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El aire electoral se mezcla con las crisis: el 2021 pinta a tormenta política

Comienza el último tercio del débil gobierno de Alvarado, que toca bajo presiones el botón del FMI y empuja reformas en empleo público, mientras carburan arranques electorales y se prolongan las crisis de partidos, sanitaria y económica. Se complicó el Bicentenario.

El Gobierno estrenó ministra de la Presidencia en el arranque del 2021 al entrar en el último tercio del cuatrienio, y ella, la exasesora legislativa Geannina Dinarte, quiso comenzar el propio lunes 4 de enero en reunión con diputados opositores para hablar de un tema escabroso: la propuesta para la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hasta ahí todo bien, pero solo llegaron algunos convocados y después dos diputados salieron con un mensaje distinto al que habrían querido dar la ministra Dinarte y su colega de Planificación, Pilar Garrido, sobre qué impuestos podrían sumarse al ajuste fiscal propuesto.

Después el ministro de Hacienda salió a tratar de enderezar, pero ya era tarde para evitar un nuevo fallo en la comunicación Gobierno-diputados y eso parece sintomático. Fue una oportunidad malograda de causar una buena primera impresión de la nueva ministra o del arranque de un tramo clave para la herencia de este gobierno.

Vinieron entonces las críticas de otros legisladores, noticias sobre las aparentes inconsistencias y dudas sobre la capacidad del Ejecutivo de prepararse en serio para acudir a una negociación con el FMI. Nuevos cuestionamientos al recurso que el presidente Carlos Alvarado presenta como un flotador para unas finanzas que se hunden, en medio de numerosos grupos que siguen objetando las propuestas de recorte de gasto o el aumento en impuestos, según quién lo diga.

En este terreno nublado comenzaron las negociaciones con el FMI una semana después, este lunes 11, el mismo día en que los legisladores volvieron de sus largas vacaciones marcadas por los contagios de COVID-19 en la sede legislativa y por el portazo al crédito por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por motivos principalmente políticos que seguirán vigentes y quizás potenciados en este año.

Siguen arriba las banderas de grupos de la sociedad civil y gremios de trabajadores públicos opuestos a la negociación con el FMI, incluso de algunos que participaron en la Mesa Multisectorial con la que el Gobierno trató de atender el malestar expresado en las protestas de setiembre y octubre, antes de que se conociera que la gestión del Ejecutivo está en el punto más bajo de apoyo ciudadano.

En el fondo del paisaje hay también un precario respaldo popular al desempeño del gobierno, una crisis financiera agravada por los efectos de la pandemia y una economía contraída que se refleja en la duplicación del desempleo, con más de medio millón de trabajadores sin posibilidad de llevar ingresos a sus hogares. A eso se agrega la crisis sanitaria que mantiene la presión sobre los hospitales y que apenas deja ver una ínfima recuperación económica después de los meses de restricciones del 2020. Nada augura que se cumplan los deseos de celebrar por lo alto el año del Bicentenario, como se planteaba Alvarado al comenzar a gobernar y ver la proximidad de los 200 años desde la Independencia.

También se añade algo menos reciente: una crisis de liderazgos políticos más que diagnosticada por los estudiosos que repercute en la solvencia de los partidos políticos y que complica más y más los procesos para alcanzar acuerdos con soluciones a los problemas, sean estas populares o no. Casi siete de cada diez costarricenses carecen de simpatía por algún partido y las principales agrupaciones tienden a inclinarse hacia el poder de líderes territoriales alejados de la visión nacional, como han criticado otras voces de esos mismos partidos.

Aires de campaña

Con esa fragmentación y debilitamiento, sin embargo, los procesos partidarios y los cálculos de precandidaturas están activados para preparar la competencia electoral que comenzará formalmente en octubre de cara a las elecciones de febrero del 2022. Los primeros anuncios de intereses en postulaciones, sin embargo, quedaron listos desde el 2020, aunque tampoco es algo nuevo. Así suelen ser los ciclos electorales, al punto de que para estas alturas del cuatrienio anterior ya Carlos Alvarado había renunciado a su cargo de ministro de Trabajo (19 de enero del 2017) para postularse por la Presidencia con su Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Este es un año de preparativos electorales y con eso hay que trabajar, aunque sí entramos a un tercer año de gobierno diferente al pasado, porque la emergencia podría continuar y determinar los movimientos”, prevé la politóloga Ilka Treminio, directora para Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y una de las dos facilitadoras de la Mesa Multisectorial que derivó en el Consejo Consultivo a finales del 2020.

Treminio señaló que el Ejecutivo, por su escasa presencia en la Asamblea Legislativa, está “completamente a expensas de la oposición” y por ello estará obligado a buscar una estrategia para poder maniobrar en medio de la fuerte crisis económica, pues persiste el riesgo de la desgobernabilidad legislativa y el predominio de diputados autorreferenciales (sin coordinación con su partido).

“El peligro de un caos en el debate es alto; por eso la oportunidad de canalizar algunas discusiones mediante el Consejo Consultivo para alcanzar puntos medios y llevarlos al Congreso avanzados, aunque la mayoría de diputados tampoco ha sido muy receptiva con ese mecanismo”, agrega Treminio.

Constantino Urcuyo, analista, investigador y profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR), coincide en caracterizar el paisaje como “fragmentado y revuelto”, lo que dificultaría que se materialice un eventual acuerdo con el FMI y su aprobación posterior en la Asamblea Legislativa, lo cual eleva las posibilidades de que el Gobierno deba recurrir a más endeudamiento para acabar el cuatrienio y dejar el problema financiero sin resolver.

“Lo que pasó con el préstamo del BID es una buena víspera, porque la fracción del PLN ya no es la misma que aprobó la reforma fiscal en 2018; el partido está muy dividido”, dijo el politólogo en alusión a la mayor bancada legislativa en el contexto preelectoral.

Urcuyo sí advirtió que el año se podría mirar como dos partes: una antes de que los partidos definan a sus candidatos presidenciales (a partir de junio) y otra después, cuando ya estén lanzados los dados electorales. En la primera parte podría haber un margen de maniobra política para el Gobierno si sabe aprovechar el control que tendrá sobre la agenda legislativa, pues por una reforma en los ciclos quedó en esta ocasión un largo período de ocho meses de “sesiones extraordinarias”.

La ministra Dinarte admite que esa es una ventaja, aunque todo dependerá de la capacidad de coordinación y confianza que se establezca con los diputados opositores mientras se preparan la batalla para el 2022. Pero es una película por ver.

Empleo público

En el terreno hay otro elemento fundamental, advierte Urcuyo: el papel de los más de 300.000 empleados públicos que se verían afectados por el proyecto de ley que limitaría su régimen salarial y que el Ejecutivo coloca como pieza central de los planes de austeridad paralelos a la negociación con el FMI.

Dado el antecedente de protestas contra la reforma fiscal, contra este proyecto de ley y contra otras medidas que provocaron bloqueos en las calles en setiembre y octubre, el politólogo considera que los gremios estatales pueden ser un foco de nuevas manifestaciones en este 2021.

“Son muchos los grupos descontentos, pero pocas cosas hay que agrupen a un gran número. Sin partidos que agrupen a multitudes, los empleados públicos van a jugar un rol importante en los movimientos políticos y en lo electoral, a pesar de las divisiones que ya sabemos existen entre ciertos dirigentes sindicales”, agrega Urcuyo.

Algo de eso mostraba en noviembre Jorge Coronado, uno de los dirigentes sindicales que participó y rubricó el Diálogo Multisectorial con el Gobierno y otras organizaciones, incluidas cámaras empresariales, a pesar del rechazo de un sector sindical contrario a ese mecanismo. Pese a la satisfacción con ese diálogo, Coronado advertía que no se conversó ahí sobre el acuerdo con el FMI y que la oposición a él se mantenía.

“Seguimos sosteniendo que no se requiere ir al FMI con su recetario de recortes y austeridad que incendiaría este país. Aplicar medidas más duras en lo laboral, social y tributario echaría por la borda el acuerdo de esta mesa. El Gobierno debería tomárselo con mucha precaución”, decía Coronado al finalizar el 2020. Para este miércoles por la mañana estaba programado un anuncio de nuevas acciones de varios grupos.

Albino Vargas, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), reaccionó el mismo 3 de diciembre a que Alvarado confirmó que acudiría al FMI. “Llamamos, a la más grande unidad cívica, popular y social de los sectores sanos de la Costa Rica golpeada y estafada. En ANEP, que no somos sindicato alineado, estamos listos para trabajar en esa gran unidad”, advertía Vargas, en línea similar al exdiputado Célimo Guido, cabeza visible de las protestas de octubre.


Geannina Dinarte el 4 de enero al estrenarse como ministra de la Presidencia en una reunión con miembros de bancadas legislativas de oposición. (Foto: Presidencia).

Geannina Dinarte, nueva ministra de la Presidencia

“El escenario es muy desafiante”

La politóloga Geannina Dinarte dejó en diciembre el puesto de ministra de Trabajo para tomar la coordinación y vocería del equipo de gobierno de Carlos Alvarado desde el cargo de Ministra de la Presidencia, la primera mujer desde hace 17 años.

Es la cuarta persona que toma este puesto en lo que va del gobierno, después de gestiones fallidas del excandidato socialcristiano Rodolfo Piza, del diputado Víctor Morales y del exrector liberacionistas Marcelo Prieto, justo en el momento en que Zapote tiene la oportunidad de controlar la agenda legislativa por ocho meses.

Tras nueve años de experiencia como asesora legislativa, con una intensa participación especial durante la reforma fiscal en 2018, Dinarte insiste en ver oportunidades de acuerdos en este 2021, aunque lo llama de una manera que admite dificultades: “desafiante”.

“Es un año desafiante, que requiere la sumatoria de las voluntades de los sectores diversos, comprendiendo que no solo hay afectación a empresas y negocios, sino a empleos y los medios de vida en el ámbito personal”.

“Necesitamos recuperar a la mayor velocidad posible la actividad económica y alcanzar condiciones que nos permitan tomar otras decisiones para el beneficio del país. La meta es estabilizar la trayectoria de la deuda para lograr condiciones mejores e impactar en la economía de las personas.

El escenario es muy desafiante con las dinámicas propias del contexto que se avecina, con procesos preelectorales y una amplia discusión que amerita nuevos temas. Tenemos necesidad de atender lo inmediato, claro, sin renunciar a la agenda de futuro.

Usted dice que el momento requiere la conjunción de voluntades, pero, viendo lo que ha pasado hasta ahora, ¿es eso factible?

—Es que veo que distintos actores sí han dado señas importantes como en plan fiscal y en la emergencia sanitaria. Ahora también hay oportunidades para generar acuerdos, pues hay visión compartida con proyectos de ley que fortalecen la actividad económica. Hay muchas coincidencias. Sí veo margen para generar acuerdos.

¿Por qué no fue así el primer contacto con la oposición?

—Las partes llegamos con la mejor voluntad, pero se generó una situación que merece una mejoría de la comunicación y formas de coordinación. No quiero hacer de esta situación un factor para minar puentes, porque sé del buen ánimo de todos.

¿Nunca dijeron ustedes que estaba en planes aumentar el IVA e insistir con un impuesto a transacciones financieras?

—Lo que dijimos fue que esas opciones se habían analizado antes y que ahora no son viables políticamente ni socialmente. Es central ahora el proyecto de Empleo Público y nuevos proyectos de impuesto a casas de lujo y ajustes en renta.

¿Cómo contestar a la posibilidad de más protestas de grupos contrarios al acuerdo con el FMI?

—Bueno, es que ya casi todas las medidas se habían expuesto a la ciudadanía e incluso negociado con ellos. Además, buscamos propuestas con progresividad, como ajustes en renta o impuestos a casas de lujo. Además, la expectativa es que prevalezcan mecanismos democráticos para atender los malestares sobre las iniciativas. También es importante la paz social, pues además por ahí pasa la recuperación económica.

¿Qué tiene a su favor para la coordinación política?

—Conozco la Asamblea Legislativa, he estado por nueve años y sé bien los procedimientos y los mecanismos de negociaciones como para el plan fiscal. Tengo vínculos con distintos actores y mi disposición es de facilitar procesos.


 

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