El presidente Rodrigo Chaves acaba la última semana de septiembre con dos nuevas contradicciones en sus discursos en relación con las instituciones que ha señalado como adversarias suyas cuando la situación le resulta a su favor.
Se trata primero del Ministerio Público, protagonista desde hace 10 días cuando realizó allanamientos en el Ministerio de Salud por el caso Parque Viva y en esta semana con los operativos relacionados a presunta corrupción en la CCSS, al punto de que Chaves desenfundó una larga lista de descalificativos contra la entidad y su jefe, el fiscal general Carlo Díaz.
Aunque Chaves ahora dice que el Ministerio Público está movido por intereses políticos para desarrollar una investigación “absurda” por “revanchismo” contra su gobierno, e incluso llama a la población a “estar listos” para actuar eventualmente, no siempre ha desconfiado tanto de ese órgano judicial.
Se vio con el caso de Luis Amador, el ministro de Transportes que Chaves destituyó en marzo bajo la sospecha de que cometió irregularidades con el proceso de reconstrucción de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Ahí el mandatario no sólo llevó la denuncia ante el Ministerio Público, sino que lo justificó con total respeto.
“No sé si fue mala fe, descuido o negligencia (de Amador). Eso le toca a las entidades correspondientes de acuerdo a nuestra legislación. Juré con una mano en la Biblia y ante la Constitución y ante el pueblo no volver a ver para otro lado, por más que duela”, dijo el Presidente sin asomarse siquiera una alusión a la “politización judicial” que señala seis meses después.
Chaves también ha acudido al Ministerio Público a presentar denuncias en asuntos incluso sobre la misma CCSS, como ocurrió el año pasado en compañía de Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva ahora sospechosa de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública. En esa ocasión incluso llevó una caja de cartón con supuestos documentos probatorios de supuestos delitos cometidos antes de que ella asumiera el cargo, en septiembre de 2022. Tampoco en esa ocasión puso bajo cuestionamiento a Carlo Díaz, sobre quien incluso dio valoraciones favorables meses atrás. Ahora le achaca “matonismo”.
Pero estos cambios de criterio no ocurren sólo con el Ministerio Público, sino también con la Contraloría General de la República (CGR) contra la cual Chaves cumple un año llenando de críticas y cuestionamientos, en especial dirigidos a la contralora general, Marta Acosta. La ha llamado “faraona”, le atribuye estar defendiendo intereses politiqueros, según él, y la ha calificado como “absurdos” los criterios sobre diversos proyectos. Incluso Chaves la ha señalado como “persona mala” que defiende “el demonio de la corrupción”.
Contraloría contradice a Presidencia: los polémicos contratos de la CCSS sí están en firme
Pero de repente para Chaves la CGR sí tiene legitimidad, ahora que le funciona para argumentar la supuesta legalidad de todo el proceso de la CCSS para contratación de 10 empresas que manejen 128 EBAIS durante 10 años, el objeto de la investigación judicial que ahora deplora el mandatario.
Chaves dijo el miércoles que la Contraloría no objetó los términos de los contratos y que está revisando el proceso, y que hasta ahora no ha señalado anomalía alguna. “El caso estaba en apelación en la Contraloría General de la República (dijo sin críticas). Ahí están todos los documentos que ellos (los fiscales) pudieran necesitar”, dijo esta semana leyendo el documento con el que defendió a Esquivel y despotricó contra el Ministerio Público.
Sin embargo, el jueves la Contraloría salió a corregir los señalamientos de Chaves y de su ministra de Presidencia, Laura Fernández. “No es correcto afirmar que la CGR refrendó estos contratos ni que les da su ‘visto bueno’”, comunicó la entidad contralora haciéndose a un lado de la responsabilidad que le quiso colocar el Presidente, quien hasta acabó pidiendo aplaudirle a Marta Acosta, por error al equivocar el apellido Esquivel.
Tampoco los cambios de tono se limitan al Ministerio Público o a la Contraloría, pues en varias ocasiones Chaves ha lanzado insinuaciones contra la Sala Constitucional y la ha incluido como parte de la institucionalidad que él dice que protege a políticos tradicionales, mientras en otros momentos ha celebrado sus sentencias. Ocurrió, por ejemplo, cuando los magistrados acogieron el recurso de amparo en contra del dictamen de diputados opositores en que atribuyeron a Chaves responsabilidad por anomalías con el financiamiento electoral en 2022, pues los magistrados señalaron que debieron darle derecho a defenderse en la comisión donde se discutió ese tema.
