Las negociaciones fiscales están en su punto cúlmine y, votadas las primeras 1.008 propuestas de modificaciones a la reforma, ahora todo apunta al segundo y último lapso para proponer cambios a inicios agosto.
Para ello, los diputados de la comisión que tramita el proyecto ya presentaron sus solicitudes y sus recomendaciones en medio de un proceso de conversaciones con el Gobierno que inició desde la semana pasada, cuando el rechazo del texto sustitutivo presentado por los oficialistas en el primer día de mociones dejó en evidencia importantes diferencias de fondo con al menos tres bancadas (Liberación Nacional, Restauración Nacional y el Frente Amplio).
Las propuestas son variadas; sin embargo, algunas preocupaciones son generalizadas como es el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se pretende cargar a los alquileres, los servicios de agua y electricidad (13%), los medicamentos, los servicios de educación y salud privados (4%), y la canasta básica (2%); medidas que —tal como están planteadas— representan una buena parte de la meta recaudatoria de Hacienda.
En esa línea, el Ejecutivo ha dicho que está dispuesto a negociar, aunque también han subrayado que la idea es priorizar la “suficiencia”, aunque no descartan ceder en algunas posiciones.
Apenas este lunes, el Banco Central anunció que ya proyecta un déficit fiscal del 7,2% del PIB para el fin de este año, sumado a una deuda pública del 53,8% y un menor crecimiento económico (3,2%); cifras que el Gobierno espera mitigar con esta y otras reformas en empleo público e instituciones en los próximos dos años.
La idea es reducir al menos el déficit primario (sin intereses), que en 2017 ya superó el 3% del PIB, de modo que se pueda gestionar mejor la deuda y evitar una parálisis estatal por falta de dinero para cubrir las obligaciones.
El panorama
Si se analizan de mayores a menores las afinidades con el proyecto del Gobierno, habría que señalar al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como el partido que muestra una cara más favorable en relación con el mismo.
En buena medida, los socialcristianos respaldan el acuerdo de su excandidato presidencial y hoy ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, con el presidente Carlos Alvarado, en el que el jerarca se comprometía a impulsar el IVA del 13% con tarifas reducidas a salud y educación, entre otras medidas también expuestas en el proyecto y directrices ya presentadas por el Ejecutivo.
No obstante, para Pedro Muñoz, el único diputado del PUSC en la comisión que tramita el proyecto, más allá del texto lo que esperan en su fracción son propuestas paralelas que “reactiven la economía y eviten la evasión fiscal”, puntos que consideran esenciales y que deben trabajarse desde este mismo momento.
Así mismo, Muñoz indicó que las mejoras al proyecto pueden venir con propuestas complementarias, pues se trata de una negociación que “tiene un montón de caras”, por lo que en campos tan complejos como los impuestos a la canasta básica se puede trabajar bajando los precios disminuyendo el proteccionismo “por otro lado”.
Por su parte, también parece más cerca de la posición del Gobierno el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya congresista Yorleny León ya habla de un 80% concertado, aunque con diferencias persistentes —que pueden consensuarse— en campos como los impuestos a los medicamentos, el impacto en el sector agropecuario y la canasta básica.
También existen diferencias con algunos umbrales y definiciones, como en el caso de los servicios de agua y electricidad, cuyo Impuesto al Valor Agregado (IVA) hoy se cobraría sobre los montos totales y no sobre los excesos de los topes fijados en 250 kw/h y 30 metros cúbicos, respectivamente.
También existe una diferencia importante relacionada con una norma de subcapitalización propuesta por el Gobierno que impediría a las personas jurídicas declarar más de un 20% de sus intereses como gastos, una iniciativa que el PLN suscribe pero en la que pediría dar algún plazo de gracia con otras tasas para que las pequeñas y medianas empresas no resulten perjudicadas.
Menos flexible con las propuestas del Gobierno se muestra Restauración Nacional (PRN), cuyo jefe de fracción, Carlos Avendaño, ya anunció que seguirán en las mesas de negociación para que “se les escuche”, pero que “no aceptarán ningún proyecto” que grave —al menos como actualmente lo plantea la reforma— a la canasta básica (2%), los medicamentos, los servicios de salud y educación privados (4%), y los alquileres (13%).
La oposición es aún más rotunda por parte de los partidos minoritarios representados en la comisión que dictamina el proyecto por el Partido Integración Nacional (PIN) y el Frente Amplio (FA), pues los primeros ya se retiraron de la mesa de diálogo y los segundos continúan escépticos sobre la justicia social del proyecto.
Al respecto, el frenteamplista José María Villalta señaló que buscará “tejer alianzas”, pues “hay coincidencias con otras fracciones que pueden hacer que muchos cambios se aprueben”. “Se trata de ir sumando fuerzas”, concluyó.
Factor PLN
Como mayor bancada del Plenario (17 de 57 diputados) y en la comisión que vota las modificaciones al texto (tres de nueve), el PLN se reconoce a sí mismo como una carta fundamental en las discusiones fiscales. Lo dejaron más claro que nunca en la votación para rechazar el primer texto sustitutivo del Gobierno, en la que sus tres votos fueron cruciales para que el Ejecutivo no alcanzara la mayoría de cinco diputados que necesitaba, como requiere cada propuesta de modificación.
Así las cosas, la diputada Yorleny León comentó que en el partido están conscientes de su “importancia”, aunque también subrayó que “han sido muy objetivos y muy consecuentes con su participación a lo largo de todas estas semanas” y que eso “no tiene que restarle al partido la objetividad que requiere un proyecto de esta envergadura”.
Así mismo, señaló que “Costa Rica requiere una reforma fiscal” y que “eso lo tienen absolutamente claro”, por lo que advierte que “el PLN jamás podría ser tan irresponsable” de dejar al país sin un texto aprobado.
“La idea es en estos 15 días ir tomando cada uno de esas diferencia e ir haciendo un análisis de mínimos y máximos, donde esperamos llegar a puntos intermedios, para ir elaborando la moción que se requiere para irlas incorporando al texto”.
“La propuesta con la que estamos arrancando es que no hay texto nuevo, sino que vamos a mocionar sobre lo que ya existe. Si a lo largo de estos 15 días se vislumbra que es necesario un texto nuevo, tampoco lo desechamos de entrada”, comenta.
De cara al segundo día dispuesto para que los diputados hagan sus últimas modificaciones al texto, desde el Ministerio de Hacienda ya anuncian que existe flexibilidad para ceder a propuestas que mejoren el texto; sin embargo, son enfáticos en la “suficiencia” como un principio con el que guiarán todas y cada una de sus decisiones.
Con esa “suficiencia” se refieren a la meta recaudatoria del 1,9% del PIB, una cifra que esperan debilitar lo menos posible a la hora de aceptar o no las propuestas de los congresistas.
Las diferencias entre las distintas bancadas, afirma el oficialista y presidente de la comisión, Welmer Ramos, están dispuestos a resolverlas “por la vía democrática”. Es decir, esperan someterlas a votación.
