El Poder Judicial se juega (o no) su antídoto después del “cementazo”

De poco podría servir la sacudida que representó el “cementazo” en la cúpula del Poder Judicial. De poco podrían valer las alarmas que se encendieron, la salida de tres magistrados y del jefe del Ministerio Público. De poco podría servir la altísima intensidad de la mirada pública que se posó sobre un poder que funciona como resguardo del sistema público, como un vigilante sin derecho a fallar.

Dos años después, un grupo de magistrados considera que ya pasó la crisis y no se requieren medidas internas y algún sector ve con satisfacción un leve repunte de la credibilidad de este poder de la República. Mientras, los medios de comunicación hemos reducido la cantidad de noticias sobre el Poder Judicial y los actuales diputados cumplen un año sin haber modificado de manera contundente los rigores en la elección de los magistrados para evitar o reducir las designaciones de carácter político.

La oportunidad de mejorar la designación de diputados parece haberse desvanecido entre el desinterés de algunos y la intención de otros sectores de que nada cambie, o de que cambié solo lo necesario para que en fondo los nombramientos se sigan haciendo como siempre, como si nada hubiera pasado. Esto cobra mayor importancia ahora que hay pendientes tres designaciones para la Sala Penal, una en la Constitucional y una en la Sala Primera, con postulaciones que ya han avanzado por los corrillos informales de Cuesta de Moras.

El poder de cambio lo tienen, al menos en la teoría, los diputados y, en concreto, los miembros de la Comisión de Nombramientos, ahora que comienza una nueva legislatura y se renuevan los integrantes de cada foro. Por ejemplo, se descarta la presencia de la legisladora Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista y herediana que presidió esa comisión desde mayo del 2018, con una gestión cuyos resultados criticó el grupo observador de expertos llamado Foro de la Justicia. “No ha habido un cambio significativo”, resumió Evelyn Villarreal, representante del Programa Estado de la Nación en este grupo.

“En la parte legal no ha habido ningún cambio. No se ha podido cruzar el cerco para un cambio que debería ser constitucional. Hay proyectos presentados, pero no veo que lo tengan como tema prioritario y que volvieron al clima de que ya pasó el escándalo. No es prioritario en Plenario ni en la Comisión de Nombramientos, donde la respuesta ha sido casi nula”, contesta la coordinadora del informe Estado de la Justicia. Solo se atrevió a mencionar algún viso de transparencia que ha permitido a grupos ciudadanos acceder a una mayor información sobre los procesos, los métodos y las deliberaciones en esa comisión.

¿Por qué no ha habido cambios? Son tres las posibilidades que menciona Villarreal:

— “No se puede ser tan ingenuo como para pensar que a todos les interesa cambiar el nombramiento. Hay grupos muy conformes con lo que hay ahora y que pueden seguir influyendo. Vienen procesos importantes con este tema de judicialización de la política. Imagínese lo que es desprenderse de nombrar a los magistrados que verán mi caso o mis intereses en la Sala Penal, por ejemplo.”

— Hay un grave desconocimiento de los diputados sobre las funciones del Poder Judicial, sobre las potestades y los ámbitos de acción de distintos órganos, lo cual implica desconocer el poder que los diputados tienen en sus manos al tratar estos temas. Esto se junta a las dificultades que históricamente padece el Poder Judicial para comunicarse con la población.

— La Corte Plena está fragmentada entre los magistrados que creen que se debe cambiar y otros que no lo creen necesario. Además, en mandos medios no hay claridad, unos que sí y otros no, y esa pugna puede explicar por qué los grupos que plantean reformas hayan tardado tanto. Están buscando equilibrios internos y apoyo ahí dentro. No se ve una conciencia clara de la importancia de reformarse. Los magistrados lo van a negar, pero se ve en las votaciones.

— Los medios de comunicación han pasado la página sobre la crisis del Poder Judicial que se abrió en el 2017, lo cual le reduce tensión a los magistrados y a los diputados para que tomen decisiones más contundentes desde su propio ámbito de acción.

El exmagistrado José Manuel Arroyo lo decía desde febrero pasado en un artículo titulado “Nombramientos, decepciones y red de cuido”, en el que enumeró sus críticas a los procedimientos que siguió la Comisión de Nombramientos.

“Me temo que la ‘red de cuido’ está de nuevo vivita y coleando. Hoy suma ya ocho votos en el máximo tribunal de la República, y si nos descuidamos con los nombramientos que están pendientes para la Sala Penal, ‘la red’ volverá a ser mayoritaria, y el espectro de la corrupción volverá a tocar nuestras puertas”, escribió entonces el exmagistrado.

En esa línea, el sociólogo y director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, se cuestionó si el Poder Judicial solo intenta proyectar una apariencia de cambio, pero con el objetivo de disimular el deseo de mantener formas y métodos tradicionales.

Tres magistrados consultados para esta información reconocieron bajo anonimato que están en deuda con el impulso a cambios sustantivos internos que refuercen la probidad interna y la imagen de independencia, pero señalaron que dentro de la Corte Plena hay un grupo que prefiere el estado actual de las cosas. El problema es que ese grupo tiene un tamaño suficiente para acabar imponiendo su resistencia y además podría reforzarse con nuevas designaciones de magistraturas que hagan los diputados.

La Corte Suprema de Justicia, que por años ha tratado de mostrarse como ajena al juego político, ha reflejado también las dinámicas partidarias de tiempos del bipartidismo y evidencia también los cambios más recientes en el paisaje político, sin que hayan caducado del todo los liderazgos de algunas figuras de aquella época. Nuevos partidos, líderes más débiles y figuras recién llegadas luchan por ocupar espacios de poder que van más allá de los cargos de elección popular, y entre los más apetecidos están las plazas de quienes dirigen al Poder Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, (quien asumió el cargo después del socollón que provocó la salida de Carlos Chinchilla y Celso Gamboa), reconoció que hay división en la cúpula, reflejada en la votación 11-11 sobre plantear o no reformas a los procedimientos de selección de nuevos magistrados.

En una entrevista el martes en el programa Hablando Claro, en radio Columbia, Cruz aceptó la posibilidad de que algunos magistrados creen que ya la crisis se superó y que no se requieren modificaciones. Agregó que se sorprendió por la posición de esa renuencia a abordar el tema y que es poco optimista con la opción de que los diputados avancen en las reformas necesarias. “Con mis 70 años no me van a poner a pensar que los niños vienen de París”.

Los magistrados sí pudieron aprobar un reglamento para la gestión de conflictos de interés dentro del Poder Judicial que, entre otros contenidos, prohíbe recomendar, promover o censurar a terceros ante la Asamblea Legislativa cuando esta designe magistraturas.