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Ejecutivo retrasa convocatoria de ley de empleo público para negociar con fracciones y sindicatos

Undeca asegura que participaron miembros de su sindicato, también Magisterio Nacional, sindicatos de la CCSS, Bussco y otros en acercamiento con diputados; la Anep asegura no haber sido consultada sobre el tema.

El Poder Ejecutivo dejó por fuera la ley de empleo público del grupo de proyectos enviados a la Asamblea Legislativa para el inicio de las sesiones extraordinarias.

Según informó Casa Presidencial, en un comunicado de prensa, esta decisión se tomó para establecer acercamientos con fracciones y sindicatos previo a su presentación ante los legisladores.

«Sobre el proyecto de ley de empleo público se dará plazo de una semana antes de convocarlo para negociar las mociones entre fracciones, así como para dialogar y recibir observaciones de los sindicatos del sector público. El gobierno reitera que este proyecto es de su agenda prioritaria», indicó.

El diputado del partido Liberación Nacional (PLN) y secretario de la Comisión de Gobierno y Administración, David Gourzong, dijo que esperan establecer negociaciones con las partes antes de retomar la discusión legislativa del proyecto, tras haber tenido una reunión el jueves.

“Los sindicatos dicen que no fueron tomados con la debida consideración en cuanto a opinar a fondo y que el proyecto se ha querido manejar a golpe de tambor. (Acordamos) que se le dé una pausa al proyecto para que se puedan hacer algunas discusiones de fondo sobre algunos temas”, aseguró.

Gourzong agregó que se debe definir autonomías de instituciones y cuáles familias de empleo público se van a excluir el proyecto, y adelantó que entre ellas podría estar el Poder Judicial.

«Hay que definir cuáles instituciones que no están en competencia deben de incluirse en empleo público, como el Poder Judicial y esos temas. El tema de salario global, hay que explicarlo bien porque no se pretende rebajarle el salario a nadie», agregó.

Según información que dio la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el jueves 26 de noviembre se reunieron junto con Bussco, algunos sindicatos de la Caja y miembros de Rerum Novarum (consultado sobre el tema, este sindicato negó participar de la reunión. El encuentro ocurrió en las instalaciones de la Caja de la Ande.

El diputado David Gourzong confirmó que asistieron también los diputados Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Jorge Fonseca, Luis Fernando Chacón y Víctor Morales (PAC y fue quien coordinó la reunión) para discutir las propuestas de modificaciones a la ley. Undeca también dijo que tuvieron acompañamiento virtual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tras dictamen de la Comisión de Gobierno, el proyecto está listo para votarse en plenario y el plan es modificarlo vía mociones artículo 137.

Anep no fue consultado; Bussco se opone al proyecto

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Albino Vargas, aseguró que no fueron convocados a ningún encuentro y que tampoco se ha recibido su posición sobre el tema.

«Nosotros entregamos, en su momento en la comisión de gobierno y administración, la posición oficial de rechazo rotundo a ese expediente legislativo. Esperábamos ser convocados para exponer verbalmente esas objeciones, pero nunca lo fuimos y no tuvimos ni siquiera acuse de recibo de documento presentando», dijo.

Para Vargas, el proyecto es «perverso y peligroso porque pretende modificar el ordenamiento constitucional en materia de institucionalidad pública».

«Ese proyecto no hay por donde salvarlo por la plaga de inconstitucionalidades que contiene, pero además porque el tema de fondo es establecer un modelo autoritario, totalitario, de las relaciones obrero patronales  en el Estado, con un super Ministerio de Planificación peligrosísimo y por la invasión de Mideplan a las políticas de recursos humanos y las autonomías de los poderes del Estado», argumentó.

El secretario de Anep agregó que se están preparando para que, en caso de aprobarse la ley de empleo público, el tema se resuelva en tribunales internacionales, «con base en las obligatoriedades estatutarias del país en materia de derechos humanos».

El representante del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), Jorge Coronado, expresó su posición en contra del proyecto, ya que, considera, «congela y empeora los salarios del sector público».

«Es un proyecto que introduce una lógica fiscalista, reduccionista, en el tema de salario único bajo un principio que no es un principio, de que a funciones iguales, salarios iguales y no hay funciones iguales en el sector público. No se busca la eficacia ni la eficiencia, sino reducir condiciones laborales, precarizar salarialmente a los sectores labores públicos y eliminar los estímulos que mejoren la preparación de todo el recurso humano», dijo.

Coronado también señaló contradicciones a las autonomías de instituciones, la imposibilidad de negociar convenciones colectivas y las mayores atribuciones a Mideplan como falencias del proyecto de empleo público.

Nota del editor: se modificó este artículo a las 7:52 p. m. para precisar que existen contradicciones en la asistencia de los sindicatos a la reunión realizada el jueves 26 de noviembre.

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