Abatido el país por el COVID-19, los planes económicos se contradicen.
Desde el Gobierno cuatro proyectos mantienen énfasis en cumplirle una negociación al Fondo Monetario Internacional (FMI). A la cabeza de esa lista está la reforma de la Ley Marco de Empleo Público (21.336). Este plan, por medio del congelamiento de salarios vigentes y un “salario global” sin pluses, conseguiría recortar 4,73% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2021 y 2025, según datos de Presidencia.
“El Fondo de Avales tiene que ser para pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen acceso al mercado extranjero, a condiciones de crédito muy favorables y los bancos no van a dejar que una gran empresa quiebre porque es un golpe muy grande”, Welmer Ramos, diputado del PAC.
En la Asamblea Legislativa, como propuestas de reactivación económica apoyadas por Casa Presidencial, otros dos planes de oposición promueven exoneraciones fiscales para atraer extranjeros a que vivan en el país (conocidos como los proyectos de “pensionados rentistas” y “nómadas digitales”). Estos fueron acelerados en la última semana, a las puertas de la aprobación de Empleo Público, pese a que ambos contaban con criterios negativos sobre la falta de controles contra el lavado de dinero del narcotráfico.
En conjunto, además, el Ministerio de Hacienda y los diputados de la Comisión de Hacendarios finalizaron un plan de “avales” para garantizar que las empresas privadas, generadoras de empleo, mantengan al día sus créditos.
El aval funciona como un respaldo que se le paga al acreedor, en el caso de que la empresa prestataria no consiga pagar a tiempo el monto adeudado.
El financiamiento será público e internacional, tras recién aprobarse un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $300 millones (alrededor de ¢186 mil millones) —aunque, por un compromiso legislativo, el 10% se convertirán en $30 millones de abono para la deuda histórica del Gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Esta es, a grandes rasgos, la agenda vigente.
Socializar las pérdidas de grandes actores en manos de pequeños
Mientras el Gobierno se concentra en recortes y la Asamblea Legislativa en reactivar la economía local atrayendo extranjeros, el 2021 arrastra los problemas de fondo que asfixian al PIB del país: una recaudación tributaria con poco músculo (el año pasado tuvo la recaudación tributaria más baja de las últimas dos décadas) y un alto servicio de deuda pública (en un 81,5% del PIB, a la fecha según CGR).
“El endeudamiento externo crece un 24,3% y alcanza los ¢5.761.496 millones. Este comportamiento responde preponderantemente a los desembolsos de los créditos externos contratados principalmente para apoyo presupuestario y fortalecimiento de las finanzas públicas, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $230 millones, la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $150 millones, así como el instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia de COVID-19 por $522 millones, para un total de $1.402 millones”, explica un informe de la CGR.
Las soluciones económicas continúan siendo parches a corto plazo.
Advertencias sobre problemas de evasión y elusión están aplastados por otras prioridades.
La Asamblea Legislativa lee este miércoles su informe de los “Papeles de Panamá”, una investigación que está guardada desde el 2017 con recomendaciones para atacar portillos de escape tributario.
En el 2020, fue la Asamblea Legislativa quien impulsó un primer paquete para mantener exonerados del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los sectores turísticos y de construcción, impactados por los cierres sanitarios definidos por el Gobierno.
“Consideran que la reactivación económica y el logro de mayor empleo es a partir de exoneraciones. Eso provoca efectos muy muy graves a nivel de recaudación: casi el 6% del PIB son exoneraciones”, economista Ana Rosa Ruiz.
El IVA fue punta de lanza de la recaudación planteada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como la reforma fiscal). Esa ley dio moratorias para su aplicación a sectores productivos y canasta básica, pero únicamente por un año.
Extendiendo el beneficio, los diputados protegieron los sectores productivos más influyentes del país.
No pasó lo mismo con el consumo de los hogares, porque pese a que se pidió extender esta moratoria para la canasta de alimentos —porque los trabajadores perdieron capacidad de pago con jornadas reducidas y suspensiones de contrato— , más bien tanto el Ejecutivo como el Legislativo renunciaron a llegar a un acuerdo.
El Gobierno realizó una única propuesta para resolver esta desigualdad, canjeando la exoneración del 1% en la canasta a cambio de eliminar la exoneración del salario escolar del sector público dentro del impuesto sobre la renta.
Pese a las negativas legislativas, la misma propuesta se coló dentro de los proyectos del FMI. A finales del 2020 se presentó a la Asamblea Legislativa como el expediente 22.369 (titulado como “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”).
Para obtener un préstamo con el FMI por $1.750 millones, el Gobierno comprometió un ajuste positivo del 15,48% del PIB, entre 2021 y 2025 (más de la mitad se aplicaría entre 2024 y 2025).
Un 4,73% de ese PIB está comprometido dentro de Empleo Público, plan que incluye congelar salarios hasta equipararlos con un futuro “salario global” (un monto aún no publicitado).
El préstamo del FMI, presentado como una ayuda presupuestaria, fue modificado por los diputados de Hacendarios para que se invierta íntegro en pago de la deuda e intereses.
Es decir, serán los ciudadanos quienes pagarán un préstamo que no se usará en devolverles mejores servicios públicos, sino en resolver el mismo hueco fiscal que crece por la deficiente administración de la hacienda pública.
Giro en Fondo de Avales da poder a más poderosos
El proyecto del Gobierno (22.144) se dictaminó el pasado 8 de junio con unanimidad de la Comisión de Hacendarios. En su última redacción, la cuarta desde agosto pasado, se definió un Consejo Rector encargado de “definir el monto máximo de avales por cartera, cliente o grupo de interés económico” y también de “Definir el monto de la operación crediticia avalada”.
Los diputados aprobaron que estas responsabilidades lleguen a manos de un Consejo tripartito que tendrá, además del Ministro de Hacienda, dos sillas de organizaciones reconocidas por su vocería de los privados más grandes del país: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Oficina del Consumidor Financiero, un proyecto de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad que agrupa a los tres bancos públicos y los 11 bancos privados de Costa Rica.
Los diputados establecieron una distribución del dinero público en un 20% para grandes empresas, 40% para pequeñas empresas y “la proporción restante para las empresas que empleen entre 31 y 100 personas trabajadoras”; o sea, la conformación mediana.
El proyecto permite que el aval mitigue deudas de incobrables, y que los acreedores soliciten el dinero del Fondo de Avales “a los setenta días de vencida la operación crediticia”, con un plazo de pago de “15 días hábiles después de presentada la solicitud de la entidad financiera”. La aplicación de los avales cubrirá viejos créditos renegociados, y nuevos préstamos.
De acuerdo con la diputada Nielsen Pérez (Partido Acción Ciudadana), quien es secretaria de Hacendarios, la propuesta fue un “trabajo colectivo” que se aprobó con “el acompañamiento que recibimos del Ministerio de Hacienda y de su ministro, Elián Villegas, y del presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero (…).
Pérez declinó varias solicitudes de entrevista enviadas por UNIVERSIDAD para discutir este proyecto y los dos proyectos de exoneraciones impulsados por el Congreso en razón de que “posee en los próximos días una agenda que le dificulta atender una entrevista en persona”, afirmó el asesor parlamentario del PAC, Víctor Vargas.
También rechazó la entrevista para este artículo la liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios y una de las firmantes del proyecto de exoneraciones para “nómadas digitales”. Delgado salió del país la semana pasada, según dijo su asesora Ingrid Morales.
Tres economistas opinan sobre agenda económica
Welmer Ramos
Diputado del PAC, férreo opositor de la redacción de Empleo Público.
“El Fondo de Avales tiene que ser para reactivar empresas que, hoy en día, necesitan hacer nuevas inversiones o necesitan capital de trabajo para volverse a integrar a operar. Nunca puede ser para sustituir garantías ni para complementar garantías de préstamos existentes. Eso se volvería en una socialización de las pérdidas. La sociedad entraría a subsidiar a los bancos y eso no vale. El Fondo de Avales tiene que ser una nueva plata para la reactivación empresarial. También tiene que ser para pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen acceso al mercado extranjero, a condiciones de crédito muy favorables y los bancos no van a dejar que una gran empresa quiebre porque es un golpe muy grande. Por eso no tenemos que meternos ahí.
El Fondo de Avales no puede ser para empresas medianas que sean partes de conglomerados económicos que tienen capital para reactivarlas.
Tiene que aprovecharse la estructura que ya existe porque tenemos tres fondos de avales: Banca para el Desarrollo, Fodemipyme (del MEIC) y FideIMAS. No se puede seguir duplicando y creando estructuras que se vuelven caras. Esos tres fondos de avales tienen la experiencia y están estructurados para operar de inmediato”.
Ana Rosa Ruiz
Partícipe del Diálogo Multisectorial con “Mujeres en Acción”.
“Desde que el Gobierno planteó la negociación con el FMI era clara la inclinación a mantener un modelo fiscal regresivo y sin tocar ingresos elevados, pese a que en el Diálogo Multisectorial planteamos la necesidad de volcar la mirada a sectores de mayor poder.
Se considera que la reactivación económica y mayor empleo se logra a partir de exoneraciones. Eso provoca efectos muy graves a nivel de recaudación: casi el 6% del PIB son exoneraciones.
La Asamblea Legislativa ha priorizado proyectos que van a afectar a mayorías, principalmente de clase trabajadora. Proyectos fundamentales para combatir el fondo del problema que tenemos en la Hacienda, que es la recaudación por evasión y elusión, no hay señales que sean agenda del Gobierno ni de la Asamblea Legislativa.
Diputados y medios de comunicación posicionan que los problemas del déficit son los gastos y no la recaudación. Conciben que el problema está en el sector público, principalmente en transferencias y remuneraciones. Pero la Ley de Empleo Público generará menos ahorro de lo que plantea el Gobierno. Plantearon un proyecto que no garantiza que se reducirá el gasto. Sí va a afectar la calidad de vida de los trabajadores del sector público pero no mejorará el problema de fondo”.
Fernando Rodríguez
Ex viceministro de Hacienda e investigador del Observatorio Económico y Social (OES-UNA).
“Las exoneraciones para pensionados y rentistas ya sabemos que no funcionaron. Se probó en los ochenta de una forma similar, a principios de los noventas se quitó la legislación. Con el proyecto de nómadas digitales tampoco veo un cambio.
Son planes regresivos porque la gente que decide salir de su país para ir a trabajar a otro que tiene la facilidad de la empresa para hacerlo, no está en un puesto bajo dentro de la escala organizativa de su empresa. Tampoco es que tiene pocos recursos.
Tenemos una concepción de la teoría del derrame: que venga la gente rica, gaste plata y así nos beneficiamos todos, aunque les traslademos un beneficio fiscal importante. Esto es un concepto viejo que la teoría económica abandonó porque no se ha podido corroborar.
Aunque esté de acuerdo con gravar con renta al salario escolar, sí me preocupa que sea regresivo porque no se está haciendo justicia. No se están revisando otras exoneraciones, como la de los parques industriales de Zonas Francas.
Si queríamos eliminar exoneraciones para ordenar el sistema, entonces revisémoslas todas. ¿Por qué unas sí o otras no? ¿Por qué revisamos unas exoneraciones y proponemos otras? Al tiempo que le pedimos al Estado que baje sus gastos. Todo esto es un discurso contradictorio”.
