Se acercaba la medianoche del viernes 23 de noviembre y el Gobierno dio la conferencia de prensa más esperada de todo el año. Unas 15 personas del equipo de prensa de Casa Presidencial y un séquito de jerarcas cercanos no podían irse a sus casas hasta que la Sala Constitucional anunciara cuál sería el destino, una vez más, de una reforma tributaria que había chocado con la misma pared constitucional en las últimas dos ocasiones.
Era ser el mensajero de la crisis o el portavoz de las buenas noticias. Para suerte del presidente Carlos Alvarado, la tercera fue la vencida.
El mandatario se acompañó de su círculo más cercano: su esposa y Primera Dama, Claudia Dobles; el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; el viceministro de Ingresos, Nogui Aguilar; y el viceministro de Diálogo Político, Agustín Castro.
Tras celebrar el fallo de la Sala IV e insistir que esto es solo “un paso en la dirección correcta”, Aguilar recibió el abrazo de Alvarado y recostó su cabeza en el pecho del Presidente, en señal de alivio, una palabra que repitió como estribillo en sus intervenciones en medios de comunicación los días posteriores.
“Esperamos concluir el año 2018 con un esfuerzo que tiene muchísimos años, en otras oportunidades se ha intentado con mucho esfuerzo. Terminada esa etapa, nos adentramos en un importante proceso de reactivación económica que tiene como condición necesaria la consolidación fiscal. Lo que tenemos hoy es lo que nos va a permitir iniciar esa reactivación”, dijo Aguilar esa noche.
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“La mitad de la historia se dio durante la administración anterior. Es un proyecto que lleva mi firma y la de don Helio. Hubo un proceso en ese momento con cuatro partidos políticos y se aprobó el 208 bis. Doña Rocío llega, toma ese trabajo avanzado, luego los diputados modifican y comienzan a seguir negociando. Es un trabajo dividido en dos, es una carrera de relevos, pero el que sale en el photofinish es el que lleva el mérito, así es la historia. No todos salen en las líneas (…) Pasaron 23 años para que se aprobara una reforma, que se haya hecho es muy positivo. Lo negativo es que se haya tenido que hacer al filo de una situación crítica, a sabiendas de que las advertencias se vienen dando desde la crisis del 2008. Que el país se esperara a que las cosas se complicaran, habla mal del país”.
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El proyecto
Las esperanzas estaban puestas sobre un proyecto basado en cuatro pilares: IVA, renta, empleo público y regla fiscal. La iniciativa establece una migración del Impuesto de Ventas a un Impuesto de Valor Agregado (IVA), un gravamen que seguirá bajo una tasa del 13%, cifra que en un inicio se pensaba rondaría el 14% o 15%.
Esta medida buscaría ampliar la recaudación al sector de los servicios, el cual aporta cada vez más a la producción nacional. La importancia relativa del sector en relación con el PIB pasó de un 57,59% en 1991 a un 67,44% en 2017, según datos del Ministerio de Hacienda.
También establece porcentajes menores de cobro del IVA a la medicina privada (4%) y medicamentos (2%), así como a los bienes de la canasta básica. Las universidades públicas pagarán IVA en la compra de bienes y servicios, sin embargo, se les devolverá en tractos mensuales.
Por su parte, el impuesto de la renta sube y se crean dos nuevos escalones para los asalariados con mayores ingresos (ver recuadro).
En materia de empleo público, uno de los capítulos que generaron más molestia en los grupos sindicalistas, se le brinda al Ministerio de Planificación la rectoría en esa materia para el diseño de un instrumento de evaluación del desempeño, el cual determinará si los empleados reciben o no la anualidad.
También se imponen topes más bajos a los porcentajes que se pagan por dedicación exclusiva y prohibición, entre otras medidas.
Por su parte, la regla fiscal fija como estándar el crecimiento de la producción y el nivel de endeudamiento a la hora de otorgar recursos, y establece medidas extraordinarias cuando la deuda pública supera el 60%.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Carlos Alvarado, presidente de la República” icon_quote=”no”]
“Tenemos que abrir una etapa de reconciliación y acercamiento. Ahora, lo más importante es que tenemos la posibilidad de un segundo debate de este proyecto para abrir una etapa de esperanza, de estabilidad económica y social. Siento una gran esperanza por el futuro de Costa Rica; es un paso importantísimo para La Nación y para esta generación y las futuras. Me siento emocionado porque dependendiendo del trabajo que hagamos, podremos sacar al país adelante. Debemos caminar hacia la unidad nacional para esa esperanza, estabilidad y certeza”.
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¿Qué sigue?
Tanto Aguilar como los partidos aliados en el tema de impuestos coinciden en que el proyecto es insuficiente y debe complementarse con una nueva ley de empleo público. El gobierno de Carlos Alvarado ya anunció que presentará una iniciativa en esta línea para el primer trimestre del próximo año.
“Hay un compromiso de enviar un proyecto en marzo del 2019. Esperamos empezar a conversar antes con los distintos sectores en el Consejo Económico y Social. Al final, la decisión y la voluntad de la Asamblea Legislativa determinará cuál es el proyecto que se debe aprobar”, dijo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
UNIVERSIDAD intentó hablar con el exministro de Hacienda, Helio Fallas, con el fin de obtener su opinión sobre el tema, pero declinó la invitación.
