19. Tenemos la intención de construir nuestra estrategia de consolidación fiscal sobre la base de un diálogo político y social de amplia base con el fin de asegurar el apoyo para la agenda de reforma”.

El documento informa al FMI que, “tras una exhaustiva revisión, el RFI fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica”. Sin embargo, los funcionarios también explican que, a pesar de los esfuerzos realizados, hoy se enfrenta un resurgimiento de la pandemia y a una contracción mayor a la originalmente estimada.

“El Banco Central ahora proyecta una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 5% este año, con una recuperación solo gradual en el mediano plazo. La crisis está llevando a importantes pérdidas de empleo, a partir de un nivel de desempleo previo que ya era alto, especialmente entre las mujeres y la juventud”, dice.

Y continúa: “Más importante aún, se prevé que la fuerte caída en los ingresos como resultado del shock empujará el déficit fiscal por encima del 9% del PIB este año, con la deuda del Gobierno central alcanzando casi el 70% del PIB”.

Es decir, que se informa oficialmente al FMI de las cifras con las que el BCCR actualizó su Programa Macroeconómico en la revisión anual de mediados de año.

Cubero y Villegas expresan al Fondo que “junto con la asistencia financiera de otras instituciones financieras, el acuerdo del EFF ayudaría a atender las necesidades de nuestra balanza de pagos y presupuestaria. También proveería un ancla a nuestros planes de consolidación fiscal durante el periodo requerido para alcanzar un superávit primario y colocar la deuda en un seguro camino de decrecimiento. Todo esto es necesario para asegurar una recuperación vigorosa de la pandemia y una ruta de un mayor crecimiento en el mediano plazo”.

Finalmente, agradecen al FMI “por el fuerte y rápido apoyo que ha dado a Costa Rica bajo el RFI en esta retadora coyuntura” y manifiestan su expectativa de “continuar con su cercano compromiso durante los próximos tres años bajo el acuerdo EFF”.

UNIVERSIDAD consultó a los economistas José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencia Económicas (IICE), de la UCR y Eduardo Lizano, ex presidente del BCCR en varios períodos, acerca de la necesidad de este segundo préstamo y sobre otras opciones que el gobierno podría considerar para mejorar el estado de las finanzas públicas (ver los recuadros).

 

Economista Eduardo Lizano

“Debería considerarse reestructurar la deuda del Gobierno en manos de entidades públicas”

Eduardo Lizano, expresidente del BCCR en varios períodos. (Foto: Katya Alvarado).

Si la sociedad costarricense no llegara a un acuerdo, mediante la Asamblea Legislativa, para aprobar el préstamo de financiamiento ampliado con el FMI: ¿qué ocurriría? ¿Le quedan otras opciones al país para salir adelante financieramente?
El país tendría otras opciones como aumentar los ingresos, disminuir el gasto, vender algunos activos o una combinación de los tres anteriores.

Para salir adelante financieramente tendría que aumentar la deuda interna y externa y pagar los intereses que el mercado indique.

Si la Asamblea Legislativa aprobara ese préstamo, ¿el país tendría siempre que recurrir a otros créditos, incluido el endeudamiento interno, para alcanzar la estabilidad?
Efectivamente, el país debería recurrir a otros créditos tanto de deuda interna como deuda externa. Especialmente en el año 2021-2022.

Hasta el momento, el Gobierno ha mencionado que su propuesta podría incluir la venta de activos como Fanal y Bicsa. ¿Qué opina sobre esto? ¿Puede el Estado prescindir de estos activos sin mayores consecuencias?
La venta de activos podría formar parte de un programa de estabilidad de las finanzas públicas. Dependerá de la viabilidad política disponer de esos activos.

La disyuntiva importante aquí es si alguna de las joyas de la abuela debe venderse en circunstancias en que los miembros de la familia enfrentan una sería situación de “vacas flacas”.

Además de la disminución del gasto, el Gobierno considera la posibilidad de nuevos impuestos o de aumentos en algunos ya existentes. ¿Cuáles son los rubros en este campo que podrían aportar, que tendrían viabilidad política y que no afectarían o afectarían menos a los sectores de menores ingresos?

Me parece que una medida que debería considerarse es la restructuración de la deuda del gobierno en manos de entidades públicas, lo cual podría significar un gasto menor de parte del Gobierno Central.

Economista José Antonio Cordero

“Puede reducirse el IVA y aumentarse los tramos del impuesto sobre la renta”

José Antonio Cordero, director del IICE de la UCR. (Foto: Katya Alvarado).

¿Es indispensable recurrir a un segundo préstamo con el FMI? ¿Por qué?

Es de gran importancia recurrir a un segundo préstamo con el FMI debido a que incrementa en forma significativa el monto de los recursos. Inicialmente se aprobó en la Asamblea Legislativa un préstamo por $508 millones. Sin embargo, según ha indicado el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, el propio FMI recomendó al país suscribir un préstamo en la modalidad de facilidad ampliada que permitiría incrementar el monto de los recursos hasta $1,750 millones.

Los recursos son bien recibidos en momentos en que la contracción económica del país afecta los ingresos fiscales, al tiempo que se requieren recursos adicionales para atender a la población más afectada y para mantener el funcionamiento de los servicios públicos y proyectos de infraestructura.

El monto a recibir del FMI se brinda en condiciones adecuadas de interés y plazo, por lo que también representa una buena opción para manejar los pagos de deuda pública.

Para otorgar los recursos, sin embargo, el FMI solicitará el cumplimiento de algunas medidas que, de momento, no están totalmente claras. Es posiblemente por eso que, en la Asamblea Legislativa, varias fracciones están solicitando al Gobierno informar con mayor claridad sobre los compromisos que se estarían asumiendo por el país.

¿Ha presentado el IICE a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa su propuesta para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ampliar los tramos del Impuesto sobre la Renta?

El IICE presentó a Casa Presidencial y adicionalmente remitió un documento con diferentes escenarios y propuestas del IVA y de modificación de los tramos de impuesto sobre la renta. El documento fue elaborado con información generada por Rudolf Lucke y Luis Oviedo, investigadores del IICE.

El objetivo de las estimaciones realizadas fue identificar alternativas que permitieran generar montos significativos de recaudación fiscal adicional, al tiempo que se reducía la regresividad que surge de un impuesto indirecto como el IVA.

Las propuestas surgen de una modificación de la canasta básica tributaria (canasta utilizada por el Ministerio de Hacienda para definir los bienes y servicios que deben pagar IVA). Esta canasta incluye actualmente 200 productos, algunos de los cuales tienen reducida participación en el consumo de los deciles (grupos) de menores ingresos del país.

La modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de la canasta básica tributaria los bienes que representan menos del 5% del gasto de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso. Una vez aplicada la exclusión, la canasta reducida resultante presenta 79 productos, que incluyen servicios de telecomunicaciones (celular e Internet) y corte de pelo. Estos últimos no eran parte de la canasta básica tributaria inicial, pero representan una porción significativa del gasto de los hogares, especialmente en esta época de restricción sanitaria y confinamiento debido a la pandemia.

En todos los escenarios estudiados la educación privada pagaría IVA completo. Con base en lo anterior se determinó que puede lograrse, con la canasta básica reducida, una reducción del IVA del 13% actual al 11%, generando una recaudación adicional de poco más de ¢58 mil millones.

Alternativamente, puede reducirse el IVA del 13% al 12% generando, con una canasta básica reducida, una recaudación adicional de más de ¢150 mil millones.

Los escenarios anteriores fueron diseñados con la meta de combinar un aumento en la recaudación con una reducción en el efecto sobre los deciles de menores ingresos.

Las estimaciones del IVA fueron complementadas con una modificación de los tramos de renta.

De la información anterior tenemos que una reducción del IVA al 12% y una modificación en los tramos de renta (ver la tabla) genera más de ¢186 mil millones de recaudación adicional.

Así, el mayor aporte en la recaudación por IVA recae en los grupos de mayores ingresos y los deciles de menor ingreso no se afectan por la modificación en los tramos de renta.

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