El presidente Rodrigo Chaves acaba su año 2023 convertido en un jugador protagónico, pero predecible, en la dinámica de poder en Costa Rica. Tras un 2022 caracterizado por la vigencia de promesas electorales, anuncios rimbombantes y una alta popularidad, el año calendario actual se cierra con una confirmación sobre el estilo gubernamental: cíclicos mensajes vociferantes contra otras fuerzas políticas, señalamiento de supuestas culpas ajenas, débil estrategia legislativa y, por tanto, escuetos resultados para enfrentar problemas nacionales.
Habiendo cumplido el primer tercio del mandato presidencial y viendo en el horizonte del punto medio de Gobierno, en mayo próximo, el año 2023 concluye con la consolidación del “estilo de juego” de Chaves, en medio de factores que amargan el ambiente en las vísperas navideñas.
En el ambiente está instalada la fuerte presión por la mayor tasa de homicidios en la historia debido a la luchas entre grupos narcotraficantes, nuevos cuestionamientos por casos de supuesta corrupción que repercuten en el ambiente legislativo y las inminentes elecciones municipales (4 de febrero), cuya campaña parecía ser una prueba de fuerza para el oficialismo pero que, en la realidad, ha resultado ser un camino de tropiezos con riesgo de dejar fuera de competencia al partido “rodriguista”. Entre noviembre y diciembre se presentaron también discusiones de Zapote con la Contraloría General de la República (CGR) e incluso con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ahora, en los albores del 2023, queda poco rango de sorpresa y las expectativas van quedando desplazadas por la rendición de cuentas o el registro de resultados, muchos, pocos o nulos. Quienes aplauden el estilo confrontativo de Chaves abonan a una popularidad que sigue en números azules, pero que cada vez se deteriora más y refleja un crecimiento de la desconfianza en la capacidad del Gobierno de resolver los problemas. Los números macroeconómicos también favorecen al recuento de logros y Chaves los exhibe en cada oportunidad que tiene, aunque los problemas sociales estructurales pasan factura en la cuenta de educación, desigualdad, pobreza y generación de empleos.
Menor calado
Las conferencias de prensa semanales de cada miércoles, principal plataforma de exposición del Gobierno en su afán de llegar a la población, bordeando a la prensa vista como adversaria, han ido en caída. “En el último trimestre, se ha registrado una disminución significativa del 45,5% en la cantidad promedio de dispositivos conectados a las conferencias de prensa”, dice el último informe del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica.
En las redes sociales, un espacio prioritario para la estrategia de comunicación gubernamental, tampoco cierra bien el 2023: 36,1% de los comentarios en las conversaciones digitales son positivos, 17 puntos menos que el año pasado, mientras los comentarios negativos pasaron de 20% a 34%, de acuerdo con el reporte de ese Observatorio. La tendencia se asemeja al apoyo popular reflejado en la serie de encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, que precisa en 18 puntos el saldo favorable entre valoraciones positivas y negativas, un rubro que era 62 puntos en agosto del 2022.
Los números son menos alegres aún si se considera el Gobierno como un todo, no solo la figura prominente del presidente Chaves. El equipo de ministros, viceministros y otros jerarcas recibe en los espacios digitales solo 25,1% de comentarios positivos y un 52,4% de comentarios negativos. El partido en el terreno virtual ya lo va perdiendo el Ejecutivo, usando la metáfora del fútbol que Chaves acostumbra aludir para sus mensajes, como cuando pasó de asegurar que con los escáneres en el puerto de Moín no pasaba “ni una onza” de cocaína y después dijo que era permisible recibir algunos “goles”, cuando se confirmó que sí había filtraciones de droga hacia destinos internacionales.
El terreno de juego ha estado marcado por la seguridad, instalada en la población como el principal problema del país y provocada por un entramado de factores que dificultan una respuesta simple. Los asuntos de crimen organizado, narcotráfico, medidas policiales y seguridad ciudadana hicieron que Chaves tuviera que desviarse de su guión de promesas relacionadas con el costo de la vida, el dinamismo económico y el combate a la corrupción, como señaló la politóloga Eugenia Aguirre, investigadora en el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la UCR.
“La situación de seguridad lo ha sacado de su camino”, dijo Aguirre, pues es una materia que le resulta desconocida a Chaves, que lo obliga a trabajar en equipo con diputados o instituciones a las cuales él acostumbra criticar y que no se puede resolver de manera inmediata. La campaña electoral en la que él se presentó como un tecnócrata conocedor en economía apenas tocó el tema de la inseguridad. En 2022, al asumir el mando, negó que hubiera una crisis y dijo que las cifras atribuibles a su Gobierno serían las de 2023, pero este año empeorarán los datos, con una proyección superior a los 900 homicidios, nuevo récord histórico.
Conflicto cíclico
Ahora la culpa es de los diputados y del Poder Judicial, según el mandatario. Así lo ha dicho en varias ocasiones, con especial énfasis durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad. Ahí, con gestos de enojo por el poco avance de propuestas del Ejecutivo, anunció que las retira de la Asamblea Legislativa y que queda en los pies de los diputados “la bola” para que mejoren el marco legal contra el crimen organizado. Después, así lo ratificó la diputada Pilar Cisneros, principal defensora del Gobierno, señalando a Gloria Navas, diputada de la agrupación Nueva República, que preside la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
Ese fue el episodio de noviembre entre Zapote y Cuesta de Moras, pero antes ha habido otros, como ocurrió con la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea sobre paraísos fiscales, con la rebaja fuerte al marchamo de vehículos para 2024 y constantes enfrentamientos sobre asuntos presupuestarios, además de posiciones de apoyo a reclamos del movimiento de agricultores o de universidades estatales.
En abril, en la conmemoración de la Batalla de Rivas, Chaves lo había dejado dicho con más claridad que en otras ocasiones: “Hay gente que dice que no tendemos puentes, pero yo no quiero tender puentes al infierno ni con filibusteros, prefiero volarlos, prefiero dinamitarlos”, dijo antes de explicar quiénes eran los aludidos: “no voy a tender puentes con partidos políticos que ustedes conocen, el pueblo los conoce porque lo único que hacen es hacer shows, fregar y obstruir”.
Después de ese episodio vinieron las reacciones de molestia y contraataque desde las bancadas opositoras y el llamado a la concordia de parte de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Un café, palabras cordiales, unos días de reposo y de nuevo la crispación semanas después. Y así de nuevo, sin márgenes para construir espacios de cooperación que en el sistema político costarricense son indispensables, dado que el presidente de la República tiene poderes limitados por mandato constitucional.
Así lo señaló el reciente Informe del Estado de la Nación 2023, tras analizar la productividad e importancia de reformas legales aprobadas en este período y comparar los datos con momentos anteriores. “El Gobierno ha mantenido una inusual inactividad en materia legislativa, promoviendo pocas iniciativas de ley. Además, la tasa de éxito de las pocas iniciativas que presentó durante el período de sesiones extraordinarias de la primera legislatura, es la segunda más baja en treinta años: de 231 proyectos de ley convocados, solo 29 fueron aprobados”, dice el reporte anual, que toma la palabra “entrabamiento” como síntesis de la relación entre Zapote y Cuesta de Moras. Ejemplos sobran, pero uno de ellos es el proyecto para habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas en cuatro días por semana.
El análisis concluyó que ya hay un patrón del actual Gobierno. “Frente a difíciles condiciones de la gobernanza, similares a las experimentadas por el Gobierno anterior, la Administración actual ha optado por impulsar acciones de política pública desde el Ejecutivo, independientemente de si cuentan con apoyo legislativo mayoritario o de si, en principio, algunas de ellas tienen fricciones con el bloque de legalidad y constitucionalidad. Se trata de una estrategia que procura reducir los costos de transacción implicados en las negociaciones con otros actores políticos a la hora de avanzar en sus prioridades”.
Actuar solo
¿Es, entonces, el Gobierno de los decretos que había anunciado en algún momento Cisneros como forma de eludir al Congreso tomado por fracciones opositoras? Tampoco, sostiene el Estado de la Nación. En su primer año, Chaves emitió 357 decretos, la cifra más baja de un primer año de cualquier Gobierno en más de tres décadas, aunque varios fueron considerados de “alto alcance” por el análisis. Una diferencia de esta administración, en relación con las anteriores, es la decisión, dentro de la prioritaria estrategia de comunicación, de mostrar como un resultado todas las acciones que se ejecuten, aunque se trate del sencillo requisito de sacar a consulta pública un reglamento.
Este es un estilo que se va asentando en paralelo a la forma de llevar la relación con el Congreso, apostando a mínimos, comentó Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y coordinador de encuestas del CIEP de UCR. Cita como ejemplo un proyecto que parecía ser prioritario, el de privatización del Banco de Costa Rica, anunciado con bombos y platillos, cuando se cumplió el día 100 del Gobierno actual, antes de que empezara a recibir críticas y se fuera disipando en la discusión política. “No hay una estrategia legislativa agresiva y deja muchos espacios vacíos que los diputados usan para control político”, señala Alfaro apuntando a una “relación deliberadamente baja”.
Quizás Chaves y su equipo saben que las probabilidades de éxito con proyectos de ley son reducidas. Lo reconocía el propio Chaves en palabras que pronunció en junio de 2022, sin saber que estaba siendo grabado por su ministra de Comunicación, Patricia Navarro, aludiendo a la pequeña bancada oficialista.
“Nosotros no podemos gobernar o tratar de dialogar solo con la Asamblea Legislativa, no, no. Si nosotros no mantenemos al pueblo de nuestro lado, nos vamos a desmoronar (…). Porque diez diputados se los brincan como se los brinca un sapo sin garrocha, ¿por qué? Porque la situación económica está muy dura”, mencionó Chaves. Así se deriva de los audios revelados por el diario La Nación al comenzar este último mes del 2023, en una serie periodística que vuelve a poner sobre la mesa las intenciones del mandatario de controlar la comunicación a su favor utilizando incluso la pauta publicitaria estatal.
Ese distanciamiento ante la Asamblea Legislativa se evidencia en la cantidad de vetos de Chaves a proyectos de ley aprobados y de resellos, como se llama a la decisión de diputados de juntar una mayoría calificada para ratificar un un proyecto de ley, aunque haya sido vetado por el presidente. “En lo que respecta a los datos de la administración Chaves Robles, la cifra de vetos es la mayor de todo el período 1986-2023 y, además, es la más alta en cantidad de resellos. Es decir, comparte una similitud con la administración Echandi (1958-1959), pues ambas corresponden a Gobiernos divididos con fracciones legislativas reducidas”, añade el Informe de Estado de la Nación.
Hacia adelante
Ahora nada de esto sorprende. Es ya una realidad consolidada en el año 2023 y con baja probabilidad de que cambie en adelante, pues, más bien, se redujo a nueve la fracción oficialista por disputas relacionadas a la proximidad de las elecciones municipales, en las cuales ese grupo liderado por Cisneros anunció su apoyo a la agrupación Aquí Costa Rica Manda. Esto dejó sola a Luz Mary Alpízar como abanderada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la plataforma utilizada por Chaves en 2022 para llegar al poder.
“El movimiento político que representa a Chaves ha tenido dificultades para poder armar una estructura propia y un verdadero equipo político. El presidente sigue apostando al personalismo y al estilo de choque. Esto se traduce en una mayor exposición a recibir golpes directos, algo que probablemente vamos a seguir viendo”, señaló Alfaro.
Eugenia Aguirre añade otro elemento: el distanciamiento de bancadas que en 2022 actuaron como aliadas del Gobierno en ciertos temas, como Nueva República. Ahora esa fracción está en el dilema de tener entre sus integrantes principales a Gloria Navas, que suele emitir fuertes críticas al Ejecutivo relacionadas con errores u omisiones en materia de seguridad. “Puede uno decir que en la Asamblea Legislativa le perdieron el miedo al estilo del presidente y conocen su forma en manejo de proyectos de ley. Les manda la bola, sí, pero una bola desinflada, y los diputados tampoco tienen las herramientas para armar propuestas de gran calado”, resume la politóloga.
De esta manera se asoma el año 2024, con un primer evento electoral que, a su vez, embocará hacia el comienzo del tercer año del Gobierno, un período que en condiciones habituales aprovechan los Gobiernos para desarrollar su agenda sin los incómodos ruidos electorales.
