La detención del alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, como parte de la denominada ‘operación Diamante’, se da después de que en el contexto del caso Cochinilla surgieran sospechas sobre las adjudicaciones de trabajos de obra pública a la empresa Constructora Herrera, particularmente la construcción de la carretera Sifón – La Abundancia.
Este caso cobró en particular tintes políticos cuando la diputada jefa de fracción de Liberación Nacional, María José Corrales, apareció mencionada en una conversación telefónica que forma parte del acervo de intervenciones de comunicaciones del amplio expediente Cochinilla.
Cabe recordar que desde marzo de 2020 UNIVERSIDAD informó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigaban el destino que corrieron ₡3.500 millones para construir esa carretera, tras una visita del Laboratorio Nacional de Materiales (Lananme) de la UCR, que comprobó la realización de trabajos indebidos en caminos municipales y en una propiedad privada, entradas a fincas particulares y tareas ejecutadas en el proyecto principal, pero sin las órdenes correspondientes. Además de la contratación irregular de empresas, cambios en el programa de trabajo y construcción de gaviones sin diseños y aprobación previa.
OIJ y Fiscalía investigan cómo se esfumaron ₡3.500 millones en la eterna vía a San Carlos
Conexión con diputada
Tal como publicó este Semanario desde el pasado 2 de julio, se trata concretamente de una conversación del 6 de febrero de 2020, entre Carlos Solís Murillo, gerente de Adquisiciones y Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y William Herrera, de Constructora Herrera.
Según esa información, Herrera cuenta que después de unas denuncias hechas por la diputada también liberacionista Silvia Hernández en el plenario legislativo, Corrales lo llamó molesta y le increpó que “cómo es que Silvia si es compañera del Partido, se tira a lanzar un montón de acusaciones así tan feas y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta porque yo no la hubiera dejado”.
Según el expediente, Herrera preparó un documento para su prima hermana Rebeca Méndez, quien resulta ser asesora de Corrales, argumentando que no hubo ninguna contratación irregular.
En esa oportunidad, Corrales declaró que “en uno de mis discursos de control político manifesté con claridad que sería la primera en denunciar si existiese algo anómalo en la construcción de la Carretera a San Carlos. Ahora lo que corresponde es esperar a que esas investigaciones avancen y que el Ministro presente el informe ante el Ministerio Público para que se aclaren las responsabilidades según corresponda”.
Constructora Herrera es la tercera gran empresa constructora de obra pública nacional, luego de Constructora MECO y Hernán Solís, y llamativamente concentra el 55% de sus adjudicaciones de los últimos seis años en su cantón de origen, San Carlos.
En julio UNIVERSIDAD se ocupó también de denunciar en el contexto del caso Cochinilla que, según datos de la Contraloría General de la República (CGR), esta empresa recibió un total de ₡28.721 millones en adjudicaciones entre 2014 y 2020, pero de ellos apenas ₡3.907 millones fueron pagados por Conavi, mientras que la Municipalidad de San Carlos desembolsó ₡16 mil millones en contratos.
En ese voluminoso expediente penal, el empresario William Herrera es señalado supuestamente por pagar por los “servicios” del “gavilán” Tobías Arce Alpízar, quien operaba diariamente dentro del Conavi para realizar gestiones en favor de Meco y H Solís.
En ese momento, el alcalde Córdoba aseguró a este Semanario que los contratos se otorgan “por precio” y que los carteles se tramitan adecuadamente. No obstante, UNIVERSIDAD recibió denuncias de que los carteles tienen “filtros para que nadie más cumpla, para tener siempre Constructora Herrera una ventaja: sea por un equipo o por la ubicación en donde está su planta de asfalto”.
Córdoba al respecto adujo que “no puede haber ninguna prioridad (a la empresa) porque eso va por SICOP (el Sistema Integrado de Compras Públicas). Son explicaciones técnicas. Es un proceso de siete personas”.
El propio Alcalde confirmó que entre esas siete personas figura el coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) de esa Municipalidad, Pablo Jiménez Araya, quien resulta ser el esposo de la diputada Corrales.