Un aire depresivo respira la mayoría de los costarricenses por la situación económica en el tramo final de este intenso 2018. Es el efecto que dicen sentir en sus hogares y la necesidad de tomar medidas preventivas para enfrentar lo que venga.
La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) mostró niveles récord de pesimismo sobre la situación del país y su rumbo; las opiniones son las más negativas, al menos para los últimos cinco años, desde que el instituto realiza estos estudios de opinión.
Un 70% de los encuestados ve malo el rumbo del país, un 83% califica de manera negativa la situación actual (10 puntos más que en agosto) y un 80% dice que esta le afecta en alguna medida, según la encuesta realizada mediante 1.007 entrevistas telefónicas entre el lunes 19 y el miércoles 21. El margen de error es de 3,1 puntos.
Ante esta situación una mayoría de los encuestados reportan que decidieron recortar sus gastos y buscar fuentes adicionales de ingresos, pues 56% de ellos indican que el dinero “no alcanza”.
Estas percepciones golpean la imagen del gobierno que preside Carlos Alvarado, que empeora después de haber comenzado en mayo sin la tradicional “luna de miel”, como se le llama al favor popular que suelen recibir las administraciones en sus primeros meses de gestión.
Los resultados de esta encuesta llegan pocos días después de un salto fuerte del precio del dólar, de una proyección de incremento de la inflación proyectada para el 2019 y de un ajuste al alza de las tasas de interés. Esto, como parte de los apuros fiscales que atraviesa el Gobierno, con un endeudamiento creciente que alcanza el 54% del PIB y con un déficit que cerraría el año por encima del 7% del PIB.
Ante este panorama, el Gobierno impulsa una reforma fiscal que fue aprobada en primer debate legislativo el 5 de octubre de manera preliminar, cuya aprobación definitiva depende de un fallo de la Sala Constitucional y que, además, enfrenta la oposición de sectores políticos y sociales.
La más fuerte resistencia se expresa en la huelga que por más de diez semanas mantiene a miles de educadores ausentes del sistema de educación pública, lo que ha estropeado la última parte del curso lectivo 2018.
La devaluación del optimismo
Con plan fiscal o sin él, el pesimismo parece asentarse en el ánimo de los costarricenses en las semanas finales del año. Solo un 6% de los encuestados consideran positiva la situación actual y únicamente un 13% califica como “positivo” el futuro inmediato, a juzgar por el rumbo que ven.
Tanto la valoración actual como la del rumbo del país alcanzan niveles de pesimismo récord para estas mediciones del CIEP, superiores ya a los que se alcanzaron a finales del gobierno de Laura Chinchilla, en momentos críticos de la administración de Luis Guillermo Solís y durante la ácida campaña electoral de principios de año.
Las culpas al Gobierno aún no superan los momentos más complicados para Chinchilla y Solís, pero sí muestran que se deteriora el apoyo de por sí escaso para este gobierno y para la gestión del mandatario Alvarado, con 55% y 52% de opiniones desfavorables.
En cambio, las favorables son 24% para Gobierno y 30% para Alvarado, cinco puntos menos que en agosto.
Las calificaciones más duras para el Gobierno las dieron los encuestados de menor nivel educativo y residentes de las provincias de Alajuela, Puntarenas, Guanacaste y Limón, las cuatro que poseen zonas costeras o fronterizas, lo cual coincide con las regiones donde más dificultades electorales tuvo el Partido Acción Ciudadana (PAC) en los comicios de febrero.
Además, con Alvarado son más críticos los jóvenes y menos los mayores de 55 años. Esto cambia en el perfil de apoyo a la gestión del Gobierno (no necesariamente a Alvarado), pues aquí son los jóvenes los más benevolentes con su opinión.
Al observar la valoración sobre la situación económica del momento, se nota que las opiniones positivas apenas han alcanzado el 20% en algún momento del quinquenio, aunque nunca desde abril de 2013 había estado tan bajo como ahora, con solo 6%.
Ha sido usual que los encuestados reporten una imagen gris sobre la condición del Gobierno, pero una opinión más alegre sobre su situación personal, pero en esta ocasión hay novedades. Ocho de cada diez entrevistados dijeron que en sus hogares perciben el efecto negativo del clima económico.
El 56% de los encuestados dijo que le afecta mucho y el 24%, algo. Solo un 16% dijo que el efecto es leve y apenas un 4% respondió que ninguno.
Esto puede explicar las previsiones que reportaron los entrevistados. El 85% dijo que restringe el gasto en actividades de esparcimiento y en bienes del hogar que se suelen comprar durante el mes de noviembre y diciembre, cuando se juntan las promociones en los comercios, para tener un mayor monto de dinero disponible para consumo en las familias.
También, casi el 80% respondió que aplica medidas para evitar reducir el gasto, incluso ante los bienes o servicios básicos (67%), mientras el 62% contestó que pretende buscar una fuente adicional de ingresos, a pesar de las dificultades para encontrar empleo que se han reportado en diversos estudios.
Estas señales de reducción en el consumo, de concretarse en la realidad, frenarían la actividad económica, la generación de empleos y también la recaudación de impuestos, ahora que el Gobierno carece de dinero suficiente para atender sus necesidades.
Es decir, las medidas que señalan los encuestados podrían agravar lo que consideran son los principales problemas del país, la situación económica y costo de la vida junto al desempleo y la situación fiscal, a un nivel parecido a la corrupción.
El Gobierno paga
Esta percepción sobre la economía del país pasa factura al Gobierno, a pesar de las condiciones que le fueron heredadas de las administraciones anteriores. El 58% opina que la gestión gubernamental en esta materia ha sido equivocada y solo el 26% lo apoya, según la encuesta.
Pero el rechazo o el apoyo a la gestión gubernamental tampoco es uniforme. Los más críticos son los que indican que el dinero no les alcanza (56% de la muestra), además de quienes carecen de remuneración (estudiantes, amas de casa o desempleados) y quienes son trabajadores del sector público (14% de la muestra).
En cambio, los trabajadores del sector privado (33% de la muestra) y los que se declaran patronos (4%) tiene opiniones menos críticas contra la gestión del Gobierno, señala el estudio.
Esta encuesta no consultó la opinión popular sobre la huelga que comenzó el 10 de setiembre y que ahora se mantiene, por la participación de educadores en contra del plan fiscal. Tampoco recogió la evolución de apoyo o rechazo a este proyecto (20.580), con el cual el Gobierno pretende revertir el deterioro progresivo de las finanzas.
Autoridades del Ejecutivo y algunos aliados de la oposición apuestan por la reforma fiscal para reducir la incertidumbre que puede afectar la economía, aunque un grupo de diputados y colectivos sindicales se mantienen opuestos, por considerar que tendrá efectos perjudiciales sobre las familias más pobres y porque no es justa la forma en que se repartirá el pago de impuestos.
La huelga completó sus diez semanas, aunque su único efecto relevante a este punto era el cierre de cientos de escuelas y colegios, lo que ha malogrado el curso lectivo para estudiantes de los centros estatales, sin que en esta encuesta se haya recogido la opinión popular sobre esta medida de presión.
En mediciones hechas en setiembre y octubre se mostró que no había apoyo mayoritario al plan fiscal, a pesar de un aumento del respaldo entre esos dos meses y del rechazo a los métodos aplicados por los huelguistas.
En la evaluación sobre las figuras políticas sobresale Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aunque en meses recientes apenas si ha tenido alguna aparición pública. Recibe una nota de 6,1 en la escala de 1 a 10, seguido de Carolina Hidalgo (presidenta del Congreso), Fernando Cruz (Presidente del Poder Judicial) y Rocío Aguilar (ministra de Hacienda), con una nota de 5,6.
Carlos Alvarado aparece con nota 5, un poco mejor que la 4,3 que recibía en el mes de setiembre, segundo una encuesta hecha por CIEP en ese momento.
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, recibe una nota de 4,4, por encima de los dos vicepresidentes, Marvin Rodríguez, con 4,3 y la canciller Campbell con 4, quien en semanas recientes ha sido objeto de cuestionamientos desde medios de prensa y diputados opositores por nombramientos de cargos diplomáticos.
El director del CIEP, el politólogo Felipe Alpízar, dijo que los datos están enmarcados en un panorama sombrío que ya se venía presentando; aunque es preocupante la valoración tan negativa del momento, pues es la más grave desde que se realizan estos estudios en la UCR.
“Otro elemento que surge de la encuesta es que el malestar trasciende la discusión sobre quién tiene la culpa. Las personas dicen que en este gobierno fue cuando subió el tipo de cambio y que en este gobierno fue cuando se desbordó la situación fiscal, más allá de querer señalar al gobierno de Solís como un ‘Carazo 2.0’, al de Chinchilla, de Arias, a la Sala Constitucional, Fernando Cruz o los sindicatos. Lo que se ve es un barco que hace aguas por todo lado”, comentó.
