Montserrat Sagot: El imposible matrimonio entre la democracia y el fundamentalismo religioso

En Universidad, convocamos a un grupo heterogéneo y les pedimos que, desde sus perspectivas, respondieran a la pregunta: ¿qué está en juego en esta elección?

Los resultados de la primera ronda electoral del 4 de febrero sacaron a Costa Rica de su autocomplacencia. Ese día se empezó a derrumbar el mito de que existía una cultura política democrática y una ciudadanía que aceptaban un repertorio más o menos homogéneo de prácticas y discursos electorales. El bipartidismo se había agotado desde algunas elecciones atrás, pero se mantenía un comportamiento que tendía a favorecer a las opciones políticas más de centro, con discursos menos radicales y conciliadores. La ciudadanía les daba oportunidades a los partidos de izquierda y de derecha, religiosos o no, de tener representación en los puestos de elección popular, pero no les concedía el poder de convertirse en mayoría.

Sin embargo, los resultados del 4 de febrero, que colocaron en la delantera al Partido Restauración Nacional, evidenciaron la conjunción de una serie de fenómenos que se estaban gestando, pero que no habían tenido manifestación electoral hasta ese momento. En primer lugar, en Costa Rica se dejó sentir la oleada conservadora internacional, patrocinada tanto por los evangélicos como por los grupos más conservadores de la Iglesia Católica, que tiene como objetivo ganar poder político y presencia en la definición de las políticas del Estado. Esos grupos fundamentalistas se han visto en acción en Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala y en otros países, interviniendo en la política, defenestrando presidentas e incidiendo en los resultados de consultas populares. El guion de estos grupos es similar en todos los países: instrumentalizar la religión con fines políticos para que los preceptos religiosos se transformen en normas legales y políticas públicas.

En el caso de Costa Rica, este guion calza perfectamente con un sustrato conservador, patriarcal y autoritario que siempre ha existido en algunos sectores de la población, pero que no siempre asoma la cara de forma directa. En esta ocasión, el resultado de la consulta a la CIDH sobre matrimonio de personas del mismo sexo logró dejar al descubierto ese sustrato conservador sin ningún maquillaje y aglutinar a estos sectores alrededor del Partido Restauración Nacional.

Por otra parte, los partidos tradicionales, pensando en aumentar su base de apoyo, tienen también una buena cuota de responsabilidad en el ascenso de los evangélicos en la política. En el gobierno de Laura Chinchilla ya le habían dado la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a Justo Orozco. En esta legislatura, la fracción del PLN aumentó el premio; le entregó la presidencia del primer poder la República a un evangélico, probablemente con el cálculo de contar con sus votos. Además, Alvarez Desanti les llamó sus “aliados naturales” y en la campaña se sumó al discurso conservador, abonándole más bien el terreno a Restauración Nacional.

Además, esta campaña electoral dejó claro que las iglesias evangélicas estaban ocupando el lugar dejado de lado por el Estado y otros actores en los lugares históricamente excluidos, y se habían convertido en una fuente muy importante de apoyo material, emocional, de construcción de sentidos y hasta de socialización política. Lo que no se sabía hasta ahora es que esas iglesias también estaban ayudando a transformar la otrora cultura política democrática en una cultura políticoeclesial. Es decir, una cultura en la que no solo se mezclan la religión y la política, sino que se borra el concepto de ciudadanía y se reduce al de fieles votantes.

Por esas razones, el fundamentalismo religioso es incompatible con la democracia. Los grupos y partidos fundamentalistas lo que buscan es utilizar los instrumentos de la democracia, como el sistema electoral, para avanzar su agenda, pero no tienen ningún respeto por la institucionalidad democrática. Por eso, Fabricio Alvarado y su partido se han dedicado a desprestigiar y a cuestionar instituciones como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta el Tribunal Supremos de Elecciones. Es decir, cualquier institución que le ponga trabas al avance de su agenda conservadora es sacrificable. De ahí sus ataques al Ministerio de Educación, al Inamu, a las universidades públicas e incluso a las reglas básicas de la deliberación democrática, cuando se ha negado a asistir a los debates.

Los grupos y partidos fundamentalistas lo que buscan es utilizar los instrumentos de la democracia, como el sistema electoral, para avanzar su agenda, pero no tienen ningún respeto por la institucionalidad democrática.

Esa agenda conservadora es un instrumento fundamental para construir identidades en la clásica disputa religiosa entre el bien y el mal. Por eso, esta campaña política ha creado zanjas tan profundas en el país, por la insistencia en construir a sus aliados en clara oposición a sus “enemigos”. Y esos “enemigos” son las personas que creen en la igualdad entre los sexos, las que defienden derechos igualitarios para toda la población, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, las que abogan por el reconocimiento de la diversidad de familias que de hecho existe, las que piden educación sexual con el fin de evitar embarazos adolescentes, abusos sexuales y violencia sexista. La construcción intencionada de estos dos bandos crea profundas e irreconciliables divisiones en la sociedad, que atentan contra la convivencia democrática.

Los contenidos de la agenda conservadora también representan un peligro real para las mujeres y las personas que no se ajustan a la heteronormatividad. Uno de los factores que se ha asociado con un incremento de la violencia contra las mujeres es los cambios en las normas y los significados sociales asociados al género. Cuando los discursos conservadores se legitiman, y parte del imaginario aceptado es que las mujeres les deben sumisión a los hombres, entonces se incrementan los riesgos. Lo mismo ocurre con la violencia homofóbica. Con el refuerzo de ciertos valores, que han estado presentes en la campaña, como la servitud de las mujeres y la deshumanización de las personas LGBTIQ, se reproducen universos simbólicos que tienen potenciales consecuencias reales, tales como la construcción de una sociedad más violenta e indiferente al sufrimiento humano.

Finalmente, es importante entender la estrecha relación entre el fundamentalismo religioso y el proyecto neoliberal. El fundamentalismo religioso es el pilar ideológico que necesita el neoliberalismo en su proceso de afianzamiento. De ahí que importantes representantes de los poderes económicos y de facto de este país se han sumado a la campaña de Restauración Nacional. Para estos grupos, Fabricio Alvarado no representa un peligro ni parece importarles que esté rodeado de personajes que dicen controlar las placas tectónicas. Para ellos, la democracia es buena en tanto sea un instrumento para los negocios. Los temas “valóricos”, los derechos y la justicia social no son de su interés, siempre y cuando puedan controlar la política económica y fiscal.

Eso es lo que justamente está en juego en estas elecciones: la defensa de la institucionalidad democrática contra el avance del fundamentalismo. Estos dos no serían compatibles ni siquiera para un mal matrimonio.

¿Qué está en juego esta elección? Ellos responden a la pregunta: 

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Montserrat Sagot R.

Doctora en Sociología por The American University, Washington DC, Antropóloga UCR, Directora del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer (CIEM)


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