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El doble mensaje de Uccaep ante el caso “Barrenador” en la CCSS

Un primer comunicado ofreció “colaboración con autoridades judiciales” y no adelantar criterio, pero después sobresalió la solidaridad con los imputados y el rechazo de cargos, según el mensaje dado por la presidenta de la organización empresarial, procedente de una empresa de modelo cooperativo.

El escándalo que reventó en la última semana de septiembre alrededor de supuesta corrupción en la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) por contratos para el manejo de 138 Ebais salpicó también a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la puso en el dilema de sumarse a la reacción del Poder Ejecutivo desafiante contra el Poder Judicial o de mostrarse respetuosa de las autoridades judiciales y del funcionamiento de la institucionalidad.

El caso “Barrenador”, como llaman los investigadores judiciales a la investigación contra directivos de la CCSS, incluidos los dos representantes de Uccaep en ese órgano y dos exdirectivos, provocó distintos mensajes oficiales de la organización y de la presidenta ejecutiva, Maritza Hernández.

Los apuros llegan cinco meses después de que ella tomó el cargo al frente de Uccaep como representante del sector transportes, con la procedencia que trae ella al frente de una empresa de autobuses de tipo cooperativo, el modelo empresarial que también tienen nueve de las diez empresas contratadas en la licitación cuestionada que dio pie a delitos de tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública, según las sospechas del Ministerio Público.

Sin haber ocupado antes cargos políticos del movimiento cooperativo, Hernández se colocó en abril el sombrero como presidenta de la Uccaep y en septiembre enfrenta una primera sacudida política de la organización, debito al papel que tuvieron sus representantes en la junta directiva de la CCSS en consonancia con la línea del Gobierno representada por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la entidad.

Están bajo la lupa judicial los representantes de Uccaep Johnny Gómez y Zerith Rojas, así como de los exdirectivos Roberto Quirós y Jorge Araya, quien además ocupa ahora el cargo de director ejecutivo de Uccaep. Ellos fueron detenidos por dos días y ahora enfrentan el proceso penal junto a representantes del Gobierno, como se conoció el lunes 23 de septiembre cuando se realizaron 28 allanamientos y cuando la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dio un primer mensaje de rechazo del Poder Ejecutivo contra las actuaciones judiciales.

Un primer mensaje de Uccaep, a media tarde, decía que “reafirma su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en todo lo que se requiera para esclarecer el caso bajo investigación” y que por tratarse de un tema bajo investigación evitaría adelantar un criterio.

Sin embargo, dos horas después en un video de Maritza Hernández sí decidieron dar un criterio propio. Tras solidarizarse con la situación que atraviesan los imputados, la presidenta de Uccaep aseguró que la adjudicación fue correcta y que se basó en informes internos de la CCSS, dando a entender que los representantes de Uccaep son inocentes.

“Esta decisión buscó garantizar la continuidad de la atención primaria en los Ebais poniendo como prioridad la atención de más de 500.000 personas, teniendo claro que las necesidades sobrepasan las capacidades de la CCSS. Uccaep reitera el compromiso con el fortalecimiento de la CCSS para garantizar acceso a servicios de salud y por eso en este caso se consideró primordial garantizar la continuidad de esos servicios”, justificó Hernández en un video en que leía un documento, sin mencionar la colaboración con autoridades judiciales.

Solo al final del video venía una referencia indirecta: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad y el debido proceso, todos pilares fundamentales de nuestra democracia”.

Dos días después, con la intervención del presidente Rodrigo Chaves, el gabinete en pleno dio un aplauso de apoyo a Marta Esquivel y también a los imputados representantes de Uccaep, después de que el mandatario descargó su verbo contra el Poder Judicial, intentó deslegitimar al Ministerio Público y acusó a las autoridades judiciales de estar sometidos a intereses politiqueros o de élites económicas, según él.

Uccaep no entró en sus mensajes en esta posición desafiante, a pesar de la justificación que dio Hernández sobre la actuación de los representantes patronales y el señalamiento sobre su inocencia. Incluso el imputado Jorge Araya, director ejecutivo de Uccaep, rindió declaraciones opuestas a las del Gobierno en la tarde del viernes 27 de septiembre, al salir de una de las audiencias en el Juzgado Penal y de la Función Pública y hablar al medio Interferencia de la UCR.

Araya incluso agradeció el trato humano del personal de Cárceles del OIJ, en sentido contrario a las críticas que lanzó Rodrigo Chaves por supuestos abusos y maltrato contra los imputados. “Siempre nos trataron de la mejor manera”, dijo antes de expresar confianza en la Justicia. “Resaltamos la importancia del principio democrático de separación de poderes en que Ministerio Público hace su labor, la judicatura el suyo y nosotros los imputados también demostrando nuestra inocencia”, expresó el director ejecutivo de Uccaep en sentido contrario al del gobierno de Chaves y en un tono también distinto al de Maritza Hernández.

De esta manera, Uccaep queda en la incómoda posición de estar asociada al Poder Ejecutivo, pero con un discurso diferente, con la particularidad del tipo de liderazgo que representa Hernández, siendo la primera mujer al frente de la organización y un rostro conocido del movimiento cooperativo, que también está involucrado en los contratos cuestionados.

Hernández, sin embargo, nunca ocupó cargos políticos en la estructura del movimiento cooperativo y su tarea principal fue impulsar la empresa llamada Metrocoop, liderada por ella y su familia para operar líneas de buses en zonas populosas del sur de San José, aunque con un modelo cooperativo que permite un pago de rentas distinto del de cualquier empresa privada convencional.

La adjudicación que decidió la CCSS para contratar diez empresas en una sesión celebrada en la mañana del sábado 6 de julio ha recibido el respaldo de Freddy González, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), quien también ha dado adhesión al gobierno de Chaves en lo relacionado al “proyecto jaguar”, la iniciativa que plantea un referendo para acotar potestades de la Contraloría General de la República.

De esta manera el Poder Ejecutivo se ha granjeado el respaldo de la cúpula de un sector de la economía social, pero también de la capa empresarial representada en Uccaep, en contraposición ideológica con las organizaciones sindicales del sector estatal a las que critica con frecuencia.

“Son aliados estratégicos”, dijo el 21 de agosto Marta Esquivel sobre los directivos a su favor al señalar su preferencia por la tercerización de servicios de la CCSS como una manera de mejorar los servicios y meter en competencia a los funcionarios de la entidad. “La empresa privada construye democracias y en la entidad mencionar la empresa privada es como llamar a los espíritus del mal”, ilustraba Esquivel junto al presidente Chaves.

 

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